Análisis del Estatuto de Cataluña

El Senado aprueba el Estatuto y ERC que pedirá el "no" en el referéndum

2006-05-03T21:41:00.000+02:00

La votación del Estatuto no ha deparado sorpresas. Los cuatro senadores de Esquerra Republicana se han abstenido y han facilitado la aprobación del texto por un resultado de 128 votos a favor, 125 en contra –de los senadores del PP– y 6 abstenciones.

El 49% de los votos.

Guerra considera "infumable" el Estatuto catalán

2006-04-08T19:21:00.000+02:00

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso cree que el Estatuto catalán y el Plan Ibarretxe son "infumables".

En las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre, en Barakaldo, el dirigente socialista Alfonso Guerra participó en el Congreso Extraordinario organizado con motivo del centenario de las Juventudes Socialistas de España y se refirió a la actual situación política, en la que enmarcó la existencia de un "problema territorial".

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados calificó de "infumables" el Estatut catalán y el Plan Ibarretxe, y explicó cómo "se cepillaron" ambos textos, "uno antes de entrar en la Comisión y el otro, durante la Comisión". Además, manifestó que las cuestiones territoriales son uno de los grandes problemas y destacó que "hay socialistas que, a veces, hablan como nacionalistas".

También animó a "combatir" las reapariciones de nacionalismos porque "es uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo", y defendió una sociedad "en la que todos sean iguales y que nadie tenga tanto que como para que pueda poner de rodillas a nadie, y nadie tenga tan poco como para estar arrodillado".

PD.- Mucho hablar pero como diputado que es, ha votado a favor del texto. Obras son amores y no las buenas razones.

LD

Cataluña y los catalanes

2006-04-07T19:52:00.000+02:00

Se supone que el estatuto de una comunidad autónoma recoge el espíritu y la letra que informa al conjunto de esa sociedad.El presente Estatuto catalán posee un vicio originario que, a la larga, deberá ser corregido: no asume ni acepta uno de los primeros rasgos que cualquier forastero, o historiador, advierte en Cataluña: se trata de una sociedad que es -y ha sido siempre- de natural bilingüe, en la que no hay problema alguno en relación a la lengua que se habla, y en la que es continuo y constante el trasvase entre las dos lenguas principales, el español y el catalán.

Por eso era magnífica la intervención que proponía el colectivo Cataluña en positivo, un grupo lúcido en su disidencia, crítico con la actual orientación del Partido Socialista catalán por derroteros cada vez más nacionalistas: la sustitución del solemne pronunciamiento estatutario de que «Cataluña posee como lengua propia el catalán» por un párrafo bien distinto: «Los catalanes tienen como lengua propia el catalán y el castellano».

Ese colectivo se limitaba a esta única, pero decisiva, corrección.No quiere decir esto que fuese ese pasaje estatutario el único con el que dicho colectivo mostraba su disconformidad. Pero con un criterio estratégico, táctico y político de gran alcance, y de verdadera solvencia e inteligencia, sólo pretendían que se corrigiese ese párrafo. [...] BA

Por Eugenio Trías, filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

Deprisa, deprisa

2006-04-06T22:01:00.000+02:00

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 06/04/06):

El proceso de elaboración del nuevo Estatut de Catalunya se ha distinguido por estas tres características: tacticismo, escasa transparencia y prisas en el tramo final. [...]

Como puede comprobarse, en todo este proceso los protagonistas decisivos siempre han considerado el nuevo Estatut como un instrumento para conseguir finalidades de naturaleza partidista y electoral, muy distintas del proyecto en sí mismo. En efecto, el nuevo Estatut ha servido, primero, para que Maragall llegue a ser presidente de la Generalitat; después, para que Zapatero pueda asegurar una futura alianza con CiU que le permita seguir gobernando durante las próximas legislaturas; y, tercero, para que Artur Mas pueda recuperar para su partido la presidencia de la Generalitat. [...]

Curioso proyecto: se sostiene que es bueno para Catalunya y para España, que nadie de izquierdas debe dejar de votarlo, pero todos hacen lo posible y lo imposible para quitárselo de encima cuanto antes, para que de una vez deje de hablarse de él. BA

Guerra no comparte "el carácter despectivo" con el que se trata a los que defienden la idea de nación y Estado

2006-04-06T19:31:00.000+02:00

El dirigente socialista, Alfonso Guerra, que hace unos días comparaba la situación española con la disolución de la URSS, ha dicho, declaraciones durante el acto de presentación en Madrid de su libro "Dejando atrás los vientos", no compartir "el carácter despectivo" con el que actualmente se trata a quienes defienden la idea de nación y Estado. Las formaciones nacionalistas catalanas descalificaron las palabras de Guerra.

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso es la tercera vez que muestra su desacuerdo público con el Estatuto de Cataluña, sin embargo votó a favor del texto estatutario.

No es la primera vez que manifiesta su descontento público por la situación creada con el Estatuto de Cataluña. Esta semana, Guerra comparó la situación actual de España con el proceso de disolución de la URSS en donde "los dirigentes comunistas, viendo que aquello se disolvía, se envolvieron en las banderas nacionalistas de las repúblicas en que vivirían para seguir manteniendo el poder. Algo de eso, aunque más sutilmente, está sucediendo en España", señaló.

Alfonso Guerra ha votado a favor del Estatuto, a pesar de haber mostrado su desagrado en tres ocasiones. Una de las primeras veces en que manifestó una actitud crítica con el proceso estatutario fue en el diario El País. En una entrevista concedida al periódico de Polanco señaló su desacuerdo con el Estatuto porque "no se atiene a la Constitución". El presidente de la Comisión Constitucional afirmó, en ese momento, que si se admitiese el término nación para definir a Cataluña no sorprendería que algún partido –en referencia a ERC– dijera: "oiga, somos nación, queremos Estado".

LD.

Un 41,4% de los catalanes ni siquiera sabe que habrá un referéndum

2006-04-06T08:16:00.000+02:00

Un sondeo elaborado por el Centro de Estudios de Opinión, dependiente del Gobierno catalán, revela que sólo un 50,2% de los catalanes votaría a favor del nuevo Estatuto en el referéndum. Un 41,5% de los encuestados no sabe que se va a celebrar un referéndum y el 15% no tiene suficiente información. Como siempre, hay trampa: al preguntar por los problemas de Cataluña se ofrece como una de las respuestas esta: "Necesitamos un nuevo Estatuto y falta dinero para Cataluña". Según el mismo estudio, CiU aventaja en cuatro puntos al PSC en intención de voto autonómico.

El 42,5% de catalanes se siente tan catalán como español, mientras que un 14,2% se siente sólo catalán y un 6,6 % sólo español. Un 5,2 por ciento se siente más español que catalán. Por contra, más catalán que español se siente un 27,7 por ciento. En conclusión, la mayoría de los catalanes, un 54,3 por ciento se sienten españoles, frente a un 41,9 que se sienten preferentemente o sólo catalanes.

Así se desprende del barómetro de opinión pública correspondiente a primavera, elaborado a partir de 2.100 encuestas telefónicas hechas entre el 6 y el 20 de marzo, antes de la aprobación del nuevo Estatuto por parte del Congreso. El director del Centro de Estudios de Opinión, Gabriel Colomé, ha dicho que, además del 50,2% de votos favorables en el referéndum, un 14,1% de los encuestados dice que votaría en contra, un 2,2% en blanco, un 15,1% que no tiene suficiente información, un 4,5% que no irá a votar y un 13,9% no sabe o no contesta.Colomé ha pedido analizar los resultados "con cautela", puesto que "mucha gente no sabe qué hará o no tiene información suficiente" para determinar aún su posición. Asimismo, la encuesta revela que un 41,5% de los catalanes encuestados no sabe que se va a celebrar un referéndum sobre el nuevo Estatuto. LD

Aprobado el Estatuto de Cataluña con el 54% de los votos

2006-03-30T17:42:00.000+02:00

No hace falta insistir en las consecuencias que va a tener a medio plazo la definición de Cataluña como nación, la hegemonía del catalán como lengua, el blindaje de las competencias o la bilateralidad con el Estado. Pero sí en su carácter anacrónico, intervencionista, insolidario, sectario y contrario al interés general.

Por si ello fuera poco, este proyecto ha roto en el ámbito político el consenso entre los dos gran partidos que había inspirado desde la Transición la redacción de los Estatutos y de las leyes que afectaban al modelo del Estado. Este desastre podría quedar atenuado si el nuevo Estatuto hubiera servido para acallar para siempre las reivindicaciones del nacionalismo catalán, pero va a suceder justamente lo contrario: es el punto de partida de una nueva escalada de exigencias. Así lo han anunciado ERC, CiU e incluso un sector del PSC con Maragall a la cabeza.

El Estatuto ha tenido una utilidad para el Gobierno tripartito: ha desviado la atención sobre la corrupción de la clase dirigente catalana y sobre el hundimiento de El Carmelo, saldado sin ningún tipo de responsabilidades políticas. Pocas veces en la historia de nuestra democracia se ha presentado un motivo tan justificado para presentar una moción de censura como este engedro, que pasará a la posteridad como el Estatuto de Zapatero. A él debe su nombre el proyecto que va a aprobar hoy el Congreso puesto que el presidente ha tenido un extraordinario protagonismo en su gestación y en la superación de todas las dificultades y reticencias. Suya es, pues, la grave responsabilidad.

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CATALANES

2006-03-11T11:32:00.000+01:00

Las modificaciones introducidas este viernes en la redacción del artículo relativo a una muerte digna completan los cambios hechos por el Congreso sobre el texto original del Parlamento de Cataluña en el Título I, que se refieren a otras cuestiones como derechos lingüísticos, familia, aborto o memoria histórica.

Los cambios afectan a diez de los 39 artículos del Título I, relativo a los "Derechos, deberes y principios rectores". En su mayor parte las modificaciones se introdujeron en fase de ponencia, y en varias de las materias (derecho a morir con dignidad, familia y otros), a instancias de Unió Democrática de Catalunya, preocupada por la posibilidad de que algunos artículos abrieran puertas a la eutanasia o el aborto libre.

Además de los cambios de fondo hay, como en todo el resto del texto, muchos otros de redacción o de tipo meramente técnico, la sustitución sistemática del término "sostenibilidad" por el de "desarrollo sostenible". Los cambios más importantes introducidos por la ponencia y la Comisión en el Título I son los siguientes:

DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD
El título original del artículo 20 ("Derecho a morir con dignidad") ha cambiado tras un acuerdo de última hora entre socialistas, Ciu e ICV por el de "Derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte". El punto primero de ese artículo ya había sido modificado en la fase de ponencia para recoger el derecho a "recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales".

FAMILIA
Al mencionar la protección de las "distintas modalidades de familia" se añade "previstas en las leyes". Al referirse, en el artículo 40.7, a la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros, se ha añadido "teniendo en cuenta las características" de esas parejas.

ABORTO
El artículo 41.5 del original establece que "los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y su salud reproductiva y sexual". En la ponencia se añadió a ese artículo un inciso que delimita esa actuación de los poderes públicos al "ámbito de sus competencias y en los supuestos previstos en la ley".

DERECHOS LINGüíSTICOS
El original señalaba que los funcionarios de Justicia deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales conforme a lo que establecieran el propio Estatuto y las leyes. La versión definitiva remite este asunto exclusivamente a las leyes. Al garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en catalán con los órganos jurisdiccionales y constitucionales de ámbito estatal, el original (artículo 33.5) establecía que éstos "no pueden exigir a la persona interesada la traducción al castellano.

Esa referencia se ha suprimido para especificar sólo que los escritos presentados en catalán "tendrán plena eficacia jurídica". En el artículo 37 se añade un inciso por el que los derechos lingüísticos anteriores vinculan también a la Administración General del Estado en Cataluña.

ETIQUETADO
El texto original indicaba que los poderes públicos deben promover que el etiquetado de los productos distribuidos en Cataluña sea "al menos en catalán", mientras que lo aprobado hoy dice que debe ser "también en catalán".

GARANTIAS
Se introduce una salvedad en el sentido de que los derechos que reconoce el Estatuto "no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias".

MEMORIA HISTORICA
El artículo 54.1 del texto del Parlamento de Cataluña abogaba por el reconocimiento de "la resistencia y la lucha por las libertades democráticas y los derechos nacionales y sociales". Tras las modificaciones se hace referencia a la "resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas".

LD

El Gobierno filtra a El País el texto del Estatuto pactado por Zapatero y Mas

2006-01-28T13:34:00.000+01:00

Ha tenido que pasar una semana desde que Zapatero y Mas cerraran de madrugada y en secreto el "acuerdo global" sobre el Estatuto para conocer íntegramente el texto pactado. No lo ha dado a conocer el Gobierno, que ya dejó para el líder de CiU las primeras explicaciones. El documento se ha conocido a través de una nueva filtración. Según la noticia de El País, "incluye muchas enmiendas socialistas", confirma el "deber" de saber catalán y fija que la Generalidad "será la Administración ordinaria del Estado tras los traspasos".

Los partidos catalanes que aprobaron el nuevo Estatuto catalán en el Parlamento autonómico han recibido ya el texto que cerraron el pasado domingo de madrugada Zapatero y Artur Mas. Lo cuenta este sábado El País, que además, publica íntegramente un documento que ni conocían los presidentes autonómicos ni tampoco las federaciones socialistas. Este viernes, la de Madrid, solicitó a Rubalcaba los detalles hasta ahora secretos.

La noticia del diario de Prisa revela que en esa "propuesta de texto definitivo" el PSOE "ha logrado la inclusión de numerosas enmiendas, que a juicio de los negociadores catalanes no desvirtúan la propuesta de reforma, en particular en uno de los aspectos que les movieron a emprenderla: la protección y ampliación de las competencias de la Generalitat".

El País enumera algunos de los "principales puntos acordados hasta ahora". El primero que destaca es "Cataluña como nación". Como ya se había adelantado, esta definición figura en el preámbulo pero no en el articulado. El artículo primero del texto aprobado en el parlamento catalán, que recogía el término nación, queda como fue redactado en el Estatuto del 79. El siguiente punto es el referido a los "derechos históricos". Aparecen en el título preliminar, artículo 5, y sostiene que el "autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán".

En cuanto a la lengua, el texto pactado especifica que "todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas".

La Generalidad, además, tendrá la "competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña". También le corresponderá "la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña".

La organización territorial de Cataluña cambia en el nuevo Estatuto, que instaura la denominada "veguería". La define como "el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local y que tiene personalidad jurídica propia".

Libertad Digital

Constitución vs Estatuto

2006-01-22T21:26:00.000+01:00

Constitución Española (1978).

PREÁMBULO. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...
ARTÍCULO 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Propuesta consensuada para el Estatuto de autonomía de Cataluña entre CiU y PSOE (enero de 2005).

PREÁMBULO. El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación.

No hay que ser muy listo, ni tener muchas carreras, para comprobar, tras leer ambos textos, que la palabra Nación sobra en alguna de las dos definiciones.

La fórmula que se ha elegido al final para resolver el gravísimo problema de las “alidades”, lo que va de la nación que quería Cataluña a las nacionalidades de las que habla la Constitución, es de chiste.

“El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación”.

Es decir, que la mayoría de los catalanes sienten Cataluña como una nación. También la mayoría de los hombres del planeta se sienten inteligentes y buenos amantes y eso no significa que sea cierto.

Leguina y Benegas critican a la dirección del PSOE por su deriva nacionalista

2006-01-16T17:16:00.000+01:00

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el diputado socialista, José María Benegas, han criticado en sendos artículos de la revista El Siglo a la dirección del PSOE por sus tendencias nacionalistas. El primero dice que la dirección actual es muy distinta y "no mejor" y cree que el "entramado humano" del partido tiene "una supervivencia dudosa". El segundo ha criticado el "tratamiento desigual" al valenciano y al castellano en el Estatuto Valenciano y que haya sido aprobado con los votos del PSOE.

El ex presidente de la CAM y diputado socialista, Joaquín Leguina, critica los métodos de "renovación generacional" de la era Zapatero y asegura que producen "decepción" los "supervivientes" de generaciones pasadas del PSOE que "para ponerse al día, se han subido, alegremente, al carro de la reivindicación territorial", informa Europa Press. En un artículo de la revista El Siglo, Leguina opina que el desgaste de esas generaciones "no se deriva de un empacho de poder" sino de un "mal uso del poder por parte de unos pocos (la corrupción) y por una división interna (renovadores versus guerristas) que encerraba concepciones distintas no tanto respecto a las políticas a realizar como acerca del funcionamiento interno del partido".

"Pintan más bien poco"
Recuerda que tras la derrota electoral de 2000, esa generación se vio apartada no sólo del poder, también de cualquier centro donde se toman decisiones. "Dejando aparte las excepciones de rigor, lo cierto es que en esta hora, lo que se dice pintar, pintan (pintamos) más bien poco".

El diputado socialista afirma que "los de la generación de Zapatero" han tenido como primer y único objetivo el "control interno del PSOE, que presentaron como relevo generacional, consistente en arrojar a las tinieblas exteriores a todo perro quisque que hubiera nacido antes de 1950". En su opinión, la operación-relámpago que llevaron a cabo requirió muchas horas de laboratorio y ensayo. "Mientras pasaban la mano por el lomo a los sucesivos líderes, me malicio que estos mozos estaban afilando las facas con una perseverancia digna de Napoleón... o de Cesar Borgia". Leguina afirma que la "operación estratégica, el relevo generacional" ya ha tenido "notables efectos perversos y los tendrá más en el futuro".

El PSOE es distinto, "desde luego, no mejor"
Pone de relieve la facilidad con la que los "expulsados" han acogido la "jubilación anticipada" y afirma que ver ahora a estos, entre los que se incluye, "instalados en un clamoroso silencio de los corderos, ha de producir decepción". Sin embargo, apunta que "más decepción producen aquellos supervivientes de las citadas generaciones que, para ponerse al día, se han subido, alegremente, al carro de la reivindicación territorial".

El diputado socialista critica que su partido se haya olvidado de la "democracia participativa" que exige el artículo 6 de la Constitución y que la acción política de los afiliados haya quedado reducida a la categoría de "claque o de atrezzo" en los actos públicos "siempre pensados para, por, sobre, tras... la televisión". En su opinión, el PSOE de hoy es algo muy distinto y "desde luego, no mejor". "Un entramado humano que, como tal, tiene, con estos métodos, una supervivencia dudosa".

Benegas más
El diputado socialista José María Benegas considera que la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, en trámite en el Congreso, contiene aspectos "preocupantes" en materia lingüística, porque recoge planteamientos nacionalistas al otorga un "tratamiento desigual" al valenciano y al castellano. Así, avisa de que con su actual redacción no se podrá "impedir que en el futuro se avance hacia un sistema de enseñanza monolingüe" y critica que el proyecto haya sido aprobado con los votos del PSOE.

También en la revista El Siglo, bajo el título "Las lenguas y los Estatutos", Benegas compara los artículos relativos a la lengua del Estatuto valenciano vigente y de la propuesta de reforma. En el primero, el valenciano y el castellano tienen la categoría de "idiomas oficiales", se señala que "todos tienen derecho a conocerlos y usarlos" y se establece que la Generalitat "garantizará el uso normal y oficial" de ambos y "las medidas necesarias para asegurar su conocimiento".

Sin embargo, en la nueva redacción aprobada por las Cortes Valencianas, el valenciano se define como "lengua propia" de la comunidad. "El idioma valenciano es el oficial de la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos y a recibir enseñanza de, y en el, el idioma valenciano", reza el proyecto de reforma.

Reformas sin rumbo

2005-12-08T19:37:00.000+01:00

Artículo de Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, publicado en La Vanguardia.

UNA CONSTITUCIÓN es, antes que nada, un marco de convivencia para el presente y un marco de confianza en el futuro.

Hasta su vigésimo quinto aniversario, hace ahora dos años, el día de la Constitución tenía un carácter ritual, sin apenas interés informativo ni atisbo de polémica: se evocaba el amplio consenso que suscitó su aprobación, se recordaban sus principios fundamentales y se solía hacer en general una valoración positiva de su desarrollo.

La conmemoración era siempre una pausa en el fragor de la batalla política, un momento de encuentro en el que los partidos suspendían sus naturales trifulcas cotidianas para reafirmar, año tras año, su coincidencia en la solidezde las grandes reglas de nuestra convivencia democrática. Hoy ya no es así. En el vigésimo séptimo aniversario que esta semana hemos celebrado, la Constitución se ha convertido en una cuestión disputada y nuestro porvenir constitucional en algo incierto. Quizás había una larvada desconfianza ciudadana en nuestro sistema constitucional que, por las razones que fueran, no afloraba a la superficie y ahora, de golpe, ha irrumpido en la escena. Quizás. Pero yo más bien me inclino a pensar que la razón por la cual la Constitución es puesta en cuestión se halla en la forma imprudente de situarla en el centro de la confrontación partidista. Una constitución, se ha repetido mil veces, es un marco, una cancha de juego, que debe permitir a todos los ciudadanos y a todas las fuerzas políticas expresar sus preferencias y poder llevarlas a la práctica. Asimismo, de acuerdo con el principio democrático según el cual la soberanía reside en el pueblo, la Constitución misma puede ser reformada, incluso en su totalidad.

Ahora bien, las constituciones son unas normas supremas que se caracterizan por su estabilidad y los cambios deben hacerse sólo si son imprescindibles. Por tanto, el razonamiento según el cual los cambios sociales deben traducirse inmediatamente en cambios constitucionales no me parece acertado. En efecto, los cambios constitucionales sólo deben efectuarse si el texto de la Constitución impide que los cambios sociales puedan regularse mediante leyes u otras normas de menor rango. La legislación ordinaria es el campo natural para adaptar las nuevas realidades sociales al derecho.

La función principal de una constitución es dar unidad y estabilidad al sistema jurídico, no incluir en su propio texto la regulación de los cambios sociales. Lo normal, en consecuencia, debe ser que las disputas políticas se den en el campo de la legislación ordinaria, no en el campo de la constitucionalidad Sin embargo, en estos momentos, la confrontación principal entre los partidos no tiene lugar entre los lícitos objetivos que se pueden alcanzar dentro del marcoconstitucional, sino que se ha convertido en materia de confrontación el marco constitucional mismo. Es decir, utilizando un símil deportivo, lo que está en el primer plano de la disputa no es la manera de meter más goles en un partido, sino las reglas mediante las cuales estos goles pueden ser considerados como válidos.

No estamos, pues, en una fase de normalidad política, sino en una fase de replanteamiento de las reglas del juego. No cabe duda de que todo ello es jurídica y constitucionalmente legítimo, pues la razón democrática, como antes hemos afirmado, no puede impedir los cambios de dichas reglas.

Ahora bien, caben dudas sobre si dichos cambios, tal como se están desarrollando, son políticamente convenientes. Muchas dudas, demasiadas dudas, caben. Por el contrario, hay muchas razones para pensar que toda esta disputa es innecesaria, superflua y arriesgada desde el punto de vista de los intereses generales. Y según el resultado al que se llegue, sus impulsores corren el riesgo de ser tachados de irresponsables e, incluso, de frívolos. Porque, ciertamente, el resultado final puede ser pírrico. Las reformas en marcha son de dos tipos: las estatutarias y las propiamente constitucionales. Dejando de lado los referendos de ratificación, las mayorías parlamentarias que deben aprobarlas son distintas en uncaso y en otro: en las estatutarias basta la mayoría absoluta del Congreso (la mitad más uno de los diputados), y en lasconstitucionales se requiere una mayoría cualificada de dos tercios, tanto en el Congreso como en el Senado, además de unprocedimiento complejo que implica la disolución de ambas cámaras, nuevas elecciones y una nueva votación por idénticas mayorías.

Trasladado a la coyuntura política actual, todo ello supone que para aprobar las reformas estatutarias matemáticamente no hace falta el acuerdo del PP y para aprobar las reformas constitucionales su voto favorable es imprescindible. Teniendo en cuenta la coyuntura política actual, ¿cabe pensar que ambos tipos de reformas pueden llevarse a cabo a la vez? Zapatero incluyó en su programa de Gobierno las reformas constitucionales, pero, sin rechazarlas, no se comprometió de manera clara con las estatutarias. Si ambas son, en la práctica, por razón de las mayorías necesarias, incompatibles, ¿por cuáles reformas se inclinará el presidente del Gobierno? Hay inquietud en la sociedad española. Una constitución es, antes que nada, un marco de convivencia para el presente y un marco de confianza en el futuro.

La incertidumbre ante estos cambios justifican plenamente la inquietud. Felipe González ha dicho esta semana que quizás el error del Gobierno ha consistido en emprender un programa de reformas sin tener fijado un rumbo preciso. Quizás ha dado en el clavo: los viejos rockeros, en ocasiones, dan unos recitales memorables.

Rubalcaba frenó un artículo de Felipe González contra el Estatuto

2005-12-07T22:16:00.000+01:00

Últimamente se suceden las cenas en las que participa el ex presidente Felipe González en las que éste analiza sin corsés lo que pasa en el mundo y con unas cuantas cortapisas lo que sucede en España, especialmente en torno al proyecto de Estatuto de Cataluña.

Fue, según distintas versiones, en uno de esos recientes contextos distendidos en los que el ex líder del PSOE hizo comentarios sobre la forma como se está pilotando el proceso. González ha venido echando en falta en el hoy jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, un liderazgo claro, un objetivo de dónde se quiere llegar y cómo hacerlo. El ex presidente ha comentado la necesidad de tener objetivos políticos claros, rumbos fijados por los que debe transcurrir la acción de un Gobierno.

Precisamente, fuentes cercanas a González cuentan a Elsemanaldigital.com que esa ausencia de pilotaje por parte de Zapatero fue plasmada por quien fuera inquilino de La Moncloa durante catorce años en "un durísimo artículo contra el Estatuto catalán".

Sin embargo, siempre según los consultados, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, logró frenarlo y, de momento, la "mercancía" permanece guardada en un cajón.

Nadie como Pérez Rubalcaba para achicar cualquier vía de agua que pudiese provocar la pluma de Felipe González. Es un jugador completo, todoterreno, y, quizá por ello, resultó ser una pieza importante tanto en los gobiernos de González como en la travesía de Joaquín Almunia en la oposición, en la candidatura de José Bono a la Secretaria General del partido y, ahora, también en el equipo de Zapatero, en el que puede erigirse como una de las pocas herencias aceptadas por el actual presidente de su antaño idolatrado Felipe.

A Alfredo Pérez Rubalcaba le han bastado dos años de legislatura y que los problemas le empiecen a crecer al Gobierno para convertirse en el hombre imprescindible. Prueba de ello ha sido su capacidad para mantener silente a Felipe González. Y es que como reconocen en la vieja guardia del PSOE: "Un artículo de Felipe en estos momentos sería un auténtico bombazo".

Maragall insiste: «Somos una nación»

2005-12-06T12:14:00.000+01:00

Las convicciones del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, no se han movido ni un ápice, a pesar de las encendidas reacciones surgidas al hilo del Estatut. En el discurso institucional del año pasado, el presidente abogó por la reforma constitucional, al entender que los cambios son necesarios para afrontar las nuevas realidades. Una reivindicación, siempre polémica, que el mandatario catalán reeditó ayer en su mensaje institucional emitido por televisión a las 21:00 horas con motivo del día de la Constitución.

Maragall arrancó su mensaje evocando los objetivos y las esperanzas que se depositaron en la Carta Magna en el año 1978. «Tenían nombres y apellidos: eran la libertad, la democracia, la autonomía y el avance social», afirmó. Una serie de objetivos, junto al Estado de las Autonomías, que, a su juicio, se han cumplido con creces. «Pero las realidades de hoy eran difícilmente imaginables hace 27 años», aseguró. Sin ir más lejos, Cataluña ha propuesto un nuevo Estatut. Un Estatut («a ver si nos entendemos», aseguró sumergido en su labor de pedagogía política) que «sirve para financiar los servicios y para lograr una mayor calidad de vida. De no ser así, no valdría la pena». El presidente sostuvo, no obstante, que la propuesta catalana se ha elaborado con sentido de Estado y desde la Constitución.

En sus palabras, el mandatario catalán también recordó la polémica sobre la definición de Cataluña como nación, que «Cataluña lo ha dicho de forma clara: nosotros somos una nación». Un concepto, dijo, que significa que Cataluña tiene identidad nacional, que tiene personalidad propia: con cultura, lengua y derecho civil propio. Y añadió que la propuesta deja muy claro que Cataluña quiere compartir su futuro con todos los pueblos de España. «Nuestro espíritu es fraternal y respetuoso. Por ello pedimos respeto a nuestra forma de interpretar la Constitución, siempre respetando la jurisprudencia del Constitucional», dijo en su mensaje.

Con todo, el mandatario catalán subrayó que «la Constitución es sensible a los cambios que reclama la sociedad, puesto que no puede ser un objeto de culto que petrifique un momento histórico». Además, el president consideró que «el espíritu de la transición y de los padres de la Carta Magna era el del progreso, el cambio y la mejora política».

Así pues, Maragall abogó por los cambios constitucionales que, a su entender, son «totalmente compatibles con el reconocimiento del valor de la Carta Magna como piedra angular de la democracia, el Estatut y el autogobierno». La Constitución es, según el presidente, la base y el cimiento que debe erigirse para edificar las realidades de hoy, y sobre este fundamento, actualizado, hay que edificar la Cataluña del futuro. En este sentido, Maragall aseguró que se empleará a fondo, convencido de que se trata del deseo mayoritario de los catalanes.

La Razón

PD.- Dicho esto, es evidente que las referencias a la Constitución en la redacción del Estatuto es de una Constitución que no existe.

El riesgo

2005-12-05T12:18:00.000+01:00

Víctor Pérez-Díaz es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Un riesgo es la proximidad de un daño, o, en otras palabras, el resultado de multiplicar el coste de un acontecimiento posible por la probabilidad de que suceda. Por eso se dice, con verdad, que el riesgo es alto si el daño potencial esmuy grande, y la probabilidad de que ocurra, considerable. El daño potencial de aceptar, rechazar o hacer un apaño con la propuesta del Estatuto de Cataluña es obvio. Es el de un aumento sustancial de las tensiones territoriales, que pueden ira más, en un país que tiene un Estado de las Autonomías en equilibrio precario desde que fue diseñado borrosamente por su Constitución, y que, en 30 años de Gobiernos de todo signo, no ha sabido desarrollar una cultura potente de un patriotismo constitucional español. Con estos cimientos institucionales y culturales, no muy sólidos, la probabilidad de que el daño potencial se materialice es considerable porque o bien se aprueba lo sustancial de la propuesta del Estatuto (con las cláusulas sobre la nación catalana, el blindaje de competencias, la financiación y la bilateralidad incluidas), y en este caso el Estado español quedaría reducido a una sombra y la frustración de muchos españoles sería grande; o bien se rechaza en lo sustancial, y en este caso la clase política catalana, dadas sus expectativas, sufriría una decepción profunda; o bien se aprueba jugando con la ambigüedad y queriendo contentar a todos, y en este caso lo normal es que no satisfaga a nadie y los problemas queden pendientes pero con la gente más desconfiada que antes.

Bastantes ciudadanos perciben este riesgo, y, según encuestas recientes, el 46% de los españoles, y el 31% de los votantes socialistas, creen que el proyecto de Estatuto representa "una amenaza para la unidad de España", y el 47% de los españoles, y el 58% de los votantes socialistas, creen que "se deben hacer cambios importantes en él para que sea aceptable". Al mismo tiempo, el nivel de confianza en el líder socialista que podría propiciar esos cambios ha caído 28puntos en los últimos 18 meses (de 66% a 38%). Es decir, bastantes españoles parecen estar preocupados por el problema y perdiendo confianza en la capacidad del liderazgo actual para resolverlo.
En su abrumadora mayoría, el público, atento y preocupado, se siente español, y le importan los símbolos, los nombres y el principio de la soberanía una, indivisible e irrenunciable de la nación española. Estará atento a sus interesescuando se trate de discutir la financiación del sistema, dado que se ha acostumbrado a la idea de que todos somos iguales, lo que implica que todas las comunidades autónomas lo son; querrá servicios públicos homogéneos y, puestos a analizar las balanzas entre las regiones, puede mirar no sólo la fiscal de unos pocos años, sino también la comercial, la de flujos financieros y la de recursos humanos remontándose muchos años atrás. Además, muchos piensan que a España le hace falta un Estado operativo y sospechan que esta propuesta de Estatuto nos deja uno demasiado débil para los tiempos que corren.

Hay situaciones de terror y de guerra que no se resuelven con palabras. La inmigración plantea problemas inquietantes. La marcha de la globalización tiene a muchos en vilo. A España le hace falta un Estado protagonista en Europa, y la voz de ese Estado, o su ausencia, se nota cuando sus ciudadanos (y sus empresas) tienen que ir por el mundo y defender sus intereses.

Con estos sentimientos e ideas en la cabeza, los españoles pueden extraviarse a veces en el fárrago de las 111 páginas de la propuesta del Estatuto, con su preámbulo difuso, sus 227 minuciosos artículos y sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, pero comprenden el fondo del asunto, y se inquietan ante unos líderes socialistas cuya capacidad les comienza a resultar problemática y de cuya lucidez empiezan a dudar. Estos líderes parecen firmes en las formas, peroson ambiguos en el contenido. A estas alturas no se sabe si van a respetar lo esencial de la propuesta catalana o a cambiarla sustancialmente. Quizá apuestan por la volatilidad de la opinión, mientras reclaman la fe de los creyentes yfustigan a sus adversarios, y confían en un barullo final, la escenificación de un compromiso de doble fondo, una recuperación milagrosa in extremis, un suspiro de alivio y un voto agradecido. Pero con esto, olvidan el reguero de desconfianza que están dejando en el camino.

Por ahora, las gentes ven una conducta ambigua que se explica porque o bien los socialistas no saben lo que quieren, y eso cuestiona su competencia; o lo saben pero no lo quieren decir, y eso cuestiona su veracidad; o quieren dos cosas contradictorias a la vez, y eso cuestiona su coherencia. Dicen querer el Estatuto venido de Cataluña ("Pasqual, te lo prometo, apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña", Zapatero dixit), pero lo quieren tanto que lo quieren cambiar. Dicen que no quieren cambiarlo sustancialmente pero sí hacerlo compatible con la Constitución, lo que supone su cambio sustancial. Y cuando dicen que lo quieren cambiar a fondo (y dejarlo "limpio como una patena"), no tienen los votos para ello y atacan al único partido en el que podrían apoyarse para realizar un cambio semejante, lo que sugiere que, en el fondo, no quieren hacerlo. Quosque tandem Catilina? ¿Hastacuándo Catilina nos contarás dos cosas contrarias al mismo tiempo? ¿Hasta que se te agote la voz o hasta que se nos agote la paciencia?
Los socialistas no se han dado cuenta todavía de que el caudal de confianza del público, incluso de su público, es limitado. Y lo que es peor. No se dan cuenta de que no sólo agotan la confianza del país en ellos, sino que están en riesgo de perder su propia confianza en sí mismos. Su identidad está ligada a las ideas fundamentales de crear solidaridad y hacer España, y si pierden su vinculación con estas dos ideas se pierden a sí mismos. No fomentan la solidaridad unos gobernantes que ensanchan cada vez más el foso que les separa del centro derecha de este país, al que dibujan en el imaginario colectivo como una derecha extrema; ni pueden justificar este exceso retórico con los ataques del adversario, porque ellos son los gobernantes de todos los españoles incluidos los muchos millones de votantes de su rival, y el oficio de gobernantes les obliga, a ellos más que a nadie, a una especial contención en las palabras y en los gestos.

No pueden pretender construir una comunidad política sobre enconados sentimientos apenas disimulados por blandas palabras; como no pueden establecer un clima de concordia con evocaciones a la Guerra Civil, con la contaminación reiterada de los adversarios como vinculados al régimen franquista y con el despliegue, a veces, de actitudes de reto y animosidad hacia los sentimientos religiosos de una parte de la sociedad. A la erosión de la solidaridad de España por su división en bloques ideológicos se añade la fragmentación territorial con el impulso de los conflictos distributivos entre comunidades y de las veleidades centrífugas de unas u otras, con el agravante de que los socialistas se han definido siempre como garantes de una solidaridad fundada en un Estado fuerte, y ahora están ellos mismos debilitando este fundamento. Al final de este proceso, puede quedar muy poco de la identidad y la tradición del socialismo español. La España de la transición fue posible por la contribución de los socialistas españoles, en un papel de protagonistas compartido con otros. Sólo así quedó atrás la España de charanga y pandereta, la España de los odios cainitas. Sólo así España se rehizo.

Sería penoso que los constituyentes socialistas y los gobernantes socialistas de aquellos años se resignaran a pasar a la historia como los hacedores de la España de ayer, y los testigos del deshacerse de la España de hoy.

© El País

Sobre el boicot a los productos catalanes

2005-12-03T11:57:00.000+01:00

Artículo de Tomás de Domingo Pérez publicado en Las Provincias.

En Alemania, allá por los años cincuenta, Erich Lüth publicó en un periódico una carta abierta en la que instaba a los dueños de salas de cine a no incluir en su programación una película del director Veit Harlam, debido a la colaboración de este con el nazismo. Asimismo, recomendaba a los espectadores que se abstuvieran de ir a ver la película. Esta incitación al boicot hizo que Harlam demandara a Lüth porque consideraba que voluntariamente le había causado un daño. El caso fue que el asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional Federal alemán y dio lugar a una sentencia clave en la historia del neoconstitucionalismo europeo. El Tribunal amparó a Lüth por considerar que la incitación al boicot constituía un ejercicio lícito del derecho a la libre expresión, señalando que así debían haberlo tenido en cuenta los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

En efecto, el derecho a la libre expresión no sólo ampara la manifestación de ideas u opiniones, sino que permite persuadir, ejercer una influencia intelectual sobre otras personas. Lo que no protege, así lo confirma también nuestro Tribunal Constitucional, es el ejercicio de la coacción o la difamación. La incitación al boicot es lícita si no priva de libertad a los destinatarios del mensaje para que sigan o no la consigna, y si no se apoya en falsedades. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha llegado a afirmar en la sentencia Blinkfüer que la llamada al boicot es lícita incluso si proviene de un competidor en el ámbito profesional o económico con gran poder. Fíjense en esta afirmación del Tribunal: “Si quien incita al boicot posee poder económico, su influencia puede ser relevante, pero este hecho por sí mismo no convierte la incitación al boicot en algo inadmisible. La Constitución no prohíbe que quien ostenta un mayor poder económico tome partido en un debate intelectual de opinión”.

La incitación al boicot es una conducta perfectamente lícita, aunque sin duda puede apoyarse en argumentos débiles, insostenibles o incoherentes y, por consiguiente, criticables. Por otra parte, si el boicot que se pretende consiste en no comprar determinados productos, en realidad la medida no podría ser calificada de injusta, pues quien vende sólo tiene derecho a poner en el mercado sus productos y a que no se viertan falsedades sobre ellos o sobre la empresa que los produce. Por tanto, si el consumidor no los elige no vulnera derecho alguno y no comete una injusticia. Eso no significa, sin embargo, que el boicot esté justificado. Para llegar a esa conclusión habría que debatir sobre las razones que se esgrimen para promoverlo. Así, por ejemplo, me parece razonable no comprar productos que se fabrican con métodos altamente contaminantes, o abstenerse de adquirir prendas elaboradas en fábricas en las que trabajan niños explotados.

Pero estos días no se habla de estos casos, sino del boicot a los productos catalanes. Se ha encendido la luz de alarma y han aparecido voces que amenazan con acciones legales frente a quienes insten al boicot. Pinchan en hueso, pues, como acabo de mostrar, se está ante un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión. Pero esas amenazas desvían la atención de lo verdaderamente importante. ¿Qué sucede en España para que muchos ciudadanos por su propia voluntad hayan decidido no comprar productos catalanes? El boicot es ante todo una medida de presión que pretende llamar la atención y conseguir algo. Es una forma de expresarse. Pues bien, ¿qué está pasando en España para que muchos ciudadanos recurran al boicot como forma de expresión? Esto es lo que hay que analizar. La respuesta es clara: muchos ciudadanos no encuentran otro modo de exteriorizar su rechazo a lo que se está promoviendo desde Cataluña.

Como señalaba hace pocas semanas en otro artículo, el proyecto de Estatut pretende que Cataluña decida hasta dónde alcanza su solidaridad con el resto de España. Los españoles saben que sus representantes van a discutir sobre un proyecto de Estatut que puede afectar a la estructura del Estado y sólo les cabe confiar en que lo que de ahí salga no resulte inconstitucional. Parece lógico que el ciudadano quiera hacer oír su voz de la manera más efectiva posible y, por eso, recurren al boicot, para mostrar que el bienestar de una parte de España no se puede lograr al margen del resto. Algunos pensarán que es una idea absolutamente equivocada.

Lo cierto es que el éxito del boicot a los productos catalanes es un síntoma del estado de la sociedad española. Parece mentira que se haya llegado a una situación en la que los consumidores distingan a la hora de comprar entre productos de diferentes comunidades. Es lamentable que esto suceda, pero en cualquier caso yo quiero subrayar y defender la libertad del ciudadano para decidir si emprende o no un boicot, así como la de todo aquel que quiera aportar razones para promoverlo o criticarlo.

Las provincias

Bargalló y la historia del boicot

2005-12-02T11:44:00.000+01:00

Por Luis Ignacio Parada (ABC)

El capitán Charles Cunningham Boycott manejaba con mano de hierro las fincas del terrateniente absentista Lord Earne. La Irish Land League, que trataba de reformar el sistema de tenencia de la tierra, le pidió en 1880 una reducción en el precio de los arrendamientos. El capitán se negó. Para obligarle a ceder, la Liga decidió suspender todo tipo de tratos con él: los jornaleros se negaron a trabajar, los comercios a venderle comida, el correo dejó de enviar sus cartas; hasta tuvo que reclutar trabajadores de Irlanda del Norte para recoger la cosecha. El «Times» encontró un nombre para esa nueva forma de presión: había nacido la palabra boicot. Y ha hecho historia.

En 1915, Gandhi llamó en la India a boicotear los productos ingleses. Fue la primera de las acciones que permitieron al país recuperar su independencia en 1947. Hace 50 años, una costurera negra de Alabama llamada Rose Parks se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús. Los líderes de los derechos civiles organizaron un boicot a la compañía al frente del cual pusieron al pastor negro Martin Luther King. Un año después, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. La abolición del «apartheid» en Suráfrica comenzó con un boicot contra Shell, Kellogg´s y Coca Cola. La suspensión de las pruebas nucleares francesas en la Polinesia tuvo su origen en un boicot a la industria vitícola francesa. Las empresas estadounidenses dejaron de financiar la discriminación contra los católicos en Irlanda del Norte tras un boicot de 12 años contra Ford Motors, que terminó en 1998. Scott Paper abandonó sus planes de establecer una plantación de eucaliptos y una fábrica de papel en Indonesia cinco días después de que Survival International amenazara con un boicot a sus productos en el Reino Unido porque sus planes amenazaban la supervivencia de los pueblos indígenas. A lo mejor por eso el «conseller primer» de la Generalitat empieza a estar tan nervioso.

La Cataluña real y el irrealismo

2005-12-01T02:10:00.000+01:00

Valentí Puig

Uno de los nortes alcanzados por el nacionalismo catalán ha sido que finalmente muchos ciudadanos asuman en toda España que ser catalán equivale a ser nacionalista y que el catalanismo político representa unívocamente a toda Cataluña. Eso hipoteca y grava una visión razonable de la realidad. Si convivir es participar tanto de convencimientos como de discrepancias, conllevar es dar por insuperable una distancia y asumirlo. En mayor o menor grado, ambos comportamientos encajan en los parámetros de la sociedad abierta. Divergen, sin embargo, al configurar la textura moral y cívica de lavida pública.

Como observadores de las relaciones entre el nacionalismo catalán y el conjunto de España, algunos pensamos que en el terreno de lo menos negativo no hay otra disyuntiva que la mera conllevancia. En cambio, si estamos hablando de Cataluña en general, algo mucho más múltiple y complejo que su versión nacionalista -mucho más dinámico y evolutivo-, es algo de todos los días convivir en la naturalidad de ser diversos y a la vez parte de España. Esa es aproximadamente la Cataluña real. Sí, seguramente hay que ajustar sistemas de financiación autonómica, pero no en nombre de identidades colectivas de orden metafísico o ancestral, sino en nombre de ciudadanos y contribuyentes, no por reivindicación «ad infinitum». El estatuto de autonomía fue un objetivo político compartido en los años de la transición democrática porque salíamos de un régimen autoritario, y el sentir general reclamaba algo perdido.

Ahora es distinto: existe ya un «Estatut» y su contenido ampara todos los dinamismos de la sociedad catalana, su forma institucional y su presencia en España. Entre ese conllevar y el convivir lleva largo tiempo oscilando la política del nacionalismo catalanista, desde sus orígenes y a lo largo de una historia en la que hay casi de todo en su percepción de España. Su penúltima tesis es el proyecto de nuevo «Estatut» actualmente en proceso de trámite parlamentarioen las Cortes, con promesa de receptividad por parte de Rodríguez Zapatero. Más allá del gran embrollo político y la turbulencia demagógica que se han generado, luego resulta que lo que es la convivencia natural se somete todos los días al referéndum, al plebiscito del orden espontáneo, y en este caso el sí es masivo y, por así decirlo, obvio. En la Cataluña real se vota en los usos lingüísticos reales, en el puente aéreo Barcelona-Madrid, en las redes tecnológicas, en las relaciones de mercado, en los vínculos entre universidades, en el zapeo televisivo y en el dial de las radios, en los cajeros automáticos, en el consumo de libros en catalán y castellano, en los nuevos grupos musicales y en el mundo del teatro o del cine que va y viene entre Madrid y Barcelona. Por contraste, lo cierto es que una gran mayoría de diputados del parlamento autonómico de Cataluña votaron afirmativamente un proyecto de ley orgánica que no asume del mismo modo los consensos cotidianos de la sociedad catalana, pretende alterar el orden constitucional y se aleja del gran pacto -pacto metahistórico, si se nos permite- de 1978. La Generalitat insiste en el entusiasmo de la inmensa mayoría de catalanes porel nuevo «Estatut».

Sería poco piadoso recordar en estos instantes la abstención notable que históricamente se da en las elecciones autonómicas, generalmente en zonas que votan socialista en las elecciones generales. Así es como la clase política catalana ha ido edificando sus ficciones, y fue por culpa de una PSC con mala conciencia catalanista por lo que los gobiernos de Jordi Pujol carecieron de oposición en sus políticas identitarias y lingüísticas.

Al argumentar la inevitabilidad de la conllevancia, en el debate estatutario de las Cortes Constituyentes el día 13 de mayo de 1932 Ortega decía que «el problema catalán» es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, que es un problema perpetuo. Ese «problema catalán» es el nacionalismo, y el nacionalismo se somete a las urnas. Históricamente, hemos visto sus hegemonías y sus declives, sus albas y sus eclipses: el nacionalismo es una opción política. La sociedad catalana, por el contrario, es una vitalidad de sentimientos y arraigos que también tienen sus ciclos y ritmos, pero es algo que existía antes del catalanismo político y existirá cuando el nacionalismo agote por completo su capital simbólico y, posteriormente, su trama de intereses políticos.

A pesar de que Ortega formulase su discurso parlamentario en términos de los demás españoles teniendo que conllevarse con los catalanes y los catalanes conllevarse con los demás españoles, tales realidades convivían entonces y conviven en la actualidad. Es responsabilidad del «Establishment» político catalán -la famosa transversalidad de la que el PSC-PSOE ha participado hasta ahora- haber planteado la reforma estatutaria de tal manera que las únicas alternativas sean en el mejor de los casos la conllevancia o un rupturismo por ahora indefinido.

Por contraste, tanto para Cataluña como para el conjunto de España, los momentos óptimos han coincidido con etapas de entendimiento correspondientes a posturas posibilistas y pragmáticas del catalanismo. A diferencia, las fases de maximalismo -caso Companys, por ejemplo- han sido inevitablemente victorias pírricas que de forma ineludible afectaron a la estabilidad de toda España. Ahora, con un «Estatut» concebido para enfrentarse a un gobierno del PP y no para que los catalanes fuesen más dichosos, la fase de nuevo es maximalista, como indica sustancialmente el tránsito del autonomismo al soberanismo.

De ahí puede provenir la desmesura de quienes confunden Cataluña y los catalanes con el nacionalismo. Es una posición instintiva, sin horizonte, como -por ejemplo- hacer boicot al cava. La elaboración y consumo creciente del cava es, precisamente, una prueba del convivir y un desmentido de la conllevancia fatalista. El ejercicio de la ciudadanía en la España grande consiste, en su forma más efectiva, en presionar a los diputados y a los partidos, en hacerse presente en el debate parlamentario que ya comenzó, en ejercer como opinión pública y no como simple gesto reactivo y atávico, a veces energúmeno. «Mutatis mutandi», la expansión virtual de los mitos nacionalistas catalanes convierten a Madrid en el monstruo ciego y babeante al final del laberinto, del mismo modo que Castilla es la culpable de todos los males catalanes. Las caricaturas acaban dándose de palos con otras caricaturas en el teatro de marionetas de la historia política. Caer en cualesquiera de los dos extremos desguarnece de racionalidad un debate de dimensión histórica.

Claro está que la estridencia es previsible cuando un presidente de Gobierno -como ocurre con Rodríguez Zapatero- se postula como mediador entre quienes desean conservar la Constitución de 1978 y quienes no. Extraña vocación la de conducir la locomotora y a la vez querer ser asaltante del tren.
ABC

Azaña y la autonomía catalana

2005-11-30T21:48:00.000+01:00

Por Octavio Ruiz-Manjón

Eduardo García de Enterría acaba de publicar unos textos de Manuel Azaña sobre la autonomía catalana. Son discursos -casi todos parlamentarios-, anotaciones personales y artículos periodísticos, bien conocidos de cuantos se han interesado por la segunda República española. Todo el material que ahora se publica estaba ya en las muy incompletas Obras completas (1966-1968) del ex-presidente de la República y, como suele ocurrir en estos casos, uno de los atractivos del libro -al margen de la oportunidad de las fechas en que aparece en las librerías- reside en el estudio introductorio que acompaña a los textos, máxime cuando se trata de una gran autoridad del mundo jurídico como es García de Enterría. De ahí el interés de sus comentarios sobre algunos de los aspectos jurídicos del proceso autonómico catalán y, muy especialmente, del intento de aplicar a Cataluña el principio de autodeterminación de los pueblos que había puesto en circulación el presidente Wilson tras el final de la primera guerra mundial.

La actuación de Azaña sería decisiva en la aprobación del Estatuto, que inició su marcha en septiembre de 1932, pero ese hecho no dejó resuelto el problema, entre otras cosas por el comportamiento del propio Azaña que, después de verse desplazado del poder, pidió que se anulase el resultado de las elecciones de noviembre de 1933, que habían dado el triunfo a las derechas y, sobre todo, se empeñó en una prolongada campaña de deslegitimación de los nuevos gobernantes. Fue entonces cuando Azaña afirmó que “antes que la Constitución está la República”, idea que, según García de Enterría, era verdaderamente subversiva y servía para legitimar cualquier ruptura del orden constitucional como las que, efectivamente, se produjeron en octubre de 1934 en Asturias y en Cataluña. Los políticos catalanes que, ya en abril de 1931, se habían adelantado a proclamar una “República catalana” dentro de una fantasmagórica federación de los pueblos ibéricos, persistieron en su actitud en 1934, proclamando el “Estado catalán” dentro de una República federal que ya había sido rechazada por los diputados constituyentes de 1931. La verdad es que no hubo que hacer tampoco una gran demostración de fuerza militar para que aquella sedición se diluyera en las primeras luces de un amanecer del otoño barcelonés.

La tensión generada por aquellos hechos revolucionarios llevó a un encono creciente de los espíritus, que dominó las elecciones de febrero de 1936 y condujo, unos meses después, a la guerra civil. Para entonces, como ha señalado García de Enterría, Azaña ya había empezado a hablar de piedad como una actitud indispensable en una sociedad que necesitaba también de transigencia y de perdón entre sus ciudadanos.

No fue escuchado y, cuando estallaron las hostilidades, se pudieron comprobar los amargos resultados de una política de exclusión. Los asesinatos indiscriminados del verano de 1936 en Madrid -especialmente los que ocurrieron en un espacio que se suponía bajo el control del gobierno, como era la Cárcel Modelo de Madrid- angustiaron al presidente de la República que, algunas veces, pudo oír directamente los disparos de algunas ejecuciones desde las ventanas del Palacio Real de Madrid. Por eso, cuando se cumplía un año desde el inicio del conflicto: pudo decir en un discurso: “ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario”.

El liberal que siempre fue Azaña parecía sobreponerse, por fin, al discurso jacobino que le había tenido arrebatado durante dos largos años y, cuando se cumplió, un nuevo aniversario del inicio del conflicto en 1938, en el discurso que pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona lo cerraría con tres palabras -”paz, piedad, perdón”- que se suponía que era un mensaje que enviaban las víctimas del conflicto. Un mensaje que pareció perderse en el fragor de aquellos días pero que sigue siendo un lema sugerente frente a cuantos parecen empeñados en reabrir aquellos frentes.

El presidente de la Comisión Constitucional advierte que el proyecto catalán "invade las competencias del Estado"

2005-11-29T13:27:00.000+01:00

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, evidenció ayer una vez más sus objeciones a algunos de los puntos del proyecto de Estatuto catalán. Pese a que remarcó que el redactado catalán "no modifica la Constitución", en contra de lo que pregona el líder del PP, Mariano Rajoy, sí reconoció que la reforma supone "una especie de mutación del esquema del Estado" y que además "invade sus competencias".

En la conferencia Ideas sobre España, que pronunció junto a uno de los siete padres de la Constitución, Miquel Roca Junyent, en el Ateneo de Sevilla, Guerra justificó su tesis crítica abundando en los puntos más críticos de la reforma catalana como la competencia sobre la gestión de los aeropuertos, demanda que, a su juicio, evidencia que el texto impulsa "un nuevo reparto del poder público", si bien dejó claro que, en este caso concreto, es al Estado a quien corresponde su ejecución, tal y como dicta la Constitución.

El diputado socialista destacó también que la reforma fija la bilateralidad de la financiación con el Estado, panorama que conlleva la ruptura con la financiación autonómica de régimen común a la que está adscrita Cataluña con el resto de las autonomías, excepto cinco: País Vasco, Navarra, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; que basa su autogobierno en los derechos históricos o que sitúa la figura del president en una posición preeminente.

El presidente de la Comisión Constitucional expuso su oposición a cuestiones cruciales de la reforma, que actualmente discuten el Gobierno y los partidos catalanes, dando respuesta a preguntas retóricas. "¿Es legítimo decir que la reforma es legítima? Sí –respondió–. ¿Es legítimo decir que no es oportuna la reforma? Sí. ¿Es legítimo decir que hay una fuente de legitimidad anterior a la Constitución? No. ¿Es necesario o positivo preservar la identidad de España? Sí". Y así hasta pasar por si es adecuado que Cataluña se defina como nación, fórmula de la que dijo no es partidario, o sobre la conveniencia de pedir otras competencias o proponer el vaciamiento fiscal del Estado, asuntos sobre los que mostró su rechazo más enérgico.

Todas estas demandas a las que aspiran los nacionalistas tienen para Guerra un origen reciente. Las atribuye a los últimos años de Gobierno de Aznar, que han provocado "la reacción desmedida" de los nacionalismos periféricos, que identificó en el vasco y el catalán.

Diario de Sevilla

El Mito de la Caverna

2005-11-27T11:54:00.000+01:00

Pedro J. Ramírez escribe hoy en El Mundo una de las más extensas sábanas dominicales

Yo no soy Sócrates, ni ninguno de ustedes Glaucón, pero si cada lector de EL MUNDO enviara este artículo -o al menos los enlaces de Internet a los que me voy a referir ahora- a cinco dirigentes, militantes o votantes del PSOE, más de la mitad del electorado socialista sabría a qué atenerse sobre lo que está pasando en estos momentos en una de las comunidades más ricas, cultivadas y determinantes de España. Y mi optimismo crónico me lleva a pensar que eso significaría que Zapatero tendría que cambiar de política o que gran parte de su clientela cambiaría de zapatería.

Predicando con el ejemplo vayan por delante los nombres de mis cinco destinatarios especiales: José Bono, Francisco Vázquez, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves. Como se ve, no es una cuestión de afinidades, sino de pragmatismo. Entre ellos hay quienes me caen bien, mal y regular. Pero tampoco les pido que acepten mis ideas. Es suficiente con que accedan a prestarme unos minutos de su atención para depositarla en un servicio público, disponible para cualquiera a través de la Red.

Basta teclear primero gencat.net y entrar así en la página oficial del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, liderado por la versión autonómica del partido al que pertenece este quinteto de hombres ilustres. Procede luego realizar tres clics con el ratón del ordenador para pasar por el apartado temes, recalar en el espacio dedicado a la llengua catalana y terminar al fin en el prontuario de las llamadas Oficines de Garanties Lingüístiques. En esa pantalla se dan cinco
direcciones postales y electrónicas, con sus correspondientes números de teléfono y fax, de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, a las que puede dirigirse «una queixa o una denúncia sobre el dret de viure en catalá», con la tranquilizadora advertencia previa de que «la confidencialitat está garantida».

No estamos en el Berlín de los años 30, ni en el 1984 de Orwell, ni en el Kabul de los talibán. Es aquí, ahora mismo, entre nosotros, bajo la supuesta vigencia de una Constitución democrática, donde funciona esta policía de las costumbres, donde se incita al vecino, al familiar, al viandante a delatar bajo la cobarde coartada del anonimato a quien se aparte de una pauta de conducta cultural rígidamente establecida por el poder político. Y todo ello al servicio del ¡derecho a vivir en catalán!

Hasta ahora sabíamos que se podía vivir en Calella de la Costa, en Logroño o en Bollullos del Condado. Que se podía vivir en la calle Aribau, en la Plaza Mayor o en la urbanización Los Galápagos.Que se podía vivir en un tercero, en un ático o en un semisótano. Que se podía vivir en una democracia, en una dictadura o en una dictablanda. Incluso que, extensivamente, se podía vivir en paz con uno mismo, en estado de ansiedad o en el yermo de las almas. ¿Pero qué es eso de vivir en catalán?

Muy sencillo, la misma sintaxis lo expresa: vivir en catalán significa convertir una mera herramienta de comunicación como es el idioma en un recinto de pertenencia que no sólo incluye la expresión oral o escrita, sino que a modo de insaciable Gargantua fagocita todas las demás facetas de la actividad humana. Se habla en catalán, por supuesto, pero también se piensa en catalán, se siente en catalán, se sueña en catalán, se participa en la vida pública en catalán, se
juega al fútbol en catalán, se aplaude en el estadio en catalán, se mantienen relaciones privadas en catalán, se ronca, jadea y eructa, se acaricia, golpea y aprieta en catalán se vive, en suma, en catalán. Y eso no es una fantasía o una metáfora, sino un derecho. No lo digo yo. Lo dice la Generalitat controlada por el Partido de los Socialistas de Cataluña.

Estamos, pues, ante la expresión más transparente y descarnada del despotismo lingüístico que sirve de ariete, taladro y mascarón de proa a un nacionalismo totalizador que ha logrado introducir en el proyecto de Estatuto aprobado por el 85% del Parlament nada menos que «el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo». Un «proyecto colectivo» que no es, ni puede ser, otro, sino la «construcción nacional de Cataluña».

He aquí las bases del drama liberticida camuflado bajo la apetitosa fachada de la modernidad postolímpica, el Fórum de las Culturas, la Torre Agbar y los goles mágicos de Ronaldinho y Samuel Eto'o.Porque, según la lógica implacable de toda apisonadora del racionalismo y la autodeterminación individual, ese derecho a vivir en catalán del que son sujetos todos los habitantes del Principado genera unas muy tasadas obligaciones ajenas, destinadas a materializarlo, y proporciona a los poderes públicos los mecanismos coactivos y represivos adecuados para que nadie eluda su cumplimiento.

Estamos ante un atavismo metafísico más allá de toda lógica del libre albedrío. Las Oficinas de Garantías Lingüísticas, los funcionarios desplegados cantonada a cantonada y los zelotes integristas del Omnium Cultural, cornucopia inversa del furibundo Galinsoga, miden el tamaño, la visibilidad y la corrección de los rótulos de los comercios o de las etiquetas de sus productos, amparados en las mismas bases morales que sirven a la policía religiosa wahabista para medir en Arabia Saudí el largo de las faldas.

Basta otro clic para comprobar desde la Agenda del Consorci per à la Normalització Lingüística -ya la denominación denota cuan anormal es, según ellos, no vivir en catalán- la rica casuística que toda esta normativa genera. En un rincón se informa de la exposición itinerante sobre los Cursos de Catalán para Adultos en la que queda reflejada «desde la incertidumbre de la llegada hasta la tranquilidad de cuando se sienten como uno más», cosa que sólo sucede después de haber aprendido la «lengua de acogida».En otra esquina son un sudamericano presentado como José y un magrebí introducido como Yussouf quienes se prestan a desempeñar el papel coral del obediente Tío Tom: «No podem pretendre viure à Catalunya i parlar només en castellà». Dos pliegues más allá descubrimos que «el ús del català es consolida en la vida diària de Santa Coloma» porque si bien, según la directora del centro local de Normalització Lingüística, desgraciadamente sólo el 19% de la población lo utiliza, ya se ha conseguido que el 51% de la información que los colomenses reciben a través de la enseñanza, la administración, la economía y el comercio sea en esa lengua, pasando así, siquiera con un aprobadillo, la barrera de lo políticamente correcto. Y un golpe de tecla más acá advertimos que tres cuartos de lo mismo ocurre en Cornellà donde, sin embargo, de los 113 trabajos presentados al último concurso de cómics copatrocinado por el propio Centro de Normalització Lingüística, 96 eran en castellá y sólo 17 en catalán.

Precisamente los hasta hace bien poco alcaldes de esos pueblos en los que tan tenazmente se avanza por el camino de hablarle a la gente en un idioma distinto del que la gente se empeña en emplear, o séase Manuela de Madre y José Montilla, se han convertido ahora en piezas clave de la prédica e implantación del planteamiento totalizador del nuevo Estatuto. Además Montilla ha añadido esta semana a su retahíla de imprecaciones de hace días contra mí dos nuevos alardes de su manera de entender la vida pública: ha ordenado a personas a sueldo del Estado que averigüen si yo tengo algún crédito condonado o al menos impagado por algún banco y, a la espera del resultado de sus pesquisas, me ha identificado con la «caverna mediática». A lo primero le contestarán archivos a los que tal vez sólo él tenga acceso; a lo segundo, dejemos que lo haga Platón.

«Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia delante » Así comienza el famoso Libro VII de La República en el que el gran filósofo ateniense hace dialogar a su maestro Sócrates con uno de sus hermanastros -Glaucón- que representa las entendederas del ciudadano medio.

Pues bien, después de describir la hoguera que alumbra fantasmagóricamente las espaldas de los prisioneros y el retablo de objetos, personajes y figuras que desfilan sobre una pasarela intermedia, Sócrates-Platón pregunta: «¿Crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la pared que está frente a ellos?» A lo que Glaucón responde, mientras podemos imaginarle girando a derecha e izquierda la cerviz: «¿Cómo, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles sus cabezas?»

Va ya para un cuarto de siglo desde que la ejemplar clase política de la Transición arrojó un tosco borrón sobre su limpia hoja de servicios al incurrir en el garrafal error de dejar el control de la enseñanza en manos de las comunidades autónomas y por ende de las élites separatistas del País Vasco y Cataluña. En la Santa Coloma de Doña Manuela -antes de Gramanet- ese tranquilizador aprobado del 51% de comunicaciones lingüísticamente normalizadas se obtiene, de hecho, gracias a que el 74% de la enseñanza se imparte en catalán. No está mal para una población en la que el 80% sigue aferrado a su condición de castellano parlante Y ay del profesor que -según las últimas directrices- no imparta todas las asignaturas en catalán, excepto que se trate de clases de lenguas «extranjeras».

Tal abducción docente, unida a la bien remunerada condescendencia de los medios de comunicación regionales y locales con los proyectos identitarios de sus patronos autóctonos, es lo que ha ido moldeando esta última versión del legendario Mito de la Caverna que Montilla da tan ostensibles muestras de desconocer, al osar invocar su nombre para bautizar la paja en el ojo ajeno, cuando en realidad describe tan a la perfección la viga que lleva insertada en el propio.

Muchas han sido las interpretaciones del diabólico mecanismo concebido por Platón para distorsionar el conocimiento, y por lo tanto la experiencia humana, a través de la proyección de sombras sobre espectadores cautivos. Las más recientes, claro, lo refieren al cine, la televisión, el vídeo y la propia Internet.Pero la constante de cualquier exégesis es que, en todo caso, para que
se consume la manipulación, además de los manipulados, deben aparecer en escena los manipuladores.

En un artículo publicado no hace mucho la profesora Francisca Martín-Cano, especialista en mitología, realizaba una elocuente traducción contemporánea de la ingeniería social de la alienación: «Si un talibán crece condicionado, encerrado y atado en la caverna de los colegios de Afganistán, donde se le hace estudiar exclusivamente el Corán, y al que se le niega la posibilidad de ampliar sus fuentes de información, si sólo recibe refuerzos por actuar como sus maestros, crueles intérpretes del Corán, que ven en la mujer un ser de naturaleza inferior, a la que hay que encerrar y subordinar, ¡qué se puede esperar que aprenda! ¿Por qué nos asombra que adopten el compromiso de permanecer ligados a sus creencias y de defenderlas altruistamente hasta la
muerte?»

Mutatis mutandis, sustitúyanse las madrasas no sólo por la red escolar de la Generalitat sino por el propio concepto amplio de oasis catalán, póngase el nuevo Estatuto en el lugar del Corán y entiéndase que la mirada entre conmiserativa y despectiva hacia la inferioridad de las hembras va dirigida a todos aquellos que no son capaces de vivir en catalán.

Un momento: a quienes estén empezando ya a echarse las manos a la cabeza, ante la crudeza de la analogía, yo les pediría que, antes de completar la postura, reflexionen sobre el por qué, desde hace un lustro, es habitual entre los propios periodistas catalanes utilizar la palabra «talibán» para motejar a una larga lista de dirigentes, cuadros o militantes tanto de CiU como de ERC y en
cambio nunca jamás la hemos escuchado referida -y fíjate que se les ha dicho de todo- a nadie del PSOE o del PP.

Que, tan pronto como consiguieran acceder al poder, Carod-Rovira y los suyos iban a encaramarse al proyector de sombras para intentar llevar hasta sus últimas consecuencias la distorsión reduccionista ya esbozada durante la era de Pujol, formaba parte del guión.Como en la fábula de la rana y el escorpión, «está en su naturaleza» comportarse así. Las dos inauditas anomalías de lo que ahora sucede en la caverna nacionalista son que el PSC se haya convertido en coproductor de la película y que las primeras filas del patio de rehenes estén ocupadas por el Gobierno de la nación, el Grupo Parlamentario Socialista y la propia cúpula del PSOE.

A esa situación de cautividad política les han llevado las visiones de Maragall, la deleitación morbosa de Zapatero en cualquier estrategia que implique la negación de la España que ha heredado del PP y la aritmética parlamentaria. Pero es a José Montilla a quien le corresponde el dudoso honor de haber conjugado tan diversos factores desde la triple condición de hacendoso productor ejecutivo, eficiente jefe de sala y enérgico acomodador o, lo que es lo mismo, interlocutor de la Caixa y demás poderes fácticos catalanes, primer secretario-maquinista del
PSC y ministro de Industria que reparte premios y castigos.

Buscando un golpe de efecto -que a quien más efecto le hizo, por cierto, fue a su maniatado presidente-, Montilla empezó su vacía explicación parlamentaria del miércoles proclamando que él no está en la política «para forrarse». Admitida la premisa, puesto que nadie desde este periódico le ha hecho imputación de corrupción personal alguna, ¿para qué «está en la política», Montilla?, me pregunté yo ipso facto.

Por motivos idealistas es imposible, pues ni el socialismo, ni la representación de los intereses de aquéllos a quienes se les impone por la fuerza toda una metamorfosis cultural parecen tener nada que ver con la agenda que tan diligentemente contribuye a aplicar. De hecho, sin llamarle ni judío, ni menos aún nazi -subrayo esto-, su papel como cordobés de Iznájar al servicio del irredentismo de los señoritos de Sarriá es el equivalente al que los prisioneros más determinados y menos escrupulosos de los campos de concentración se prestaban a desempeñar cuando sus amos los elevaban a la categoría de kapos. Y no en vano decía Víctor Hugo que mucho peor que el que comete un crimen es «aquél que produce la oscuridad» para que el culpable no sea descubierto y castigado.

Excluida también -por razones patentes- la vanidad, sólo una descomunal ambición de poder permite entender a este pulcro y atildado oficinista que hasta para proclamar su honradez en el fulgurante toma y daca de las preguntas que se contestan desde el escaño necesita leer unas cuartillas, probablemente escritas por otra persona. Empiezo a darme cuenta de lo peligroso que puede ser un tímido como él, con tanta astucia como deficiente formación, cuando ha entendido que sus grandes oportunidades de dominio y control sobre los demás pasan por poner su tenacidad de hormiga laboriosa, sus telas de araña pacientemente tendidas durante años y años a través de capitanes, tenientes y sargentos, a disposición de un proyecto tan ajeno a su propia idiosincrasia como el del nacionalismo catalán más radical.

Nadie puede discutir, de hecho, la brillantez del plan director que de forma tan decisiva está contribuyendo a impulsar para que la caverna nacionalista sea, paradójicamente, el foco de poder que condicione política y económicamente el destino del resto de los españoles. Tanto su esquema de vasos comunicantes entre los partidos que dominan la Generalitat y los órganos de gobierno de la Caixa como su pretensión de que sea en el resto de España donde los tentáculos financieros, petroleros o eléctricos de un gran grupo semipúblico catalán succionen los recursos para sufragar la opulencia que el nacionalismo autista precisa para narcotizar bien a sus cautivos, tienen el ingenio de lo perverso y despiertan incluso la magnética fascinación del mal. Si se mantuvieran los mecanismos de control político sobre las cajas de ahorros previstos en el proyecto de Estatuto y triunfara la OPA sobre Endesa, seríamos los propios españoles los que cada vez que llenáramos el depósito, encendiéramos la luz o sacáramos dinero del cajero automático, estaríamos financiando la destrucción de la España constitucional. Y nadie nos condonaría ningún pago.

¿Hay vida después de la caverna? ¿Es posible poner remedio aún a este deslizamiento colectivo hacia las fauces de la gruta? Platón plantea hacia el final de su diálogo el complejo problema de la huida y regreso del prisionero. Hace falta tener mucha clarividencia, mucho coraje moral y mucha capacidad de liderazgo para arrostrar los riesgos que supone la vuelta al reino de las sombras proyectadas, después de haber conocido la enorme variedad de objetos reales que existen iluminados por la luz. Cuando, anticipando su propio fin, Sócrates pregunta: «¿Y no matarían (los "constantemente encadenados"), si encontraran manera de echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir?», Glaucón no duda un instante en responderle que sí.

La furia desatada contra las valientes y rotundas opiniones de Federico Jiménez Losantos -defender su derecho a expresarlas dentro de la legalidad no supone compartir, por supuesto, todas y cada una de sus palabras-, o el ostracismo espiritual al que implacablemente se somete a quienes como Francesc de Carreras, Albert Boadella o Arcadi Espada encarnan la lucidez del último catalanismo cosmopolita, ponen de manifiesto las pocas ilusiones que cabe hacerse respecto a los adultos introducidos en la caverna desde su más tierna infancia.

Cosa distinta es lo que pueda suceder con los recién llegados.De ahí que yo conceda tanta importancia a los acertados aspavientos que un ministro como Bono -al que algunos le tienen casi tantas ganas como a los periodistas más molestos- pueda hacer desde el borde de la cueva, para intentar sacar al presidente de su complacido ensimismamiento. O a las atinadas reflexiones más recientes de Alfonso Guerra. O a la capacidad de Paco Vázquez de encabezar la rebelión municipal de la España que llama al pan, pan y al vino, vino. O a la fuerza torrencial de un Ibarra al que desde la distancia personal y el antagonismo ideológico deseo una plena recuperación. O a la propia cuenta de la vieja que, antes o después, tendrá que hacer Chaves como último guardián de los graneros del partido.

Creo sinceramente que este gravísimo envite lo vamos a ganar los defensores del consenso constitucional a través del libre juego democrático, de forma que o bien Zapatero dejará de ser el prisionero estelar de la caverna de Carod, Maragall y su dilecto kapo cordobés -que es lo que personalmente más deseo-, o bien Zapatero dejará de ser presidente del Gobierno de España tras unas no muy lejanas elecciones anticipadas.

En todo caso, la lucha contra los dogmas del nacionalismo étnico o lingüístico es un empeño lo suficientemente noble como para ni siquiera supeditarlo al resultado del combate. Porque «la Filosofía -y, por supuesto, el periodismo- tiene que comenzar por encontrar problemático lo que para los otros es evidente, claro y transparente, ya que, por extraño que pueda parecer, frecuentemente el afán de la certeza y la búsqueda de la verdad se excluyen».

Claro que, si alguien me lo reprocha, no tendré más remedio que reconocer que concluir un artículo como este con una cita así de Xavier Rubert de Ventós -inspirador y redactor de buena parte del Estatut, además de paño de lágrimas de Maragall cuando el perro negro de la depresión se cuela por el patio de los naranjos- es, efectivamente, un golpe bajo.

The Death of Spain

2005-11-24T16:33:00.000+01:00

The Wall Street Journal. Jueves, 24 de noviembre de 2005
by Eduardo Nolla

Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero should be cursing the day he promised to support the proposal for a new statute law for Catalonia.

On Nov. 2, the Cortes voted to debate the project already approved by the Catalan regional parliament. If accepted in its present form, Spain's constitution as well as its most important laws and probably even some European legislation would have to be amended. Most importantly, Catalonia -- for all practical purposes -- would become an independent state.

One of the most controversial issues in the project is that Catalonia proclaims itself a nation. This is not an infrequent claim in Spain, a country comprised of a mixture of races and nations. If one were to be precise, Spain proper would be confined to the few valleys in the north where a handful of pure Spaniards, the result of a blend of Iberian, Celtic, Phoenician, Latin, Greek, Visigoth and other stocks kept themselves free from Arab domination twelve centuries ago.

The 1978 constitution solved the problem of national identity by setting up autonomous regions with a high level of self-government and recognizing the different languages, traditions and cultures of Spain. A Catalan, a Galician or a Basque is today as Spanish as a Valencian, a Madrileno or a Cantabrian. The matter of nationality, however, should not blind us to other very striking and disturbing parts of the document.

To get a gist of what the Catalonian project might mean, one could -- as an exercise -- apply some of the proposals in the statute to, say, Florida. Start by centralizing all power and all decisions in the government of Florida and proclaim Florida to be a nation whose laws should be applied in preference to all other laws (preamble, arts. 1 & 110).

Then list every conceivable detail of public and private life Tallahassee may want to control, from the executive, legislative and judiciary, to fiscal powers up to "the exclusive right to regulate the leisure time" of citizens (art. 134), and the "exclusive right to regulate all matters related to the young" (art. 142).

Next assert Florida as a player on the international scene, one that issues its own passports and national identity cards (art. 164), signs international treaties (art. 197), controls and participates in the foreign policy of the Washington administration, or joins international organizations like UNESCO as an independent entity (art. 199).

Move on to make Spanish the mandatory language in Florida's educational system (arts. 6, 35 & 50) and the preferred language in public and private life. Order that all product labels and instructions should "at least be written in Spanish" (art. 50), and that Spanish should be used in trade, in all written internal and external documents issued by any Floridian authority or any company or organization that does work for them or receives any public funds. It will also be obligatory to use Spanish in all the communications of federal institutions (art. 33). Florida would allow some English language teaching in schools and recognize the right of citizens to use English and receive information in English if "they ask for it" (art. 50).

Tallahassee would have the right to determine its own immigration policy and to decide the number, race, origin and qualifications of immigrants who will live in its territory (art. 138). Tallahassee may also accept or reject American workers trying to move from other parts of the Union since the Florida government gives itself the right to recognize degrees (arts. 125 & 170). Just in case anything of the free market remains, you add a bit of central planning and declare that the government of Florida has the right to organize the "general planning of economic activity" (art. 152) and that special protection is to be given to the "production economy" (art. 45). Similar provisions are made to create Florida's "own labor market" (art. 170).

To stifle criticism, Tallahassee will have power over the media for instance by ensuring their political information is "fair" (arts. 43, 52 & 146) and by controlling the production, distribution and sales of all printed matter (art. 127).

I'll stop here but rest assured that many more disturbing provisions are included in this 46,000-word long document (almost three times longer than the Spanish constitution, and eight times the U.S. constitution).

Not surprisingly, the conservative opposition Partido Popular rejects this document. And the Socialists will need the PP's support if they want to obtain a consensus similar to the one that helped forge the 1978 constitution. As things stand, it's unlikely they will obtain this support, unless they reject any proposal that falls outside the limits established by that same constitution.

Equally worrying for Mr. Zapatero must be that at least privately, but more and more also publicly, many of the governing Socialist Party's most respected leaders also reject the Catalonian plans. This is particularly true for the leaders of other regional governments under Socialist control who need the financial support of rich regions like Madrid, the Balearic Islands and Catalonia. Those leaders cannot conceive of the breakdown of the principles of equality or solidarity on ideological grounds.

A free-for-all constitutional reform clearly exceeds Mr. Zapatero's present mandate. It has little public support and may even produce the opposite outcome. It could fuel the arguments of those who claim that the national government should recover some of the powers unduly transferred, in their opinion, to the autonomous regions since 1978.

The problem is that Mr. Zapatero raised such high expectations among the Catalonian parties - suggesting that Barcelona's proposal would be accepted virtually without changes - that a compromise looks impossible to achieve. So much of the proposal would need to be rewritten that the outcome would inevitably look like a different text altogether.

Rejecting the whole document and putting forward a different plan that complies with the Spanish constitution would also be a politically bad choice for Mr. Zapatero. He would lose face and, with it, the support of the Communist, Republican and Green parties that allow the Socialists to rule in the regional government of Catalonia as well as control the national parliament in Madrid. Such a move would probably trigger an early general election.

Mr. Zapatero's popularity is plummeting as Spaniards are beginning to question whether such a debate is really necessary, whether there is not an easier easy way out, and whether Spain does not face more pressing problems than permanently tinkering with its national identity.

It is sad to realize that under the pretense of modernity and evolution, the Catalan project stands for an authoritarian, centralized, interventionist model that, fortunately, Spain outgrew many years ago.

Mr. Nolla teaches political theory at Universidad San Pablo-CEU (Madrid)"

Carod dice que si fracasa el Estatuto el Gobierno de Zapatero "tendría los días contados"

2005-11-23T19:07:00.000+01:00

El presidente de ERC, José Luís Carod Rovira, ha vuelto a advertir al Gobierno de Rodríguez Zapatero de que el fracaso del proyecto estatutario catalán le hará perder el actual apoyo de ERC e ICV-EA en el Congreso, y auguró que ni CiU ni PNV querrán sustituirlos en ese apoyo.

En un artículo del diario Avui, dijo que el "ambiente de indignación" y la "inestabilidad" en Cataluña si fracasa el proyecto "no dejarían mucha más salida que no fuese la convocatoria anticipada de elecciones", por lo que el tripartito "habría naufragado". Además, para él, "cuesta imaginar que ERC siguiera (en el Congreso) siendo socio del partido causante de esta embestida contra Cataluña" y "que ICV no actuara de manera similar", y "que CiU pretendiera sustituir a unos y otros, poniendo cuña a un gobierno tan claramente contrario" a los intereses catalanes. Por ello, el Ejecutivo de Zapatero "tendría los días contados" y avanzar las elecciones generales sería "también inevitable".

LD

Un Preámbulo ambicioso, pero anticonstitucional

2005-11-21T23:58:00.000+01:00

Por Manuel Jiménez de Parga, de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, publicado en el ABC (21/11/2005)

No es admisible, en el debate público de estos días, ampararse en las frases más o menos retóricas que figuran en el Preámbulo, carentes como tales de eficacia jurídica, para sostener que todo lo que se afirma en el Preámbulo no debe preocupar a nadie.

ES ambicioso el Preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña en cuanto abriga un deseo ardiente de conseguir poder, pero resulta anticonstitucional. No se califica adecuadamente ese texto diciendo sólo que es inconstitucional. El enjuiciamiento ha de ser más severo. No basta con afirmar que resulta inconstitucional. Es anticonstitucional.

Como tengo escrito en otro lugar, la norma inconstitucional es la que viola un principio o precepto de la Constitución. La declaración de inconstitucionalidad afecta a un componente del Ordenamiento, sin que resulte lesionado el conjunto de principios y reglas que lo integran. La disposición anticonstitucional, en cambio, aspira a cambiar los cimientos del edificio jurídico-político. Todo se derrumba. Sobre el solar de lo que antes había se pretende levantar otra manera de convivir políticamente.

He aquí lo que tendríamos si un día entrase en vigor el propuesto Estatuto de Cataluña. La Nación española, de unidad indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del sistema constitucional. El artículo 2 de nuestra Gran Carta se convertiría en letra muerta.

Algunos de los que defienden la corrección jurídica del proyecto de Estatuto alegan que las afirmaciones más discutibles, las más radicales, se encuentran en el Preámbulo. Para ellos estas declaraciones son intrascendentes. El Preámbulo -sostienen- no contiene normas jurídicas, directamente aplicables, sino postulados políticos y morales. Resultaría irrelevante para el Ordenamiento constitucional que se afirmase, por ejemplo, que «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional» o que «El derecho catalán es aplicable de manera preferente». Ninguna importancia poseen tales enunciados si no son luego incluidos en el articulado del Estatuto.

Con esta argumentación se está reproduciendo la distinción entre declaración de derechos y garantía de derechos. Fue una polémica que se entabló entre los juristas a finales del siglo XVIII. Los Preámbulos de los textos constitucionales (también ahora de los Estatutos de Autonomía) serían demasiado imprecisos para poder ser considerados auténticas prescripciones, mandatos de hacer algo o de dejar de hacerlo. «Se enuncian en los Preámbulos principios de carácter político, o incluso de carácter moral, pero no hay en ellos reglas jurídicas de obligado cumplimiento», se aduce en contra del valor de los Preámbulos.

Ha contribuido a crear el confusionismo la equiparación de los Preámbulos a las Exposiciones de Motivos que suelen encabezar las leyes. Se trata, sin embargo, de dos clases distintas de textos. En las Exposiciones de Motivos, como su nombre indica, el legislador explica las razones que le han llevado a elaborar las nuevas normas. El Preámbulo, por el contrario, anticipa las ideas que han de configurar el sistema constitucional, o el régimen estatutario, debiendo manifestar las opiniones en las que la mayoría está de acuerdo.

Ahora bien, en todos los Preámbulos constitucionales (también en los estatutarios) hay generalmente dos clases de afirmaciones. Unas son verdaderas prescripciones jurídicas que poseen la misma fuerza vinculante que los preceptos del articulado. Además de con las más asombrosas proclamas («Cataluña es una nación»; «España es un Estado plurinacional») nos topamos ahora con la siguiente declaración: «Este es un Estatuto de personas libres para personas libres», lo que parece querer decir que se elimina de Cataluña cualquier tipo de dependencia o servidumbre que atente contra la libertad de las personas. ¿Sólo en Cataluña?

En el Preámbulo, sin embargo, abundan las proclamaciones que no son auténticas normas jurídicas. Valga un ejemplo: «Cataluña es un país rico en territorio y gente, una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos y la refuerza para el tiempo venidero». No es admisible, en el debate público de estos días, ampararse en las frases más o menos retóricas que figuran en el Preámbulo, carentes como tales de eficacia jurídica, para sostener que todo lo que se
afirma en el Preámbulo no debe preocupar a nadie. La Constitución quedaría a salvo.

Una infravaloración constitucional de los Preámbulos ha sido rechazada por notables juristas que se han interesado por el tema. Concretamente en Francia se discutió mucho sobre el Preámbulo de la Constitución de 1946, luego reafirmado en el texto de la V República, en 1958. Como razón de peso en pro de la fuerza vinculante de los Preámbulos se dijo que en el referéndum se sometía a la aprobación popular la totalidad de los textos, con los Preámbulos incluidos, y que sería ilógico restar importancia a unas declaraciones efectuadas en los Preámbulos y sancionadas favorablemente de forma directa por los ciudadanos.

Los Preámbulos de las Constituciones (y de los Estatutos) deben ser redactados con especial cuidado ya que sirven de guía a los intérpretes. En ellos se condensa, en unos párrafos, lo que el constituyente (o el estatuyente) quiere regular. Un buen Preámbulo reduce las dudas y las incertidumbres que frecuentemente generan los documentos normativos.

Nos enseñó Georges Vedel que con el Preámbulo «se puede introducir un cierto orden en el caos». Y el maestro murió sin conocer el proyecto de Estatuto de Cataluña. ¿Qué nos diría ahora? El Preámbulo del proyectado Estatuto es, además de ambicioso y anticonstitucional, confuso, desordenado. Es el caos que, con su aguda mirada, entreveía el gran profesor francés.

Caótico y aislacionista. Juan Velarde Fuertes nos acaba de poner de manifiesto que el proyecto de Estatuto está impregnado de un particularismo enfermizo: para poder «vivir aparte» se acepta vivir mucho peor. Las palabras de Ortega en 1932 recobran especial actualidad: «El problema catalán es un caso corriente de nacionalismo particularista». No les importa romper vínculos con el resto de España. Se vivirá peor económicamente, culturalmente, judicialmente, financieramente, universitariamente, pero se vivirá aparte, de modo diferente. El gran objetivo, «el hecho diferencial», al alcance de la mano.

Se atribuye plena autonomía financiera y convierte a los ayuntamientos en un apéndice

2005-11-21T23:18:00.000+01:00

El Estatuto Catalán artículo por artículo (XLIX)

Los artículos 215 al 220 del Estatuto hacen referencia a los presupuestos de la Generalidad. El artículo 215 señala que ésta «tiene competencia exclusiva para ordenar y regular su hacienda». Ello vulnera dos artículos de la Constitución. Elprimero de ellos, el 133, indica que la «potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado». El segundo, el 149, atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de tributos. La Generalidad puede administrar sus ingresos de forma autonóma pero no puede «ordenar y regular», como dice este artículo.

El artículo 217 atribuye a las emisiones de la Generalidad «los mismos beneficios que los que emite el Estado». Será el Estado quien deba establecer esta equiparación, puesto que la Generalidad no puede, por ejemplo, conceder beneficios fiscales a una emisión de deuda. El artículo 218 señala que la Generalidad debe «establecer los límites y condiciones para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria». Luego matiza que ello debe realizarse dentro de «los principios básicos establecidos por el Estado y la normativa europea».

La única instancia legal competentente para establecer compromisos de gasto es el Parlamento español. La Generalidad no puede aplicar directamente la normativa europea. Para terminar este apartado, el artículo 220 dice que «la Generalidad puede constituir empresas públicas». Ello supone el reconocimiento legal de unarealidad, pero hay que matizar que el artículo 128 de la Carta Magna indica que el Parlamento puede regular el sector público por ley. Por tanto, la libertad de iniciativa de la Generalidad debe enmarcarse dentro de esta limitación. Losartículos 221 al 225 hacen referencia a las haciendas de las corporaciones locales.

En el artículo 221, la Generalidad se atribuye «velar por el cumplimiento» de los principios que rigen la administración de las haciendas locales. Ello es una invasión de competencias, ya que los ayuntamientos son autónomos.El artículo 140 de la Constitución habla de «autonomía» de las corporaciones locales y sitúa la responsabilidad de la gestión en los alcaldes y los concejales elegidos democráticamente.

El art. 222 indica que la generalidad puede «regular y establecer» los impuestos locales, lo cual vuelve a chocar con lo que establece el artículo 140 de la Carta Magna. La Generalidad se atribuye también abusivamente la capacidad de distribuir la financiación del Estado a los municipios. Por último, el art. 224 indca que el Parlamento catalán debe aprobar su propia ley de haciendas locales. El espíritu de este apartado es convertir a los ayuntamientos en un mero apéndice administrativo de la Generalidad.

El Mundo.

Las consecuencias económicas del Estatuto

2005-11-20T11:18:00.000+01:00

Por Roberto Centeno (18/10/2005)

Uno de los mitos elevado a la categoría de dogma por don José Luis Rodríguez Zapatero, y hasta cierto punto aceptado por la oposición, es que el bienestar económico actual es debido fundamentalmente al Estado de las autonomías, una de las falsedades más absolutas que cabe imaginar, ya que la realidad es justo la contraria. Hemos llegado al nivel de prosperidad actual a pesar del Estado de las autonomías, pero estamos muy por debajo del nivel de bienestar y cohesión social que hubiéramos alcanzado sin ellas, por lo que el incremento de competencias que el señor Zapatero pretende, agudizará aún más los graves problemas que este sistema supone, donde a día de hoy, prácticamente, nos hemos quedado sin Estado.

La demostración de esta afirmación es sencilla aunque previamente parece necesario aclarar, pues una gran mayoría de ciudadanos lo desconoce, que el Estado autonómico es un sistema de organización política inexistente en el resto del mundo y una gigantesca chapuza tanto en lo político como en lo económico. En lo político, ha desvertebrado España y no lo contrario, como mendazmente se afirma; ha creado barreras y divisiones donde no las hubo jamás, y ha facilitado extraordinariamente el camino para la desintegración del país.

En lo económico, es una auténtica losa para el crecimiento, el bienestar, y la cohesión social. Las razones son perfectamente cuantificables y verificables por cualquier persona intelectualmente honesta que sepa sumar y restar.

a) En primer lugar, el Estado de las autonomías es un sistema extraordinariamente caro, ineficaz, e insolidario. Extraordinariamente caro porque necesita tres veces más funcionarios para su gestión, 2.100.000 a día de hoy frente a 700.000 que necesitaría un sistema no autonómico. Sólo este concepto está restando entre un punto y un punto y medio al crecimiento del PIB cada año. Ineficaz, porque permite que un gran número de funcionarios sea seleccionado por su lealtad política en lugar de por sus conocimientos, e insolidario porque al trocear el Estado se hace mucho más difícil cuando noimposible una distribución justa de la riqueza. El caso más clamoroso es el del País Vasco, cuya aportación al resto del país, el famoso cupo, es una cifra irrisoria.

b) En segundo lugar, y como consecuencia de este disparatado sistema, el gasto público total controlado por el Gobierno es sólo del 30%, frente al 70% en los estados federales o casi el 90% en los centralizados. Esta cifra hace imposible en la práctica la implementación de una política fiscal efectiva, la única que tenemos que coadyuve al crecimiento, a la eficiencia y a la equidad.

c) En tercer lugar, es un hecho conocido que cuanto más descentralizada es una economía, peor puede aprovechar las ventajas económicas que ofrece la pertenencia a una unión económica y monetaria. Por ello, existe una tendencia cada vez mayor a la centralización en la UE, y particularmente en los estados federales.

d) Como consecuencia de lo señalado, el crecimiento efectivo del PIB español lleva 25 años situándose por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial, algo reiteradamente señalado por todos los analistas e instituciones.

e) Todo esto ha producido un enorme impacto económico. Para cuantificarlo, la referencia más clara es la comparación entre lo ocurrido con la economía de Irlanda y con la economía española desde nuestra entrada en la UE hace 20 años. En 1985, la renta per capita de España era similar a la de Irlanda y se situaba alrededor de los 10.000 euros. En 2004, 20 años después, la renta per capita de España se ha doblado, lo que significa que evidentemente hemos mejorado, pero esa no es la cuestión, ya que mejorar cuando todos lo demás lo hacen no es suficiente. La cuestión es si hemos mejorado todo lo que debíamos, y el resultado es sencillamente estremecedor. Irlanda, partiendo de una posición similar a la española, y con una tasa de crecimiento potencial por debajo de la nuestra, al no tener que soportar la losa de una organización política disparatada, ha conseguido sistemáticamente crecimientos efectivos superiores a los nuestros, y el resultado es que Irlanda es hoy el tercer país más rico de la UE, con una renta per capita de 33.000 euros/año , un 65% superior a la española. Este y no otro es el balance económico del Estado de las autonomías, es decir, ha impedido que España aproveche una oportunidad única y se haya situado como Irlanda a la cabeza de Europa.

En definitiva, un desastre histórico sin paliativos. Y para acabar de completar el análisis, el Estado de las autonomías ha abierto la vía a todo un sistema de corrupciones y corruptelas, no sólo inexistentes sino ni siquiera imaginables en la Administración central del Estado. Además, y esto es esencial de cara al futuro, el actual modelo de crecimiento, basado en el consumo interno financiado con un endeudamiento masivo de familias y empresas, es absolutamente insostenible y va a desembocar en una profunda crisis económica en cuanto se eleven los tipos de interés hacia su nivel neutral.

Pero todo esto queda empalidecido por las consecuencias económicas que producirá el Estatut sobre el conjunto de España, y particularmente sobre las comunidades autónomas más pobres, como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia, algo que tan falaz como cobardemente los presidentes y diputados socialistas de estas comunidades están ocultando a sus electores.

Porque el problema no se reduce, como ingenuamente piensan muchos ciudadanos, a que Cataluña se autoproclame como nación y niegue a la vez a España la condición de tal, ni tampoco a que España haya sido expulsada de Cataluña donde se discrimina y persigue nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra historia común, ni siquiera a que el Gobierno catalán pretenda blindar sus ríos y competencias o que se arrogue el derecho a anexionarse todos los territorios que lingüística, cultural o históricamente, sean o hayan sido catalanes, como Valencia, Baleares, Aragón o el territorio italiano de Alghero. El problema esencial es económico, ya que en términos prácticos y para que cualquiera pueda entenderlo, el sistema de financiación previsto en el Estatut consagra el derecho del Gobierno catalán al saqueo continuo y sistemático del resto de España, para compensar su absoluta incompetencia que está promoviendo la deslocalización y el empobrecimiento relativo de Cataluña, frente a otras comunidades mas dinámicas y mucho mejor gestionadas.

En concreto, el Estatut pretende:

a) La recaudación de la totalidad de impuestos generados por las empresas catalanas, y ello a pesar de que el 70% de los mismos, IVA e impuesto de sociedades, se generan fuera de Cataluña. Y aunque sólo les corresponden los impuestos soportados en Cataluña, para empezar a hablar, y esto es crucial, todo el dinero lo tienen ellos, el suyo y el nuestro, así como la exclusividad en la inspección de todas las empresas radicadas en Cataluña, con lo que todo está en sus manos, el dinero y la forma de comprobarlo y asignarlo.

b) Una vez que el dinero está en manos del Gobierno catalán, se empieza a discutir, en condiciones paritarias, es decir de Estado a Estado, qué parte se devuelve al Gobierno de lo que queda de España. Un procedimiento tan inaceptable como conflictivo, pero la sartén por el mango la tiene el tripartito con el dinero y la inspección, pues si no hay acuerdo no hay dinero.

c) El Gobierno catalán pone además unos límites y unas condiciones a su aportación absolutamente inaceptables y ofensivos. Así, limita sus aportaciones a que su renta relativa al resto de España no retroceda, es decir, que si su incompetencia perfectamente acreditada produce un retroceso económico, como es el caso hoy, las consecuencias no las pagan ellos, sino el resto de los españoles.Pero además de este limite absoluto existe un segundo límite para reducir aún más su aportación, y que con una apariencia de equidad es una pura trampa. Me refiero al hecho de exigir un esfuerzo fiscal equivalente al resto de España.

Es una trampa, porque el concepto de esfuerzo fiscal es algo indefinido y no objetivable. ¿El esfuerzo de una región rica ha de ser igual al de una pobre? En la práctica, esto es una fuente permanente de conflictos que permitirá al Gobierno catalán reducir su aportación tanto como le venga en gana Pero estos no son todos los límites. Además, y para mayor desprecio y oprobio al resto de España, su aportación está condicionada a que el tripartito catalán esté de acuerdo en qué y en cómo se gaste.

Así por ejemplo, si contribuyen al mantenimiento de las Fuerzas Armadas (que es casi lo único que queda, ya que en el plano internacional van a tener su propia voz) y no están de acuerdo con sus misiones, por ejemplo con que defiendan la unidad de España o defiendan los límites geográficos de España, como Ceuta y Melilla, pues no pagan y en paz. El Estatut prohíbe tajantemente que el Gobierno de lo que queda de España intervenga en Cataluña, pero se arroga el derecho a que el Gobierno catalán intervenga en todas las instituciones españolas, desde el Banco de España a RTVE. Pero es que hay más, increíblemente, el Gobierno catalán se arroga el derecho a vetar el Presupuesto español.Esto ya no es siquiera que Cataluña se configure como una nación independiente con derecho a expansionarse, es una situación de vasallaje como la que impondría un país vencedor a otro vencido.

e) El Estatut se arroga también el derecho a intervenir en todas las instituciones financieras que operen en Cataluña, pero las cajas catalanas que operan en toda España son de su exclusiva competencia en cuanto a supervisión y control. Y lo que ya resulta el colmo de los colmos: el Gobierno catalán se atribuye el derecho a decidir la política crediticia de las cajas catalanas, a pesar de que una mayoría de sus recursos son de no catalanes, y como guinda de todo este despropósito, los beneficios de las cajas dentro de los fines genéricos a que deben destinarse serán asignados según los deseos del tripartito, es decir, el derecho al saqueo de España.

El resultado práctico de todo esto es que, dependiendo totalmente Cataluña del mercado español y no pudiendo sobrevivir sin él, se cambia la oración por pasiva y el mercado español pasa a ser una colonia de Cataluña como si se tratara de un país conquistado o vencido. Y desde un punto de vista personal, es decir, de lo que esta rendición incondicional del Gobierno de España ante esta nueva forma de colonialismo va a representar individualmente a millones de familias, la conclusión es muy clara: las comunidades más ricas, en legítima defensa, van a exigir el mismo trato y, a partir de este momento, las familias de las comunidades más pobres pasan a ser familias de segunda clase, con prestaciones y derechos recortados, con su nivel de bienestar sensiblemente recortado y además no podrán mantener el sistema actual de pensiones.

Esto es lo que va a suceder irremediablemente en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, precisamente las regiones que más han contribuido con suvoto a colocar en el poder al autor de esta increíble felonía, es decir, a don José Luis Rodríguez Zapatero.

Roberto Centeno es Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.
© El Mundo

El Estatuto de Cataluña y la 'West Lothian question'

2005-11-19T10:24:00.000+01:00

Artícuo de Luis María Díez-Picazo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad deCastilla-La Mancha publicado en El País. 18-11-2005

La proposición de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña y remitida a las Cortes Generales no sólo plantea conocidas dudas en cuanto a su conformidad con la Constitución, sino que puede suscitar también algunas reservas en términos de democracia de las que se habla sorprendentemente poco. Se trata, en concreto, de un problema de teoría de la democracia conocido como la West Lothian question.

Fue formulada por vez primera a finales de los años setenta, cuando se comenzó a debatir la posibilidad de dotar a Escocia de autonomía, por un político llamado Tam Dalyell, que era diputado liberal precisamente por la circunscripción de West Lothian, cerca de Edimburgo. El problema puede enunciarse así: si el Parlamento escocés recibe competencia sobre un amplio número de materias, incluidas aquellas que afectan más directamente a la vida de los ciudadanos, ¿por qué debería seguir habiendo diputados escoceses en el Parlamento del Reino Unido, con poder para deliberar y votar sobre asuntos que no conciernen ya a Escocia, sino sólo a las otras partes del país (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte)?

En otras palabras, ¿por qué los escoceses deberían tener voz en los asuntos de los ingleses, galeses y norirlandeses, mientras que éstos no la tienen en los asuntos de los escoceses? Que la West Lothian question no es un capricho académico lo demuestra el hecho de que ha sido -y sigue siendo- muy discutida en el Reino Unido, máximedespués de que Escocia obtuviera efectivamente la autonomía en 1998. Baste mencionar el ejemplo de dos polémicas leyes aprobadas por el Parlamento del Reino Unido durante la pasada legislatura: una relativa a la transformación de los hospitales públicos en fundaciones y otra sobre incremento de las tasas universitarias. Pues bien, la mayoría a favor de ambas leyes fue muy estrecha y, aunque gran parte de su contenido no es de aplicación en Escocia, nunca habrían salido adelante sin el decisivo voto de algunos diputados escoceses.

El problema es controvertido y, como se verá enseguida, no tiene fácil solución. No es extraño que haya recibido respuestas muy distintas. De entrada, están quienes sostienen que se trata de un falso problema. Unos piensan que elproblema es falso porque el Parlamento del Reino Unido puede siempre modificar, suspender o incluso suprimir la autonomía escocesa; y otros piensan que es falso porque cabría dotar de similar autonomía a las otras partes del Reino Unido, de manera que el desequilibrio desapareciera. Es dudoso que estas objeciones sean válidas en el propio contexto británico: por lo que se refiere a la primera, que la autonomía pueda ser suprimida no quita que, mientras subsista, el problema sea real; y en cuanto a la segunda, es dudosamente razonable que, para resolver la West Lothian question, haya que dotar de una autonomía similar a la escocesa a quienes no la desean.

En todo caso, es importante observar que nada de ello sería predicable de la situación creada por el nuevo Estatuto catalán. No es verdad que éste pudiera ser suprimido por las Cortes Generales, ya que la reforma de los estatutos de autonomía ha de hacerse mediante el procedimiento previsto por ellos mismos, con ulterior aprobación por ley orgánica estatal (artículo 147 de la Constitución). Y tampoco es verdad que cupiera generalizar a todas las Comunidades Autónomas lo previsto en el nuevo Estatuto catalán, por la sencilla razón de que ello significaría la desaparición del Estado. Se trata, por tanto, de un problema real, y así parece reconocerlo la mayor parte de quienes lo han examinado. Puede ser muy instructivo, así, para el actual debate sobre el nuevo Estatuto catalán examinar brevemente las tres respuestas principales que ha recibido:

1. Suprimir pura y simplemente la representación de Escocia en el Parlamento del Reino Unido. Ésta es la solución más radical. Solucionaría, sin duda, el problema democrático; pero su coste sería elevado, pues equivaldría a una secesión o, si se prefiere, a un repudio. Además, hay que tener en cuenta que, incluso en textos tan maximalistas como el nuevo Estatuto catalán, siempre quedan unas pocas materias de competencia del poder central, tales como la defensa y, en alguna medida, las relaciones internacionales.

2. Reducir la representación de Escocia en el Parlamento del Reino Unido. Se busca, así, que el peso relativo del electorado escocés en Londres corresponda a lo que Londres puede decidir con respecto a Escocia. Esta solución es menosradical, pero difícil de poner en práctica: ¿cómo se cuantifica el peso relativo de los asuntos sobre los que el Parlamento del Reino Unido sigue siendo competente en Escocia? Aquí conviene, por lo demás, hacer una breve digresión.Entre nosotros, alguien podría argüir que muchos ciudadanos de Cataluña sufren ya una merma de su peso electoral relativo, ya que las peculiaridades del sistema de elección del Congreso de los Diputados (sistema proporcional de lista, más circunscripción provincial, más tope constitucional máximo de 400 escaños) hacen que obtener un acta de diputado exija 20 veces más votos en las provincias más pobladas que en las menos pobladas. Ahora bien, siendo esto cierto, no hayque olvidar que el alejamiento español del ideal democrático "una persona, un voto" es neutral con respecto a las "reivindicaciones nacionalistas": es verdad que el voto de los ciudadanos de la provincia de Barcelona pesa mucho menos que el de los de la provincia de Palencia, pero lo mismo se podría decir de Madrid con respecto a Lérida. Lo único que razonablemente cabe inferir de estas actuales desigualdades en el peso relativo del voto es que a nuestro sistema electoral le vendría bien una revisión.

3. Establecer que los diputados escoceses en el Parlamento del Reino Unido sólo puedan deliberar y votar en aquellos asuntos que afectan a Escocia. Quizá ésta sea la solución más prudente, por ser la menos traumática. Pero tiene elinconveniente de la complejidad, ya que implicaría la existencia de un Parlamento con composiciones múltiples según los asuntos, y tal vez también con mayorías distintas en cada caso. A ello hay que añadir que no sería fácil elaborar la lista precisa de los asuntos en que los diputados escoceses -o catalanes- deberían tener voz y voto. Tratándose de la potestad legislativa, aún cabría usar como criterio las materias que sigan siendo de competencia del poder central; pero ¿qué pasaría con las atribuciones no propiamente legislativas del Parlamento como, por poner el ejemplo más obvio, otorgar o retirar la confianza al Gobierno?

Llegados a este punto, sólo resta hacer dos observaciones adicionales. Una es que invocar la West Lothian question no es neocentralista ni jacobino, por usar un término que sólo en la jerga política catalana tiene una connotación abiertamentepeyorativa. El problema de democracia que se acaba de exponer puede no surgir en el sistema más descentralizado que quepa imaginar, siempre que todos los territorios que lo componen tengan similares competencias y prerrogativas. El problema no deriva del grado de descentralización, sino de la asimetría, es decir, de que algún territorio disfrute de una posición (asunción de competencias estatales, blindaje competencial, administración de justicia propia, etcétera) que los otros territorios no tienen. Es precisamente la asimetría lo que impide hallar una solución satisfactoria a la West Lothian question, pues no está dicho que sea posible tratar como iguales a ciudadanos de territorios desiguales.

La otra observación es que centrar el debate sobre el nuevo Estatuto catalán sólo en la constitucionalidad del mismo, incluida la famosa calificación de Cataluña como nación, puede ser un error. No digo que el respeto por la Constitución no sea importante, ni que el uso de la palabra "nación" -o de sus derivados- sea trivial. No lo creo.

Ahora bien, discutir sólo de esto puede crear una cortina de humo que impida ver algo aún más importante: que el nuevo Estatuto catalán, tan celoso ante cualquier atisbo de intromisión, permitiría a los catalanes seguir participando como hasta ahora en los asuntos de los demás españoles, los cuales, sin embargo, carecerían de capacidad decisoria con respecto a Cataluña. Y esto equivaldría, ni más ni menos, a admitir la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Las constituciones nacen y mueren, e incluso naciones seculares pueden un día sufrir una dolorosa amputación; pero los postulados básicos de la democracia son los que son. Esto deberían tenerlo muy presente quienes han de decidir qué hacer con la proposición de nuevo Estatuto remitida por el Parlamento de Cataluña, pues es claro que este texto aspira a la vez al caldo y a las tajadas. Y si el dicho castellano resulta demasiado tosco, tradúzcase como que quiere al mismo tiempo le beurre et l'argent du beurre... et peut-être aussi la beurrière.

El Estatuto catalán artículo por artículo (XLVI)

2005-11-18T19:16:00.000+01:00

Crea una política exterior paralela y una delirante bicefalia diplomática

El capítulo III del Título V del Estatuto hurta a España de una de las prerrogativas clásicas de todo Estado, recogida en el art. 97 de la Constitución, que es la competencia exclusiva en política exterior. No sólo en el ámbito restringido de la UE, que ya hemos comentado, sino del mundo entero. Las bases de la «acción exterior de la Generalidad» se sientan en el art 194.El Gobierno catalán tiene la obligación de «impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en ese ámbito», y puede hacerlo o bien través del Estado español o bien «directamente».

Esta última precisión tiene implicaciones gravísimas: significa que Cataluña podría tener una política exterior paralela a la del resto de España, de la que incluso podría discrepar, lo cual derivaría en situaciones no ya absurdas, sino potencialmente muy perjudiciales para el conjunto de los españoles. El art.195 concreta esta delirante bicefalia diplomática al afirmar que la Generalidad «puede establecer delegaciones u oficinas de representación en el exterior». O sea, consulados y embajadas.Igual de inaceptable, desde el punto de vista de la defensa de la unidad del Estado, es el art. 197, que otorga a la Generalidad una prerrogativa que no tiene ningún otro gobierno autonómico por motivos obvios.

Ningún Estado puede someter los procesos de negociación de convenios internacionales al visto bueno de una administración local. Y menos aúnaceptar, como pretenden el art. 197, que la Generalidad «participe» en esos procesos e incluso «pueda concluir preacuerdos internacionales». El art.198, por otra parte, recoge el proyecto de Maragall de crear una euroregiónmediterránea, alentando de nuevo el sueño de los Países catalanes. Más polémico, en todo caso, es el art 199.De aprobarse el Estatuto, la Generalidad podría participar «de forma autónoma» en lo que ambiguamente se define como «los organismos internacionales competentes en materia de interés relevante para Cataluña», una categoría que no sólo incluiría a la citada Unesco.

Este empeño en romper la unidad de acción y proyección exterior de España también queda nítidamente reflejada en el art. 201, según el cual la Generalidad «debe promover la proyección internacional de las organizacionessociales, culturales y deportivas de Cataluña».Se concreta y amplía así el anhelo nacionalista de que Cataluña pueda competir con sus propias selecciones deportivas. Es la misma aspiración que llevó a Maragall a apoyar la selección catalana de hockey en Macao y a sugerir que se buscara un nombre distinto para el equipo «del resto de España».

El Mundo.

La destrucción de la Constitución

2005-11-16T10:54:00.000+01:00

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela.

El proyecto de nuevo estatuto catalán sólo es comprensible a la luz de la tramitación del Plan Ibarreche. Todo lo ocurrido en torno a éste ha servido para allanar el camino de aquél. En su día escribí que el Plan Ibarreche no era, como algunos pretendían, una "reforma" de la Constitución. Antes bien, aquel proyecto establecía el surgimiento de un nuevo poder constituyente, el del "pueblo vasco", y la destrucción del poder constituyente español.

El poder constituyente español corresponde a toda la Nación. Por tanto, la amputación de un territorio español hace desaparecer a ésta como un todo, y por consiguiente al poder constituyente, que emerge de la soberanía de la Nación en su conjunto. Si no hay Nación española, no hay poder constituyente español y, por tanto, tampoco Constitución de España.

El Tribunal Constitucional decidió, con unos argumentos que he considerado insostenibles, rechazar la impugnación que el Gobierno de la Nación dirigió contra unas resoluciones (los acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa del Parlamento vasco) que no eran leyes (y, por tanto, no eran susceptibles de un recurso de inconstitucionalidad) pero que suponían poner a unos poderes públicos a trabajar por la destrucción de la Nación española y su poder constituyente. En aquel auto, el TC, asombrosamente, se negó a contestar la alegación de que el "Plan Ibarreche" destruía el poder constituyente español. Aunque el Gobierno introdujo esta alegación, ni un sólo pasaje del auto del TC entró a rebatir esta afirmación. Así, el Alto Tribunal, que debe velar por la integridad de la Constitución, dejaba al poder constituyente español indefenso ante cualquier tentativa secesionista. Con lo que quedaba políticamente amortizada la vía del artículo 161.2 para defender la Constitución. En adelante nadie se atrevería a pedir al Gobierno que la utilizara, pues se contraargumentaría que no era "viable".

Posteriormente, ya con el Gobierno de Rodríguez Zapatero instalado en la Moncloa, asistimos a la infamia de ver entrar con todos los honores en el Parlamento español una propuesta dirigida a destruir España. Y, lo que es más, la actual mayoría parlamentaria decidió considerar que aquel texto, esto es, la pretensión de aprobar una Constitución vasca, fuera tramitado como "proyecto de reforma estatutaria". El que no fuera tomado en consideración no resta ni un ápice de gravedad a la calificación de "reforma estatutaria" para un plan de secesión que destruía la Constitución. En adelante, fuera lo que fuera lo que un Parlamento autonómico llevara a las Cortes Generales, se creaba el clima político para calificarlo de "reforma estatutaria". Con esos antecedentes quedaba preparado el camino para el segundo asalto a la soberanía nacional: el proyecto de nuevo estatuto catalán.

Una vez que el TC descalificó el intento de que el Gobierno defendiera la soberanía nacional mediante la impugnación prevista en el artículo 161.2 de la Carta Magna, nadie podría exigir al nuevo presidente que acudiera. Una vez se aceptó que la aprobación de una Constitución vasca fuera calificada como "reforma estatutaria", nada impediría que el Parlamento español diera curso a este nuevo proyecto de destrucción de la Constitución.

El nuevo Estatuto catalán afirma la soberanía de la nación catalana

Ya en el preámbulo, el texto salido del Parlamento autonómico confiesa que pretende "determinar lliurement el seu futur com a poble" de Cataluña. Es decir, a Cataluña le correspondería un derecho de libre determinación, que no es sino una de las manifestaciones de un poder soberano constituyente.

Ese anuncio se confirma en otro pasaje, que habla del "dret inalienable a l'autogovern", lo cual es tanto como decir que el poder constituyente español no podría (como hizo en otras constituciones distintas de la de 1978) no reconocer a Cataluña un "derecho" al "autogobierno". Ése es uno de los que el preámbulo llama "drets nacionals de Catalunya". Una de las manifestaciones de la soberanía es la de dotarse de una Constitución; y, en efecto, el nuevo estatuto catalán confirma su carácter soberanista al considerar que "segueix la tradició de les constitucions i altres drets de Catalunya". Es decir, nos anuncia su vocación de ser "Constitución".

El preámbulo insiste en que el estatuto "defineix les institucións de la nació catalana i les seves relacions amb els pobles d'Espanya en un marc de lliure solidaritat amb les nacionalitats i les regions que la conformen, compatible amb el desenvolupament d’un Estat plurinacional". El corolario de esta afirmación no explícita, pero no por ello menos indubitada, de la soberanía de Cataluña es claro: por un lado, se afirma que "Catalunya és una nació", mientras que España no lo es, ya que "Catalunya considera que Espanya és un Estat plurinacional"; por otro, y como consecuencia de esa atribución, no explícita pero sí clara, de soberanía, "el dret català és aplicable de manera preferent".

Todas estas afirmaciones están contenidas en lo que el nuevo estatuto llama, expresamente, "Préambul". Ahora bien, el preámbulo es una institución propia de una Constitución. Las leyes no tienen "preámbulo", sino "exposición de motivos". En efecto, el legislador y el Poder Ejecutivo son poderes constituidos, y por eso mismo no pueden hacer todo lo que quieran. De ahí que deban motivar el por qué hacen una ley. Sin embargo, el poder constituyente, al ser soberano, no tiene obligación hacia nadie, por eso no hace una "exposición de motivos". Antes bien, proclama solemnemente lo que hace.

El preámbulo es el texto que sintetiza las afirmaciones políticas más importantes de la parte normativa de una Constitución. Esto le da un valor interpretativo importante. Justamente por ello, el hecho de que las anteriores afirmaciones se contengan en un "preámbulo" no sólo no les resta gravedad, sino que la aumenta. Y, en efecto, la lectura de la parte dispositiva del nuevo estatuto confirma los temores.

La primera premisa explicitada en el articulado es la de que "Catalunya és una nació" (art. 1.1). La segunda, la de que "els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució" (art. 2.4). Este artículo, quizá el más importante de todos, diferencia claramente la titularidad y el ejercicio del poder. Y la conclusión es clara: la primera emana del "poble de Catalunya". Por tanto, la titularidad del poder de la Generalidad, es decir, el poder originario, está en el "poble de Catalunya" y no en el español, como afirma el artículo 1.2 de la Constitución española. Ese poder, cuya titularidad es del "poble de Catalunya", se ejerce "d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució". Algo que reitera el artículo 1.2 del estatuto ("Catalunya exerceix el seu autogovern per mitjà d'institucions pròpies, constituïda com a comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i aquest Estatut").

No tiene nada de particular, porque los poderes cuya titularidad originaria corresponde al pueblo español también pueden ser ejercidos por la Unión Europea o por otros organismos internacionales, según lo previsto en el artículo 93 de la Carta Magna.

Pero lo importante es que son de titularidad española, y el titular del poder puede, en todo momento, decidir que se ejerzan de otra manera. El estatuto ha afirmado la soberanía nacional del "poble de Catalunya", que aparece como titular del poder. Ese titular podrá determinar en el futuro que en lugar de ejercerse "de acuerdo con la Constitución y el Estatuto" se ejerza sólo de acuerdo con este estatuto, o con otro que llegue en el futuro.

El nuevo estatuto destruye la Constitución española.

Un autor clásico, Carl Schmitt, distinguió de forma irrebatible entre "reforma" y "destrucción" de una Constitución. Esa distinción ha sido retomada en España por el ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga, para decir que hay normas "inconstitucionales" y propuestas "anticonstitucionales", entre las que se encuentra el proyecto de nuevo estatuto catalán. En efecto, una ley "inconstitucional" pretende "reformar" ilegítimamente la Constitución, pero no destruye los pilares fundamentales de la misma. Una ley que regule el estatuto de los funcionarios públicos sin reconocerles el derecho a la huelga puede ser "inconstitucional", pero difícilmente se podrá decir que destruye la Carta Magna.

La Constitución es un edificio que está construido sobre dos pilares básicos e interconectados: la afirmación de la "Nación Española" y la atribución de su soberanía (la "soberanía nacional") al "pueblo español", del que emanan "los poderes del Estado". Todos los poderes del Estado. El proyecto de nuevo estatuto catalán no es otra cosa que la voladura de esos pilares, ya que elimina la "Nación Española", convertida en un "Estado plurinacional", y considera que existen poderes que ya no emanan del pueblo español.

El CGPJ encuentra 17 motivos de inconstitucionalidad en los artículos sobre Justicia del Estatuto catalán.

2005-11-15T10:13:00.000+01:00

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un informe que denuncia diecisiete tachas de inconstitucionalidad -en el tema judicial- en el proyecto de Estatuto catalán que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. El documento, redactado por José Luis Requero, concluye que el proyecto del Estatuto catalán "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal", que "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial, seleccionaría a sus propios jueces ".

El estudio jurídico ha sido redactado por el vocal José Luis Requero y será analizado el próximo jueves por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ. El informe sostiene que la propuesta de crear un Consejo de Justicia de Cataluña "es inconstitucional desde el momento en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad", añade.

Requero destaca que es inconstitucional porque desborda el marco para el que nacieron las autonomías, que fue la gestión de sus respectivos intereses, "para decirle al Estado cómo quiere que se regule el gobierno del Poder Judicial en Cataluña". El documento también recuerda que "es inconstitucional porque inserta el principio autonómico en el Poder Judicial, lo que supone llevar al ámbito del Poder Judicial la idea del reparto territorial del poder político y la atribución a las autonomías la titularidad de los poderes públicos".

"Es inconstitucional -prosigue el documento- porque en Cataluña el CGPJ quedaría relegado a la condición de órgano de gobierno de la Justicia de segundo grado, residual, estableciendo una suerte de "administración única" judicial. En virtud de esa postergación, la Justicia en Cataluña sería directamente gobernada por el Consejo de Justicia".

Ha sido encontrado otro motivo de inconstitucionalidad en que "el Consejo de Justicia de Cataluña se diseña como un órgano de gobierno externo cuya composición emana por entero del Parlamento catalán. Se configura como un anexo añadido al sistema institucional catalán y lleva el gobierno del Poder Judicial a la órbita de las instituciones de la Generalidad, defraudándose el modelo constitucional".

Descentralización

También iría en contra de lo dispuesto por la Carta Magna que el proyecto acuda a la invocación del principio de desconcentración de funciones para mantener -sólo formalmente- el carácter estatal del Consejo de Justicia. "Es el envoltorio del principio autonómico, verdadero contenido de la Propuesta, todo lo cual lleva a que el verdadero principio que rige sea el de descentralización", razona Requero.

Sostiene también que es inconstitucional "porque materialmente no hay desconcentración sino "reconcentración": el Consejo de Justicia que diseña no descarga de competencias al CGPJ, no se concibe desde el principio de eficacia; por el contrario asume competencias ya desconcentradas en los órganos de gobierno de juzgados y tribunales". "Es contrario a la Constitución porque duplica el modelo político-constitucional de gobierno del Poder Judicial, reservado constitucionalmente sólo en el CGPJ", añade el documento.

Además, señala que "bajo el amparo de lo que sí puede hacerse, como es crear órganos estatales de gobierno judicial desconcentrados territorialmente, por razón de la forma de componerse, de las competencias y de la falta de subordinación plena al CGPJ, se producirá el efecto equivalente a lo que la Constitución impide: que las Comunidades Autónomas tengan su propio órgano gobierno judicial".

Asimismo, señala que con la Propuesta de reforma estatutaria el Estado crearía unos órganos estatales -los Consejos de Justicia- "cuyo uso y explotación cedería a las Comunidades Autónomas, propiciando un fraude constitucional: se alumbraría una suerte de "usufructo institucional".

Otra causa de inconstitucionalidad, para Requero, es que sustrae al CGPJ la potestad de libre nombramiento de Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, de las Salas de ese Tribunal y de las Audiencias Provinciales. "Es inconstitucional porque crea un nuevo órgano judicial: la Sala de garantías estatutarias; en este mismo motivo de inconstitucionalidad incurre la Propuesta de reforma del Estatuto valenciano, si bien no prevé un órgano concreto sino que lo hace de forma general e innominada", agrega.

Efecto "equivalente" a la autodeterminación

Además cree que es inconstitucional porque obliga al Estado a transferir o delegar a la Generalidad la competencia del Estado de fijar la demarcación judicial, y porque permite que Cataluña convoque sus propias oposiciones y concursos para ingresar en la Carrera Judicial.

Agrega que es inconstitucional porque impone a jueces y magistrados la obligación de conocer el catalán, y porque prevé que los jueces y magistrados, integrados en un Cuerpo único y que ejercen una función de titularidad estatal, sean gobernados por un órgano de gobierno ni previsto ni deducible de la Constitución, conformado desde las instituciones catalanas.

En definitiva, Requero apunta que la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña es inconstitucional y lo seguiría siendo aun cuando sus determinaciones fuesen asumidas por el Estado mediante una reforma de la LOPJ, "en cuyo caso también la LOPJ sería inconstitucional". Por otro lado, el informe subraya que, además del CGPJ, los presidentes de tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas y los jueces decanos de las provincias se han mostrado en contra de los consejos autonómicos de Justicia previstos por el Gobierno.

Para Requero, la propuesta catalana difiere del proyecto de poder judicial previsto para el País Vasco en el "Plan Ibarretxe", a través del ejercicio del derecho de autodeterminación, pero en la práctica produciría un efecto equivalente. El vocal añade que la "reconducción constitucional" del nuevo Estatuto es "compleja".

LD

La minoría progresista del CGPJ también pone objeciones al Estatuto.

Algunos magistrados de Jueces para la Democracia (JpD) no están conformes con algunos aspectos del “Estatut”. Muestran su disconformidad en materia lingüística y en lo relacionado con la “justicia de proximidad”.

La noticia entera en ECD

Felipe González reclama una "solución a la alemana", una gran coalición PSOE-PP

2005-11-14T10:51:00.000+01:00

El pasado domingo, 13 de noviembre, en la ciudad germano-oriental de Eisenach, Felipe recibió el Premio Wartburg por su destacada labor en pro de la integración europea. El Premio Wartburg se entrega desde 1992 a personalidades comprometidas con el proyecto europeo, y entre quienes lo han recibido figuran los antiguos ministros de exteriores de Alemania y Francia, Hans-Dietrich Genscher y Roland Dumas, y el ex presidente alemán Richard von Weizsaecker.

La ceremonia comenzó con una recepción, seguida de la presentación del político español, la lectura de la lección magistral de premiado rubricado todo ello por una cena de gala.

Y fue en la cena donde, sin los agobios del protocolo, el ex presidente español se soltó el pelo ante sus vecinos de mesa. Hablando en tono muy crítico de la situación española, particularmente del problema provocado por el Estatuto catalán, González llegó a decir que la única salida que veía a esa situación era “la solución alemana”, es decir, la formación de una gran coalición entre PSOE y PP. A grandes males, grandes remedios.

En el clima informal y campechano de una cena entre amigos, González vino a manifestar la tremenda preocupación que sentía por la espiral abierta por Zapatero, hasta el punto de que si la situación continúa deteriorándose por culpa de las apetencias nunca suficientemente satisfechas de los nacionalismos, la única solución para España consistiría en imitar una salida a la alemana, es decir, una grossen coalition entre PP y PSOE.

Felipe tuvo duras palabras de reproche para el actual presidente del Gobierno: descontento profundo con Rodríguez Zapatero, que ha abierto un melón con una irresponsabilidad total, y particularmente crítico con Maragall.

La espectacular fortaleza medieval de Wartburg es famosa, además de porque en ella situó Wagner su ópera Tannhaueser, porque allí tradujo Lutero el Nuevo Testamento (la habitación donde trabajó es una especie de lugar de peregrinación protestante), y porque de allí partió a principios del siglo XIX el movimiento estudiantil en favor de la unidad alemana. Puede que de allí parta también el movimiento que, desde las filas del propio PSOE, aparte de la política a Rodríguez Zapatero y haga de él un hombre feliz en la vida civil, lejos de cosas tan serias como la presidencia del Gobierno de España.

PD.- Y digo yo, ¿ por qué no dice las cosas donde tiene que decirlas?

EC

Consensos

2005-11-14T10:08:00.000+01:00

Artículo de Enrique Gil Calvo publicado en El País el Lunes, 14 de noviembre de 2005.

El debate sobre el Estado de las autonomías, celebrado la semana pasada en el Senado, parece haber enterrado definitivamente el proyecto estrella que Rodríguez Zapatero había programado estratégicamente para llenar de sentido su primera legislatura. Me refiero a su célebre agenda territorial destinada a refundar la "España plural" como si se tratase de una segunda transición, agenda que abarcaba tres puntos fundamentales: la instauración de la Conferencia de Presidentes autonómicos, la reforma del Senado como nueva Cámara de representación territorial y la redacción de nuevos estatutos de autonomía de orientación federal en Cataluña y el País Vasco, con la esperanza de resolver para siempre el conflicto del nacionalismo irredento.

Pues bien, en sólo dos meses, todo ese quijotesco proyecto se ha venido abajo como un castillo de naipes. El 10 de septiembre se cerró la II Conferencia de Presidentes con un evidente fracaso. El 30 de septiembre se aprobó en Barcelona un proyecto de nuevo Estatuto catalán que resultaba completamente inviable. Es verdad que hace dos semanas, el pasado 2 de noviembre, semejante proyecto fue aceptado a trámite por el Congreso de los Diputados. Pero la oposición ya advirtió de que no piensa cooperar en su reforma, por lo que sin su colaboración ese proyecto sólo podrá ser aprobado de acuerdo con el diseño confederal que conviene a los partidos catalanes, provocando el rechazo mayoritario del resto de españoles. Finalmente, este pasado 9 de noviembre, ante tantas adversidades, el presidente Zapatero ha acabado por tirar la toalla, renunciando públicamente desde la sede del Senado a seguir adelante con la reforma de la "España plural" que tanto ambicionaba.

Era de esperar, pues ese proyecto de refundación del Estado autonómico sólo debía salir adelante con el consentimiento de la oposición, que a este respecto tiene un legítimo poder de veto quizá no jurídico pero sí desde luego político. Y esto Zapatero no lo podía ignorar, a pesar de lo cual siguió adelante con su empeño sin tratar de negociarlo seriamente con Rajoy. ¿Por qué mantuvo vivo su proyecto a sabiendas de que no contaba con el plácet de la oposición? Se ha dicho que lo hizo por un cálculo maquiavélico, deseando descolocar al Partido Popular con la esperanza de obtener la mayoría absoluta en 2008. Pero, de ser así, se equivocó de medio a medio, pues le ha salido el tiro por la culata y ahora lo que peligra es su propia reelección, que a este paso cada vez resulta más problemática. También se ha dicho que su empecinamiento se debe a un sectarismo doctrinario que le lleva a oponerse dogmáticamente a la derecha conservadora. Pero esta obcecación no parece realista en un gobernante con una mayoría tan escasa, pues dada su patente debilidad, provocar a la oposición resulta casi suicida. De modo que para entender su insistencia lo mejor es atribuirla a una fe ciega en las virtudes mágicas del diálogo político.

El presidente Zapatero se muestra devoto creyente en la habermasiana democracia deliberativa, de cuyo debate público espera que emerja el consenso por generación espontánea. Así, bastaría con proclamar la voluntad de diálogo como quien dice "¡sésamo ábrete!" para que el benéfico consenso surgiese como maná caído del cielo. Pues bien, con el PP de Rajoy (y con la patronal eclesiástica de la enseñanza concertada), esa magia no ha funcionado. Y con el catalanismo de Mas y Carod tampoco, pues el proyecto de Estatut no es producto del consenso sino del chantaje y la imposición. Como ya constató Elster, la democracia deliberativa no funciona en las negociaciones asimétricas, donde el poder de cada parte está tasado y siempre se impone la decisión de quien pueda coaccionar la voluntad de los demás. Y esto ya debería saberlo Zapatero, a juzgar por cómo salió su negociación del proyecto de Estatut con Carod y Mas durante la última semana de septiembre. ¿Habrá aprendido algo nuestro presidente o tropezará de nuevo en la misma piedra por segunda vez, cuando tenga que renegociar con ellos la reforma definitiva del Estatut?"

El “Estatut” contiene sólo 7 veces la palabra “España”, 9 cita el Valle de Arán y 42 a la Unión Europea

2005-11-12T10:22:00.000+01:00

La palabra “España” es la gran ausente en el texto del nuevo Estatuto de Cataluña, donde se nota una soterrada resistencia a citar a la nación de la que forman parte los catalanes. Aparece menos veces que el Valle de Arán y muchas menos que la Unión Europea.

Como curiosidad, el nombre de España aparece solamente en siete ocasiones. Solamente una vez aparece como sujeto propio, cuando dice que España es “un Estado plurinacional”. En las restantes ya no es sujeto. Se cita dos veces cuando habla del “Banco de España”. Dos aludiendo a tratados internacionales de España. Dos, en referencia a los “pueblos de España”.

Por el contrario, el Valle de Arán figura en el texto nueve veces, y la Unión Europea es citada seis veces más que España, en cuarenta y dos ocasiones.

Por si fuera poco, cuando el Estatut se refiere a la Carta Magna, la llama únicamente “la Constitución”, sin especificar que se trata de la Constitución “española”, hasta el punto de que alguien que desconociera detalles del documento no sabría a qué texto constitucional se está refiriendo ni de qué país.

¿De qué nación hablamos?

2005-11-11T18:39:00.000+01:00

Artículo de Francesc de Carrera ayer en La Vanguardia.

A raíz de la propuesta de nuevo Estatut se ha reabierto, una vez más, el interminable debate sobre si Catalunya es una nación, si la nación es España y si es incompatible que ambas lo sean. Es probable que esta disputa pudiera aclararse un poco si partimos de que hay dos conceptos de nación absolutamente distintos. En efecto, uno es el concepto jurídico y político de nación, procedente de las ideas liberales e ilustradas; otro es el concepto cultural e histórico de nación procedente del romanticismo y el historicismo.

Nada tienen que ver el uno con el otro y, si los distinguimos, quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo o, por lo menos, en saber en qué consiste el desacuerdo.

Entendemos por nación en sentido político-jurídico aquel conjunto de personas que habitan un determinado territorio, cuyas relaciones están reguladas por una misma ley, están gobernados por unas instituciones políticas comunes y tienen garantizados los mismos derechos. La nación, así, se identifica con el Estado, con el Estado democrático de derecho.

En definitiva, ello significa que el pueblo soberano, la nación, se ha dotado de una constitución que le garantiza la igualdad de derechos mediante un Estado creado con esta única finalidad. El vínculo que une a estas personas para asegurar su igual libertad es objetivo, ya que tiene carácter jurídico: se trata de la ley creada por órganos representativos y democráticos.

La nación en sentido histórico-cultural es de naturaleza muy distinta. En este caso, la nación está constituida también por un conjunto de personas, como en la nación político-jurídica. Ahora bien, el vínculo que les une no es jurídico, sino que está basado en los sentimientos que a estas personas les suscitan determinados rasgos que caracterizan a la sociedad en que vive. Estos rasgos suelen ser, sobre todo, de carácter histórico, cultural, lingüístico, étnico o religioso. Por tanto, la nación histórico-cultural se basa en un vínculo subjetivo, ya que el sentimiento de pertenecer a una nación depende del modo que afecten a la identidad personal de cada uno estos rasgos, es decir, de la importancia que cada persona les conceda para sentirse integrada en dicha nación. Por tanto, el fundamento de este concepto de nación es una percepción subjetiva, se encuentra en la conciencia de pertenecer a una determinada comunidad configurada por unas características específicas.

Esta idea de nación histórico-cultural, en principio debería ser ajena al mundo de la política y del derecho, ya que los sentimientos de las personas están reservados a la esfera privada, es decir, un ámbito libre donde cada uno debe poder desarrollar su personalidad sin ningún tipo de coacciones, sin intromisión de los poderes públicos. Sin embargo, esta idea de nación histórico-cultural se ha introducido en la esfera de la política y del derecho por la creencia de algunos según la cual la libertad y la igualdad -los valores que garantiza el Estado de derecho- no son suficientes para crear la necesaria solidaridad entre los ciudadanos para que un Estado permanezca unido. Según los partidarios de esta idea de nación histórico-cultural, se necesita, además, encontrar sentimientos de identidad -la lengua, la cultura, la tradición, las formas de vida- capaces de unir a los ciudadanos más allá de los derechos que les garantiza la ley.

En todo caso, se trata, como se ha podido comprobar, de dos conceptos de nación totalmente distintos. Se utiliza la misma palabra para designar realidades diferentes. En la Constitución española, el término nación española se utiliza claramente en el sentido político-jurídico y equivale a otros términos que también figuran en ella como son España o pueblo español. En la nación, en el pueblo español, según el art. 2 CE, reside la soberanía, es decir, el poder constituyente.

El problema de que en la propuesta de Estatut de Catalunya se diga que Catalunya es una nación consiste precisamente en que, dado que el Estatut es una ley, según una interpretación jurídica elemental, se pueda deducir que en la nación catalana, en el pueblo catalán, reside la soberanía. En ninguna constitución histórica española ni en ninguna constitución extranjera de nuestro entorno cultural se utiliza la palabra nación en sentido histórico-cultural sino siempre en sentido político-jurídico, es decir, como conjunto de ciudadanos regidos por la misma ley. Además, para designar a territorios españoles con rasgos culturales diferenciados, es decir, como naciones en sentido histórico y cultural, la Constitución emplea el término nacionalidad.

Por tanto, es sospechoso el empeño en hacer constar en el texto estatutario que Catalunya es una nación. Es razonable pensar que bajo tal fórmula lo que se quiere decir es que en la nación catalana, en el pueblo catalán, reside la soberanía. Además, ¿por qué no se sigue utilizando el tradicional término nacionalidad, empleado por Pi i Margall y Prat de la Riba en el título mismo de sus más conocidos libros? Las leyes deben ser claras y precisas, no confusas.

En todo caso, que no figure en el nuevo Estatut que Catalunya es una nación no impide que nadie pueda pensarlo y proclamarlo. Una cosa es que las opiniones se utilicen en el ejercicio de la libertad de expresión y otra que figuren en una ley: las consecuencias son muy distintas. El problema consiste, pues, en saber de qué tipo de nación hablamos cuando la propuesta de Estatut dice que Catalunya es una nación.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Nacido para no ser leído

2005-11-10T12:12:00.000+01:00

por Josep López de Lerma

El histórico dirigente de Convergencia i Unió publicó ayer un revelador artículo en el diario económico 'Expansión' y hoy en El Mundo, en él que realiza una profunda crítica al proyecto de Estatuto catalán, al que llega a considerar «un disparate». Por su interés, reproducimos el texto íntegro.

El proyecto de Estatuto para Cataluña está redactado desde el barullo. Barullo en su necesidad innecesaria, en su gestación y en su redacción, que alcanza a lo identitario, a lo com-petencial, a lo individual, a lo numérico, a lo conceptual e incluso a la técnica legislativa usada. Pero parece que de esto nadie se ha enterado y que menos han sido todavía los que han valorado las repercusiones que puede tener en el futuro el texto remitido a Madrid.

Sólo así se entiende que el preámbulo, infame en lo conceptual y contradictorio en lo terminológico, no haya merecido la repulsa de un solo editorialista de Barcelona. O que en un país de sobriedad reconocida, como el nuestro, la retórica complaciente e impropia de un texto jurídico alumbre el proyecto estatutario. O que ningún padre proteste por ver limitada su responsabilidad «al marco de la comunidad educativa», regida por la Administración, como si Cataluña fuera la Cuba de Fidel Castro. O que ningún liberal, si todavía existen, proteste por el uso y abuso de verbos como «regular», «controlar», «intervenir», «ordenar» o «planificar», usados en 428 ocasiones en un texto de 247 disposiciones.

O que multiplique por 25 las apelaciones a la planificación que hace el vigente texto constitucional en homenaje postumo, supongo, a. Marx y a otros profetas de un sistema económico y social fracasado como es el comunismo. O que introduzca el indeterminado concepto de renta garantizada de ciudadanía, cuyo coste asegura nuevas cargas fiscales de alta cuantía recaudatoria, o que regule, incluso, el ambiente atmosférico en esa línea de ecologismo de campanario que sufrimos.

O que, atención colegios profesionales, dé a la Generalitat el derecho a manosear el modelo organizativo, presupuestario y disciplinario de los profesionales liberales. G, incluso, la regulación de la denominación de las asociaciones de tiempo libre, cosa a la cual nunca se atrevió el general Franco.

Supongo que por eso se niega, y con razón, que el Estatuto diseñe una Generalitat intervencionista; de hecho, se concibe como soviética respecto de la sociedad y de las personas la ciudadanía, a la cual debe servir, pero en la cual no se cree. Sorprendente es, y doloroso, que esa sociedad civil haya hecho mutis por el foro sobre el contenido de la reforma, que alegremente ha apoyado, pero que parece ignorar.

O el Estatuto ha nacido para no ser leído ni tampoco creído -pero, de aplicarse, se aplicará si resulta aprobado- o se ha dimitido del modelo liberal, emprendedor, creativo, moderno, responsable e innovador que Cataluña ha labrado en siglos, para caer en brazos de otro cuyo motor, regulador y arbitro es la Administración. Qué cosas, señores, se han escrito en sede parlamentaria. Pero, ¡si hasta la visión del paisaje se socializa! ¿Y ahora quién arregla este disparate?

Josep López de Lerma es abogado. Fue elegido diputado en el Congreso por primera vez en 1982 en las listas de CiU y repitió en las siguientes legislaturas hasta 2000. Fue vicepresidente de la Cámara Baja, portavoz del Grupo Catalán y miembro de la Ejecutiva de Convergencia.

La Generalidad se atribuye el control y la regulación de las entidades religiosas (XXXVIII)

2005-11-10T12:07:00.000+01:00

La Iglesia católica y demás entidades religiosas que operen en Cataluña tendrán que someterse a las leyes de la Generalidad, que se atribuye expresamente la competencia exclusiva en el artículo 161 del Estatuto.

El artículo 16 de la Constitución no pasa de reconocer la «libertad religiosa y de culto sin más limitación que el mantenimiento del orden público». Pero con el intervencionismo que caracteriza a este Estatuto, sus autores precisan que el Estado transferirá el registro de activades religiosas a la Generalidad.

Como sucede con la mayoría de los artículos del capítulo de competencias, este artículo choca con la existencia de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, que quedaría sin contenido en Cataluña. El mismo artículo 161 señala que, en materia de libertad religiosa, la competencia será «compartida» con el Estado. Pero subraya a continuación que cualquier acuerdo con las iglesias será prerrogativa exclusiva de la Generalidad, negando al Estado las competencias que la Constitución le atribuye.

Hasta la llegada de la inmigración musulmana en los últimos años, el Estado prácticamente no había intervenido en materia religiosa, respetando escrupulosamente la libertad de culto. La regulación del Estatuto parte de la filosofía contraria, dejando en manos de las instituciones catalanas la posibilidad de desarrollar políticas restrictivas de la libertad religiosa, que es sometida a un estricto control administrativo y burocrático en este artículo. El artículo 162 del Estatuto reconoce también las competencias exclusivas en materia de sanidad y ordenación farmacéutica.

La Generalidad ya tiene desde hace varias decadas transferidas las competencias sanitarias, pero este largo artículo regula hasta el último detalle para cerrar la puerta a cualquier intervención del Estado. Llega incluso a atribuirse la ordenación y planificación de «la salud animal», algo sin precedentes en los textos constitucionales. Llevados por este celo nacionalista, la Generalidad se atribuye el control de la formación sanitaria especializada, es decir, de la profesión médica, invadiendo de nuevo una competencia estatal.

El art. 162.4 fija que «la Generalidad participa a través de la Comisión Bilateral con el Estado en la fijación de las bases y en la planificación y la coordinación estatal en materia de sanidad».

Es decir, que la Generalidad pretende controlar la sanidad de todo el Estado a través de una relación bilateral con el Gobierno de la Nación, de la que estarían excluidas las demás comunidades. Por último, el art. 163 atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva sobre seguridad privada, materia no regulada en la Constitución.

El Mundo

El Estatuto catalán artículo por artículo (XXXVI)

2005-11-08T01:30:00.000+01:00

La Generalidad quiere manejar desde las políticas de género hasta las patentes o la publicidad

Continuando con la exposición de competencias que se atribuye la Generalidad en el Título IV, el artículo 153 del Estatuto se dedica a las Políticas de género, repitiendo cuestiones ya abordadas en el artículo 19 sobre Derechos de lasmujeres y en el 41, acerca de las Perspectivas de Género. Es una muestra de la falta de consistencia interna de un texto que, además, invade continuamente competencias del Estado cuando no se arroga el derecho a intervenir en la política estatal. El artículo 153 afirma que «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de políticas de género...».

Su aprobación podría llegar a suponer la derogación de facto en Cataluña de algunos aspectos de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, pues la Generalidad no sólo se atribuye en exclusiva la planificación, el diseño, la ejecución, la evaluación y el control del asociacionismo o las políticas contra la discriminación, sino la «regulación de los servicios destinados a conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia».El artículo 154 atribuye «competencia exclusiva» a la Generalidad en las actividades económicas que se ejercen principalmente en Cataluña y la «regulación y la ejecución» de materias tan delicadas como las concentraciones empresariales o las ayudas públicas.

Además, el Estatuto pretende que la Generalidad controle el establecimiento y regulación del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, lo que provocaría no sólo conflictos con el Tribunal de Defensa de la Competencia estatal, sino con directivas comunitarias.Continuando con el intervencionismo de la Generalidad en la vida económica, el artículo 155pretende consagrar el control de los derechos de propiedad intelectual e industrial. El texto habla sólo de «competencia ejecutiva», pero no es así, pues ésta incluiría mucho más, como la creación de registros, su regulación y la concesión y retirada de derechos. La Generalidad sólo estaría obligada a «informar al Estado» de lo que decidiera. En la práctica, el artículo obliga a España a aceptar las patentes que dicte Cataluña.

El Estatuto dedica el artículo 156 a atribuirse competencia ejecutiva en la protección de datos personales, afectando a materias reguladas por la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter personal, de 1992. El artículo 157, aunque sucinto, es muy preocupante pues al afirmar que «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre la regulación dela actividad publicitaria», abre el camino al intervencionismo intolerable en todo lo imaginable, desde la lengua empleada a los contenidos.

El Mundo.

Democracia, solidaridad y financiación

2005-11-07T10:05:00.000+01:00

Artículo de Ignacio Zubiri Oria en El País.

El proyecto de nuevo Estatuto catalán propone un cambio radical en la forma de financiar sus competencias. Los artículos que definen el nuevo modelo, quizá más propios de una ley que de un estatuto, son un tanto ambiguos; contradictorios -en lo relativo a la solidaridad; a veces sorprendentes -se dice que Cataluña deberá tener el mismo déficit fiscal que otras regiones similares de la UE, como si el tamaño del sector público y los niveles y formas de descentralización fueran iguales entre países-, o incluso plenamente inaceptables -el Estatuto condiciona para siempre el Presupuesto del Estado, ya que establece que un porcentaje fijo del gasto del Estado en infraestructuras debe realizarse en Cataluña-.

Con todo, el Estatuto establece con nitidez dos principios básicos: Cataluña quiere gestionar y recaudar directamente todos los impuestos (incluidos los que pudieran ser del Estado) y quedarse con más recursos que ahora, aportando, por tanto, menos a la financiación del Estado y de otras comunidades (se establece que en el plazo de 15 años los recursos de Cataluña deberán ser iguales a los que produce el Concierto-Convenio Económico al País Vasco y Navarra). Se trata, por tanto, de aproximarse sustantivamente a un sistema de Concierto como el del País Vasco y Navarra, tanto en la autonomía fiscal y gestión de los impuestos como en la capacidad financiera.

Para valorar la propuesta del Estatuto, lo primero que hay que tener en cuenta es el procedimiento seguido. El punto de partida es que los impuestos pagados en Cataluña son de la Generalitat y que el statu quo y los compromisos actuales de financiación que tiene firmados Cataluña son irrelevantes. A estas premisas se añade el principio de que lo único democrático es que se acepte lo que el Parlamento decida aportar para la financiación del Estado. Todo esto es sorprendente. Ciertamente hay muchas regiones en el mundo (por ejemplo, en Alemania) que no están de acuerdo con el modelo de financiación de su país. Pero a ninguna se le había ocurrido decir que todos los impuestos pasan a ser de la región, que pagará al Estado lo que a bien tenga, y que quien no acepte esto es porque no es demócrata.

Claro que, según este razonamiento, los ayuntamientos podrían decir que los impuestos de quienes viven en el municipio son suyos (y no de la Generalitat). O cualquier ciudadano podría decir que su dinero es suyo y que lo único democrático es dejarle pagar los impuestos que él quiera y a quien quiera (quizá sólo al Gobierno central). En realidad, todo esto es más que cuestionable. Los impuestos son de quien tiene la capacidad democráticamente establecida (según el diseño del Estado al que se pertenece) de recaudarlos y democracia no es que cada subconjunto de ciudadanos (región, ayuntamiento o individuo) pueda hacer lo que quiera sin contar con la opinión del resto.

En todo caso, más allá de las cuestiones de procedimiento, el modelo que propone el Estatuto, como da más ingresos a Cataluña, implica una reducción de los ingresos de las demás comunidades (o del Estado). Por ello, de aprobarse, el resto de los ciudadanos de España deberán recibir menos prestaciones públicas o pagar más impuestos. Por otro lado, que Cataluña recaude los impuestos, menoscaba el papel del Estado y, además, puede aumentar los costes de las empresas, porque deberán tratar con una administración tributaria más.

Por otro lado, conviene señalar que el modelo propuesto por Cataluña no se podría aplicar en todas las comunidades autónomas. De esta forma, sólo podría existir como una singularidad (equiparable a la del País Vasco y Navarra) dentro del sistema de financiación general. La propuesta no es generalizable por dos razones. Primero, si todas las comunidades recaudaran los impuestos, el Gobierno central se quedaría sin ninguna capacidad fiscal. Sería el único gobierno del mundo que no puede recaudar impuestos en su territorio y que debe vivir de las transferencias que le hacen sus regiones. Segundo, si, como propone Cataluña, se toma la referencia de los sistemas forales y el nuevo modelo da más recursos a las comunidades más ricas, tanto el Estado como las comunidades más pobres verán reducir sus recursos. Como resultado, tanto el Gobierno central como las comunidades más pobres tendrían problemas para financiar sus competencias.

Finalmente cabe señalar que, si bien el sistema actual de financiación de las comunidades de régimen común adolece de problemas, Cataluña no es, ni en términos per capita ni en proporción a su riqueza, quien menos recibe. Madrid, Baleares, Murcia y Valencia reciben, por ejemplo, menos recursos por habitante. Ciertamente, las comunidades forales reciben muchos más recursos per cápita (hasta un 60% más) y, probablemente, estas diferencias son las que están en la base de las quejas de Cataluña. Sin embargo, crear 14 desigualdades para resolver una no parece el mejor procedimiento de resolución de problemas.

Tomando todo esto en cuenta, en su versión actual, el modelo de financiación propuesto en el Estatuto no es aplicable en la práctica y debe reformarse sustancialmente. De hecho, la reforma de la financiación de Cataluña, si se considera necesaria, debe englobarse en una reforma global del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Nunca debería reformarse como una singularidad al margen de las demás comunidades.

Ignacio Zubiri Oria es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco (EHU-UPV).

Entrevista a Pasqual Maragall en ABC

2005-11-06T12:19:00.000+01:00

Tras el debate en el Congreso sobre el Estatuto catalán, el director del periódico ABC, Ignacio Camacho, entrevista este domingo al presidente del PSC, Pasqual Maragall. Éste explica al diario por qué, a diferencia de Ibarretxe, no defendió el proyecto: "Queríamos escenificar que éste es un gobierno tripartito, y que además el Estatuto se ha hecho con un cuarto partido, con equilibrios muy complicados". De cualquier modo, Maragall, ha quedado muy satisfecho con las intervenciones de sus compañeros de gobierno, incluida la de Carod Rovira.

El Estatuto catalán, ha provocado que voces discordantes con el proyecto, dentro del propio partido socialista, salieran a la luz. Ante esta cuestión Maragall es rotundo: "yo soy militante del PSC. El PSC tiene un acuerdo de largo alcance con el PSOE, en el que, por ejemplo, no figura que debamos renunciar definitivamente a tener un grupo parlamentario propio".

Preguntado sobre qué es lo que no admitiría que se cambiase del texto, el dirigente del PSC responde que los "temas sustanciales son la nación y el dinero. Luego, las competencias. No pasaremos por no ser nación y por un sistema fiscal y financiero insuficiente". En cuanto a la financiación y al "tema del dinero", Pasqual Maragal afirma que "en Cataluña lo hay es una sensación generalizada de que se ha recibido poco", y continúa diciendo que "si se aplica lo que nosotros decimos, alguien va a tener que recibir menos, probablemente, y digamos que alguno subirá sus ingresos. Es un progreso progresivo, dilatado".

El dirigente socialista tampoco pasará por renunciar al tema nación. Para Maragal "lo divertido es lo distinto...ser iguales es un aburrimiento...". "Nosotros somos una nación de naciones, que tiene un Estado y varias naciones; tres seguras, y alguna probable", afirma. Según él "para la gran mayoría de los catalanes, representados por los partidos políticos democráticamente elegidos, está muy claro que Cataluña es una nación y España, una nación de naciones".

Asimismo, el líder del PSC, realiza una peculiar y personal lectura de la Carta Magna y asegura que "la Constitución decía que hay nacionalidades y regiones, y luego lo que ha pasado es ha habido un cierto relajo. Nos dejamos ir un poco todos y desapareció ese dualismo que hacía las paces".

A la pregunta de si admite que el Estatuto reforma la Constitución de manera encubierta, Maragall lo niega rotundamente y continúa afirmando que "lo que dice ahora el Estatuto restablece lo que decía la Constitución y se fue deteriorando: que los territorios que habían plebiscitado sus Estatutos seguían una vía distinta a los otros". Este "privilegio" rompe con la igualdad entre todos los ciudadanos, pero Pasqual Maragall dice que "diferencias, haberlas haylas". "Los andaluces o extremeños no tienen que aceptar el Estatuto. Quien lo tiene que aceptar es el Congreso".

ABC

‘Anexión’ de Baleares a la ‘nación’ catalana

2005-11-05T11:05:00.000+01:00

El proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña liderado por Pasqual Maragall, que ha de ser sancionado ahora por las Cortes, deja la puerta abierta a una futura incorporación de Baleares a la «nación» catalana.

El texto no concreta los límites geográficos de Cataluña, requisito de un Estauto de Autonomía establecido en la Constitución. ERC de las Islas admite que el documento sugiere que las comunidades con la misma lengua puedan constituir en un futuro los «Países Catalanes».

El documento no concreta los límites territoriales de Cataluña, en vez de asumir los establecidos por la Constitución de 1978, y apela constantemente a la necesidad de estrechar vínculos con el resto de Comunidades de habla catalana y con las que, como Baleares, se han incorporado a la Eurorregión impulsada por Maragall basándose en los territorios de la antigua Corona de Aragón, que los nacionalistas bautizan como «los Países Catalanes».

El Estatut que se encuentra hoy en vigor, aprobado en 1979, definía claramente que Cataluña está integrada por «las comarcas de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona». En cambio, jugando con la ambigüedad, el nuevo texto alumbrado por PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) elimina en su artículo 9 esta referencia y se limita a indicar que «el territorio de Cataluña es el que corresponda a los límites geográficos y administrativos de la Generalitat en el momento de la entrada en vigor de este Estatut».

Algo que daría pie a que los nacionalistas catalanes vean colmadas sus aspiraciones expansionistas con la incorporación de nuestros territorios de habla catalana. El borrador del Estatut incluye sucesivas alusiones a los «derechos históricos del pueblo catalán» y «la tradición jurídica de sus instituciones» anteriores al siglo XVIII, que en el texto pasan a sustituir, como fuente de legitimidad democrática, a la Constitución española de 1978.

El Mundo

El Estatuto catalán artículo por artículo (XXXII)

2005-11-04T01:36:00.000+01:00

La Generalidad se reserva el control de la política de inmigración, los puertos y los aeropuertos

El artículo 138, Inmigración, atribuye a «la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen de acogida e integración de las personas inmigradas» y establece que el Gobierno catalán es «competente para ejecutar la legislación estatal y europea en materia de trabajo de los extranjeros». Tal y como sucede en otras muchas materias, la Generalitat se reserva para sí no sólo sus autoatribuidas competencias, sino las de control de la legislación estatal.

El citado precepto choca con el artículo 13 de la Constitución, Derechos de los extranjeros, que regula las condiciones para la extradicción y el derecho de asilo. Pero, más allá de su difícil encaje constitucional, el problema reside en que, en la práctica, el Gobierno catalán podría poner en marcha una política de inmigración totalmente contraria a la del Gobierno de la Nación. Podría, por ejemplo, establecer nuevos contingentes o introducir requisitos diferentes paraproceder a la expulsión de una persona sin papeles.

La redacción de este artículo es lo suficientemente ambigüa para que la Generalitat pueda hacer lo que quiera en materia de inmigración.El artículo 139 recoge las atribuciones en materia de Industria, artesanía, control metrológico y contraste de metales. En su apartado 2 se dice que «corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la planificación de la Industria, de acuerdo con los principios del Estado en materia de planificación general de la Economía». Cabría pensar que los redactores del Estatuto estaban dispuestos a permitir la intervención del Estado en esta cuestión.

Sin embargo, a renglón seguido se establece que «en todo caso, corresponde a la Generalitat la competencia para ejecutar los planes estatales de sectores industriales y reindustrialización».Primero, le conceden el derecho al Estado y después se lo arrebatan.En su deseo de regularlo todo para no dejar nada al azar, el artículo 139.4 asegura que «corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de control metrológico». Ello se refiere al sistema de «pesas y medidas», cuya legislación recoge el art.149 de la Constitución como «competencia exclusiva del Estado».

Sin embargo, el artículo 139.4 del Estatuto deja claro con todo lujo de detalles la atribución a la Generalitat de «la aprobación, reparación, verificación y vigilancia» de «aparatos, medios y sistemas para pesar, medir o contar». Según el artículo 140, la Generalidad se reserva «la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte situados en Cataluña que no tengan la calificación de interés general por ley del Estado». Y aún en el caso de que posean dicha calificación, añade, «su gestión corresponde a la Generalitat».Basta aplicar el sentido común para llegar a la conclusión de que los puertos y aeropuertos vertebran el Estado y no deben ser troceados en un mundo globalizado.

El Mundo.

'No es un capricho' el término 'nación'

2005-11-03T21:48:00.000+01:00

Aunque la financiación se perfile como el principal escollo en la negociación del nuevo Estatuto, el líder de CiU ha expresado su descontento con el término "identidad nacional" propuesto por Zapatero.

"Cataluña tiene identidad nacional, por ende, es nación", señaló Mas, quien valoró que el jefe del Ejecutivo "reconozca" lo que Cataluña ya tiene. Sin embargo, insistió en que "no tendría ningún sentido aceptar una propuesta que no permite subir ni un peldaño".

Por su parte, Puigcercós quiso dejar claro que el Parlament utilizó el término "nación" siendo "consciente de lo que significaba". "No es gratuito, no es un capricho, sino que está muy reflexionado", dijo, y subrayó que el propio presidente del Gobierno no fue "tajante" expresando su rechazo al mismo.

No obstante, el 'conseller primer' de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), ha dicho preferir que el proyecto estatutario conserve las competencias y la financiación previstas antes incluso que la definición de Cataluña como nación. "Prefiero tener, a través del Estatut, dos cosas que no tenemos a pasarme el día discutiendo para que se me reconozca lo que somos y seremos", dijo.

El Estatuto catalán artículo por artículo (XXXI)

2005-11-03T19:21:00.000+01:00

Una Generalitat que se autoinvita, no comparte nada y no deja libertad ni para el tiempo libre.

En los artículos 132 al 137, el Estatuto sigue atribuyendo a Cataluña competencias de un Estado. En el 132, Emergencias y Protección Civil, señala que «la Generalidad debe promover los mecanismos de colaboración con el Estado», cuando, según el art. 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, corresponde al Estado buscar, si lo considera necesario, la cooperación de las autonomías.

En el art. 133, de Energía y Minas, la Generalidad se arroga la participación «en los organismos estatales reguladores del sector», con independencia de que el Estado le invite o no a hacerlo. Y aunque paradójicamente en este apartado la Generalidad parece respetar la Constitución y asume una «competencia compartida», ese respeto es sólo aparente: unas líneas más abajo, la Generalidad se atribuye el «control de las minas y los recursos mineros situados en Cataluña», con una peculiar interpretación de lo que significa compartir.

El colmo del intervencionismo se alcanza en el art.134, en el que los redactores del Estatuto demuestran que cualquier poder para la Generalidad es poco, atribuyendo al Gobierno catalán desde la competencia exclusiva de «la ejecución de la práctica de la actividad física» hasta la más surrealista «competencia exclusiva en materia de tiempo libre». Pero es que, además, la Generalidad se arroga la competencia para «garantizar que las federaciones catalanas participen encompeticiones oficiales de ámbito europeo e internacional» mediante selecciones catalanas, sin explicar cómo se va a gestionar el rechazo que -con la excepción del extravagante korfball- ya han transmitido los organismos internacionales al respecto.

La Generalidad vuelve aquí a autoinvitarse a participar «en entidades y organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tienen por objeto el desarrollo del deporte». En el art.135, la Generalidad «participa y colabora en la elaboración de estadísticas de alcance supraautonómico», lo que obligaría por ejemplo al Instituto Nacional de Estadística a contar con el Gobierno catalán para realizar su trabajo en dicha autonomía.Según el art. 136, la Generalidad tiene la competencia exclusiva sobre los funcionarios de la Administración catalana, pero también lacompartida sobre los funcionarios de la Administración General del Estado, lo que podría vulnerar el art. 149.1.18 de la Constitución que garantiza a los administrados «un tratamiento común» en todo el territorio nacional.

Por último, el art. 137, sobre la Vivienda, atribuye de nuevo a la Generalidad la competencia exclusiva sobre la materia, lo que en este caso sí sería constitucional siempre y cuando fuera el Estado el que cediera la competencia y no la autonomía la que unilateralmente se la atribuyera. Con todo, si los ponentes del Estatuto logran este objetivo, la pregunta inevitable es: ¿para qué sirve allí el Ministerio de la Vivienda?

El Mundo.

La soledad es una gran fuerza que preserva de muchos peligros

2005-11-02T19:16:00.000+01:00

El Pleno para la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña comenzó poco después de las 13.00 horas. 14 oradores lo defenderán, y sólo Rajoy se encargará de criticarlo.

"Pensando en España subo a esta tribuna". Así comenzó su discurso Zapatero, antes incluso de saludar al presidente de la Cámara. Según él "admitir la unidad del Estado no es admitir su uniformidad". Curioso.

Según el presidente, la reforma “robustecerá nuestra convivencia” si está “ajustada a la libertad, la igualdad y la solidaridad”. La libertad desde el punto de vista de que “cada ciudadano puede vivir sus identidades sin imposiciones porque no existe una manera única de sentir la identidad”. La igualdad para que “todos los españoles, nazcan donde nazcan y vivan donde vivan tendrán los mismos derechos”. Y solidaridad porque “todas las comunidades contribuirán la cohesión social”. “La reforma se atenderá a estos tres principios, y si así lo hacemos podemos decir que España estará más unida porque estará mejor unida”.

Dejando claro que “Cataluña tiene identidad nacional” y que eso es compatible con el artículo 2 de la Constitución, Zapatero valoró positivamente la incorporación de una declaración de derechos en el Estatuto porque no afecta a la Constitución. Admitió que en la distribución de competencias “ha habido exceso de centralismo, pero “la propuesta incurre en excesos en dirección contraria en su declaración de competencias exclusivas”. “Los Estatutos deben respetar lo que compete al Estado”, dijo.

Mariano Rajoy arrancó su discurso con una referencia al de Zapatero:

"Entonces si todo va tan bien por que hay que cambiar la Constitución y los Estatutos, por qué. Esa es la respuesta que cualquier persona espera del presidente del Gobierno".

Y recordó el papel de Zapatero como impulsor del texto:

“Alguien se comprometió a que este Estatuto sería admitido tal y como viniera, excuso decir que no he sido yo, alguien ha estado alentando los excesos en el texto, alguien ha convertido la reforma en un lance de agravios excesivos, y alguien condena como anticatalanista y antidemócrata a todo el que no esté de acuerdo con el texto y con el señor Rodríguez Zapatero”.

Tras ello, el líder del PP destacó las "afirmaciones gratuitas" escuchadas del presidente. La primera: "España estará mas unida si antes la desunimos". Y la segunda que "los sentimientos justifican la ilegalidad". Para Mariano Rajoy "el corolario es que si hacemos la vista gorda, todo puede parecer constitucional". Dicho esto, Rajoy dijo que las palabras de Zapatero le han dejado "la intranquilizadora impresión de que esta mas preocupado por que el Estatuto no fracase, por salvar la cara".

Admitió ser "consciente de que el debate es delicado. No es casual. Alguien se ha esforzado por agitar los ánimos. Alguien se comprometió a aprobarlo tal y como viniera, alentando excesos que aparecen en el texto".

Según Rajoy, "cuando se agita el agua, el agua no se está quieta, pero la culpa no es del agua sino de quien la mueve. No tiene culpa quien discrepa". De todas formas, Rajoy se propuso "no dañar sentimientos". Eso sí, advirtió que eso no significa llegar al "extremo de no estorbar el paso del Estatuto, eso no sería respeto sino indolencia, no voy a pasar por ciego ni mudo". Retomando el argumento de que la crítica del PP no es anticatalanista, Rajoy pidió "que nadie me interprete como que soy insensible con el sentido identitario, me importan los sentimientos e intereses pero me preocupo de todos los catalanes no sólo de los nacionalistas".

El presidente del PP dijo que el “Estatuto parte de un malentendido: Cataluña es una nación soberana y tiene derecho a decidir sus relaciones con estado español. Y no he oído que Zapatero rechace este error.

¿Estamos ante un consentimiento tácito?". Rajoy aclaró que sobre esta idea de nación soberana “se levanta todo el edificio del Estatuto que patrocina Zapatero” por lo que “no basta con retocarlo, hay que modificar su espíritu total”. “En España, no existe más que un poder soberano, poder que delega sus potestades pero no renuncia a la propiedad y lo ejerce el pueblo español como nación soberana y ante él no se blindan ni ríos ni competencias”, señaló Rajoy.

“Este es el error esencial del Estatuto y no se arregla con maquillajes ni chirigotas polisémicas”, dijo el dirigente popular, que añadió que “todos sabemos qué significa nación y no necesitamos sutilezas según convenga al talante”. El concepto de nación, dijo Rajoy, está indisolublemente unido al de soberanía y no se le pueden “buscar apaños”. “Después de escuchar lo del rey republicano y el ejército sin armas sólo me faltaba escuchar lo del independentismo constitucional”.

Rajoy calificó al Estatuto de “intervensionista, desigual e insolidario” y acusó al presidente de sacrificar la igualdad en honor a la diversidad y contribuir a que lo que reciben los pobres lo deciden los ricos.

“Dice que se va a corregir pero esto es lo que suscribió en Barcelona y esto es lo que hubiera salido adelante si el PP se hubiera callado”.

Por su parte la delegación del Parlament ha defendido en el Congreso el texto para la reforma del Estatuto catalán al inicio del debate sobre la toma en consideración del proyecto de ley orgánica. Artur Mas (CiU), Manuela de Madre (PSC) y Josep Lluís Carod Rovira (ERC) han coincidido durante su intervención en el concepto de "nación" para definir a Cataluña.

Discursos:

Discurso de Artur Mas (50 Kb)
Discurso de Manuela de Madre (45 Kb)
Discurso de Zapatero (112 Kb)
Discurso de Mariano Rajoy (340 Kb)
Discurso de Duran i Lleida (144 Kb)
Texto del Estatuto de Cataluña en español y catalán (1 MB)

Y hoy en la prensa:

Entrevista a Manuela de Madre en el ABC, y artículo de Maragall en El País. El ABC y El Mundo
cuentan con la opinión de catedráticos de derecho constitucional, respectivamente de Carlos Ruiz Miguel y Jorge de Esteban (€).

En su editorial de hoy (€) El Mundo no sólo arremete contra el Estatuto ("una superconstitución"), sino contra la ley electoral que permite que los contrarios al Estatuto tengan un ponente y los que están a favor, catorce:

Y es que, aunque el Parlamento sea en teoría representativo de los ciudadanos españoles, y por tanto de sus opiniones, no es eso lo que tendremos hoy oportunidad de ver. Porque, según las encuestas, un 57% de los españoles se manifiesta en contra del proyecto de Estatuto, frente a sólo un 18% que se muestra a favor. Sin embargo, en el Hemiciclo, el polémico texto contará con 14 defensores y sólo un adversario. [...]

Con la ley actual, los nacionalistas, y especialmente los catalanes, tienen siempre la capacidad de completar las mayorías en el Congreso y presionar al Gobierno de turno para obtener sus reivindicaciones.La práctica demuestra que la sobrerrepresentación de las minorías nacionalistas en la Cámara no conduce a una mayor pluralidad en la búsqueda del interés general, sino a la práctica desaparición de éste, sustituido por las reivindicaciones particularistas. El problema se ve ciertamente agravado cuando esas fuerzas nacionalistas se encuentran, como ahora, con un presidente del Gobierno entreguista y connivente.

El Heraldo de Aragón también dedica página editorial al tema. En primer lugar, se alegra de que haya debate en el congreso, pese al recurso anunciado por Zapalana, porque:

[...] los ciudadanos van a tener la oportunidad de comprobar cómo sus representantes políticos afrontan la gran responsabilidad de solucionar un serio problema causado por el contenido del texto aprobado en el Parlamento catalán. Problema, hay que insistir, que las críticas acerbas del PP han subrayado, pero no inventado, pues el proyecto presenta, ya desde su preámbulo, características constituyentes que desbordan su ámbito y chocan con la Constitución y con su espíritu de cohesión solidaria y respetuosa pluralidad. Por eso, y por la circunstancia política relevante de que el propio presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, alentó este resultado final de un texto reconocido como
inasumible por los propios socialistas catalanes, sobre el responsable del
Ejecutivo recae la principal responsabilidad del proceso que hoy se abre.

El Heraldo también hace reposar sobre los hombros de Zapatero la responsabilidad de lo que salga de todo esto.

Y tanto discutir si Cataluña es una nación o es una partida de mus entre amigos, y llega Llamazares a solucionar el invento. Todos somos nación:

-¿Asturias también puede ser nación?
-Depende de los asturianos. Nada en la Constitución impide que, al igual que es Principado, sea también nación. Sólo es voluntad política. Pero habrá de pronunciarse la comunidad autónoma.

Hoy es uno de esos días en los que la portada dice mucho más que el editorial.

La portada de El Periódico de Catalunya es clara. Titular: "El Estatut llega al congreso"; subtítulo: Zapatero tratará de dejar en evidencia el catastrofismo de Rajoy". No menos diáfano es su editorial:

El nuevo Estatut, que aspira a ampliar y mejorar cualitativamente la autonomía catalana, llega hoy al Parlamento español. Lo primero, el debate y votación sobre si se toma en consideración y se tramita, no tiene incógnitas: la mayoría absoluta de los diputados del Congreso lo aceptan. Únicamente el Partido Popular está en contra; quiere devolver el texto a Catalunya para que el Parlament empiece de cero y elabore otro, pero carece de los votos necesarios para imponer esta tesis. [...] Catalunya necesita y tiene derecho a una mejora cualitativa de su autonomía en la línea de este Estatut. Del mismo modo, el resto de España necesita y tiene derecho a tener a su lado a una Catalunya cuya potencialidad no esté recortada por las limitaciones que ha evidenciado el Estatut actual.

La Vanguardia no dedica editorial alguno al Estatuto, pero sí realiza un largo análisis sobre lo que cada uno se juega en el debate de hoy:

Quizá no sea exagerado calibrar que Rodríguez Zapatero se juega hoy la legislatura, como se la jugó José María Aznar el 4 de marzo del 2003 [...]. Cada uno desde su ángulo, Mas, De Madre y Carod afrontan el reto de defender el proyecto aprobado por sus respectivos partidos en el Parlament, sin generar más anticuerpos en la baqueteada opinión pública española. [...]

Mas, cuya sintonía personal con Rodríguez Zapatero parece hallarse en muy buen momento, seguramente no perderá la ocasión de fortalecer su papel en el incierto cuadro político catalán. A Manuela de Madre le toca la difícil pero decisiva papeleta de dirigirse al electorado socialista más reticente a la propuesta catalana. Y Carod-Rovira se enfrentará a la feroz caricatura de ERC que
determinados medios de comunicación han fabricado con ahínco y que él mismo ha alimentado con errores de bulto, como la sugerencia de un boicot a la candidatura olímpica de Madrid 2012 el invierno pasado. El momento en que Carod suba a la tribuna para tomar la palabra será uno de los más delicados del debate.

Aunque los sondeos parecen sonreír al Partido Popular, el líder de la oposición también arriesga. Mariano Rajoy, de probada capacidad oratoria en los debates de gran calado político, deberá esforzarse en romper la imagen que persigue a su partido desde el inicio de la actual legislatura: la de una fuerza política importante pero aislada en el Parlamento.

El diario Avuí publica un editorial que oscila entre el victimismo rancio y el oficio de soplador de vidrio. Madrid, hora cero:

Convendría haber llegado a esta jornada con la serenidad y la tranquilidad neceasrias en un debate de este calibre. No ha sido posible. Incluso antes de que el texto fuera aprobado en Barcelona, el Partido popular, sus medios de comunicación afines y numerosos dirigentes socialistas desplegaron una brutal campaña de agitación. Durante las últimas semanas las declaraciones contra el nuevo Estatuto catalán se han ido sucediendo desde todos los ámbitos: periodistas, columnistas y tertulianos de radio y televisión, destacados dirigentes de la patronal española, miembros de la Conferencia Episcopal, altos comandantes de las fuerzas armadas, líderes sindicales... Todos ellos han tenido un punto en común: en ningún momento crítica alguna ha analizado con una argumentación equilibrada la propuesta que ha aprobado el Parlamento de Cataluña. Las descalificaciones han sido globales y sin demasiados matices. El alarmismo y la crispación se han desbocado. Las teorías más apocalípticas han anunciado la ruptura de la unidad de mercado, la desaparición de España y la balcanización de los pueblos que la forman... Nadie, absolutamente nadie ha justificado con razones ponderadas tanta prevención y desmesura. Tampoco nadie ha dado la oportunidad a los representantes del pueblo catalán o a los de la sociedad civil de Cataluña para que explicasen los motivos que hay detrás de la propuesta del nuevo Estatuto. [...]

Los partidos catalanes que votaron el Estatuto tienen que marcarse unos límites flexibles pero irrenunciables. Que determinen una definición de Cataluña que responda a la realidad, que delimiten unas competencias ambiciosas y establezcan el sistema legal válido para que no sean conculcadas sistemáticamente desde el gobierno central, que impliquen una relación bilateral con el Estado y un sistema de financiamiento que evite que Cataluña continúe debilitándose económicamente a causa de una balanza fiscal injusta. Desde estos mínimos, el trámite parlamentario ofrecerá la oportunidad de pactar con los partidos del ámbito español que quieran tomar en consideración la opinión mayoritaria del Parlamento Catalán. Que deseen una relación de respeto (y no de sumisión) entre Cataluña y el resto del Estado.

Los mínimos del Avui consisten en las reivindicaciones más radicales de ERC. Y su argumentación, en una serie de tópicos victimistas y falsarios (la balanza fiscal injusta, la sumisión al Estado, la conculcación de competencias) que, evidentemente, no conducen a nada. Como las referencias a los "incendiarios", la "brutal campaña" y demás adjetivos que usan, al igual que el PSOE y sus medios afines, para calificar a los que se oponen al nuevo Estatuto.

Grundgesetz

2005-10-29T19:48:00.000+02:00

Leo el artículo 21.2 de la "Ley fundamental para la República Federal Alemana de 1949" (Constitución de Alemania):
Serán anticonstitucionales los partidos que en virtud de sus objetivos o del comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el orden básico demoliberal o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana. El Tribunal Constitucional Federal se pronunciará sobre la cuestión de anticonstitucionalidad.

GRUNDGESETZ - Artikel 21.2 Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
¿Suscribirían este artículo los dirigentes de ERC, PSC, IU, o del PNV, tan proclives a la creación de un Estado Federal Español similar al existente en Alemania?

Maniatar al Estado para desarticularlo

2005-10-28T19:40:00.000+02:00

Curioso artículo que he encontrado de Unificación Comunista de España (UCE). Ver para creer. El primer partido de izquierdas que está no sólo en contra del Estatuto sino también a favor de la unidad de España. Es la primera vez que oigo hablar de esta gente tengo que reconocerlo pero mi sorpresa es mayúscula sobre su análisis del Estatuto de Cataluña.

El nuevo estatuto pretende desarticular el Estado para descoyuntar España
“La propuesta de nuevo Estatuto catalán establece una redefinición de las xompetencias de Cataluña que, sorprendentemente, va unida a una ampliación considerable, casi ilimitadamente, de ellas, sobre la base de maniatar al Estado y de reducir al máximo el número de competencias estatales”.
Éste es el contundente dictamen que, sobre la reforma del Estatuto catalán, han emitido los expertos consultados por el Ministerio de Administraciones Públicas. Tras 18 meses, el tripartito alumbra una reforma estatutaria que se coloca por encima de la Constitución para auto otorgarse un nivel de competencias donde, excepto en unas pocas materias como Defensa, reduce casi a cero la autoridad del Estado en Cataluña; certifica una relación bilateral con el Estado donde la opinión de Cataluña es determinante en muchos aspectos; quiebra el ámbito judicial único; impone una financiación insolidaria... hasta llegar a la reivindicación de los derechos históricos como fundamento de la ampliación de competencias. Como dato anecdótico, es imposible encontrar la palabra España dentro de su voluminoso texto.

Nos encontramos ante un pulso donde el objetivo es desarticular el Estado –vaciándolo de autoridad hasta convertirlo poco menos que en un elemento subalterno frente al poder acumulado por múltiples reinos de taifas– para que, una vez débil, sea posible descoyuntar España.Una amenaza que sólo beneficia a los poderes que pretenden dividirnos para dominarnos mejor. Y ante la que la izquierda debe reaccionar contundentemente.

Vaciar al Estado

La apelación de Carod Rovira y Artur Mas a los derechos históricos, con la oposición del PSC, centra el debate. Pero éste es un espejismo. Más allá de las bravuconadas de ERC y CiU, la propuesta de nuevo estatuto contiene amenazas más graves.

La primera piedra del nuevo Estatuto catalán es darle la vuelta a todo el ordenamiento constitucional. Ahora es la Carta Magna, en su título VIII, la que fija las competencias que el Estado puede o no delegar a las autonomías. La propuesta de Estatuto hace justo lo contrario: determina unilateralmente, y sin atender a límite alguno, las competencias que corresponden a Catalunya. Y lo que queda sería el ámbito del Estado. Esta quiebra de la legalidad permite al tripartito ampliar ilimitadamente las competencias, hasta incorporar al Estatuto las que no son sino delegadas, a través del artículo 150.2 de la Constitución, o las que forman parte de normas básicas del Estado.

Por si esto no fuera suficiente, el Estatuto –arrebatando una facultad que sólo pertenece a la Constitución– se permite legislar sobre el reparto competencial, estableciendo qué competencias son exclusivas –donde el Estado no pinta nada– , cuáles compartidas –el Estado pinta muy poco–, y cuales ejecutivas –en teoría en éstas el Estado pinta mucho, pero el Estatuto exige que le traspase casi todas sus facultades ejecutivas–. El resultado es que el Estatuto, unilateralmente, exige la reforma de hasta seis leyes orgánicas –las que rigen aspectos básicos del Estado–: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Régimen Electoral General, Funcionamiento de la Administración del Estado, Referendums y Defensor del Pueblo.

La autoridad del Estado y el gobierno central es limitada hasta el punto de que no se le permite dictar normas básicas en las competencias que el Estatuto se ha auto otorgado como exclusivas. Culminando cuando se declara al Tribunal Supremo de Catalunya como última instancia judicial, quebrando la justicia única, colocándose al margen del sistema de garantías que rige en el conjunto de España, y blindando a los poderes locales ante la intervención central.

Nación asociada

Mucho se ha hablado del artículo del nuevo Estatuto que define a Cataluña como nación, pero poco de las repercusiones políticas que eso implica. El nuevo Estatuto establece “el principio de bilateralidad” como uno de los ejes de “la relación de Cataluña con el Estado”, imponiendo en los hechos la existencia de dos entes iguales: Cataluña y España.

Para ello se establece una Comisión Bilateral, paritaria, donde el Estado y el gobierno central deben rendir cuentas y consensuar con la Generalitat todos los aspectos que “afecten a las competencias de Cataluña”: desde la política energética y financiera hasta la actuación en la UE. Y en esa Comisión Bilateral, el nuevo Estatuto establece que “la posición de la Generalitat es determinante en todo lo que afecte a sus competencias exclusivas”.

El nuevo texto del tripartito afirma que la Generalitat participará en “los órganos y mecanismos bilaterales y multilaterales de colaboración con el Estado y con otras comunidades autónomas”, pero acto seguido se despacha declarando que “la Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en esos órganos respecto de las cuales no haya manifestado su acuerdo”. Situándose así otra vez al margen de la autoridad central.

El Estado y el gobierno español tienen limitado casi a cero su margen de intervención en Cataluña, pero eso sí, la Generalitat se auto-otorga, por encima de la Constitución, una participación decisiva en todos los órganos estatales, pudiendo nombrar representantes en instituciones que van desde el Banco de España a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el Consejo General del Poder Judicial. El nuevo Estatuto nos dibuja una “nación asociada”, en una relación bilateral con España donde quien tiene la sartén por el mango es Cataluña.

Dinero y política

Mientras en Alemania se limita la autonomía financiera de los landers, Maragall pretence hacer saltar la caja en España. Berlín no dudaría en declarar ilegal la propuesta de financiación del tripartito, porque pulveriza la hacienda central, una de las columnas vertebrales del Estado.

La Generalitat se declara propietaria de su dinero y del de los demás: de los impuestos locales y de los que sólo están cedidos por el Estado. Y será el poder autonómico catalán, al revés de lo que sucede ahora, quien cederá una parte de los impuestos estatales al gobierno central, en un porcentaje nunca superior al 50%.

Para ello se crea una Agencia Tributaria propia, al margen de la nacional. Esta propuesta de financiación no es sólo una cuestión de dinero, tiene una especial relevancia política. Se trata de dotar a la Generalitat de autonomía financiera respecto del Estado, no sólo por el dinero recaudado sino porque se blinda ante la intervención del gobierno central., quebrando la cohesión nacional en un punto tan decisivo como es la propiedad y disponibilidad de los recursos.
De imponerse el nuevo modelo de financiación, no habrán unos recursos comunes que se distribuyen de acuerdo a los intereses y necesidades del conjunto de España, sino recaudadores locales que negociarán otorgar la menor parte posible al gobierno central.

Todo esto aderezado con la postura de Carod: “hay que poner límites a la solidaridad”. El apartado del nuevo Estatuto dedicado a la solidaridad con el resto de España dedica el 90% del texto a someter la aportación a “las necesidades financieras de Cataluña”, recordando la exigencia de la devolución del llamado déficit fiscal.

Un informe de CCOO evidencia las consecuencias, al afirmar que la fiscalidad del tripartido, al eliminar cualquier referencia a la progresividad fiscal, está a la derecha de la Constitución, y recuerda la reaccionaria política fiscal que ya está imponiendo el tripartito.

¿Política exterior catalana?

Nadie habla de la política exterior que establece el nuevo Estatuto. Sí, ha leído bien, el tripartito se propone llevar adelante una “política exterior catalana”, y se auto otorga en este terreno –que lógicamente sólo corresponde al gobierno español– importantes competencias.

Facultándose para abrir delegaciones en el extranjero, para determinar la política exterior española, afirmando que la posición de la Generalitat será determinante en la negociación de tratados internacionales que afecten a sus competencias, y estableciendo la posibilidad de firmar por sí misma preacuerdos internacionales.

En el ámbito de la UE, el nuevo Estatuto pretende que Cataluña pueda jugar un papel más activo en la llamada Europa de los Pueblos: abriendo delegaciones en Bruselas cuyos miembros tendrán el mismo rango que los representantes españoles, estableciendo un trato directo con las instituciones europeas, sin necesidad de pasar por España. Y aspirando a ejercer una influencia decisiva sobre las posiciones españolas en la UE. El nuevo Estatuto proclama la obligación de que representantes de la Generalitat tomen parte en los organismos europeos, y exige al gobierno español que consensúe con ellos su política en la UE, siendo determinante la posición de la Generalitat en cuestiones que afecten a sus competencias exclusivas, y relevante cuando de esas decisiones se deriven cargas financieras para la Generalitat.

Y todo este despliegue internacional dirigido por un presidente como Maragall, que llegó a pedir el ingreso de Cataluña en la organización de Estados francófonos, o un Carod Rovira que exigía “el mismo nivel de independencia que Luxemburgo”.
N. I.
Fuente Unificación Comunista de España.

Fin de trayecto personal

2005-10-27T17:15:00.000+02:00

El notario y articulista Juan José López Burniol afirma haber "entendido mal" la propuesta "España plural" del líder del PSC y presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y proclama su "fin de trayecto personal" a causa del proyecto estatutario catalán, que considera "un triunfo del ideario nacionalista" y que "implica la quiebra del Estado español".

En un artículo publicado en 'El Periódico de Cataluña', López Burniol justifica su conclusión tras elaborar un informe del proyecto, no por "la inconstitucionalidad de este o de aquel precepto" sino del "espíritu que lo informa".

López Burniol, vinculado al PSC, asegura respetar una propuesta "legítimamente amparada por el 90%" de diputados del Parlament pero afirma también: "No la comparto". Por consiguiente, ésta ya no es mi guerra", añade.

Su informe sobre el proyecto sostiene que la reforma ha sido elaborada "con la misma mentalidad con la que se facilita la información meteorológica en TV3: de espaldas a España", es decir, "sobre un mapa en el que sólo aparecen destacados los Países Catalanes". Por ello, ve lógico que el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, "haya alardeado" de que ese 90% "responde a los postulados" de su partido.

López Burniol añade en su análisis que el proyecto no tiene "ninguna voluntad regeneradora ni modernizadora de su Estado" sino "la sola voluntad de articular un sistema catalán todo lo independiente que la realidad permite, sin plantear formalmente la demanda de independencia formal". Según él, en un Estado "los intereses generales han de prevalecer sobre los particulares", por lo que la propuesta de Estatut "implica la quiebra del Estado español".

El artículo de Juan José López Burniol publicado en El Periódico de Cataluña:

Quisiera escribir con las palabras más templadas. No por la importancia del tema -irrelevante por ser personal-, sino por la responsabilidad que siento tras haber defendido, durante años, una opción que estimo frustrada. Permítanme explicar mi historia. De lengua y cultura castellanas, llegué a la comprensión y a la asunción de la realidad catalana más por la vía de la cabeza que por la del corazón. Es cierto que, para advertir la existencia de Catalunya, basta con mirar, escuchar y leer. Primero, de niño y adolescente, me hicieron sentirla las calles y las gentes de Alcanar, Ripoll y Calella. Luego vinieron los libros.

También fue decisivo el profesor Vicente Cacho, de quien aprendí que el catalanismo político surgió como un factor de modernización de España, por lo que ha sido una de las dos formas de regeneracionismo que -junto con la vertebrada en Madrid en torno a la Institución Libre de Enseñanza- intentaron la refacción del Estado. Sobre esta base, no es extraño que pronto llegase a la conclusión de que Catalunya es una nación, es decir, una comunidad con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno. Un autogobierno que comporta la autorregulación de los propios intereses -lo que exige competencias- y el autocontrol de los propios recursos -lo que exige dinero-.

Ahora bien, con idéntica convicción he sostenido también siempre que la misma historia que ha conformado a Catalunya como nación la ha integrado dentro de una realidad histórica más amplia conocida como España, que se articula jurídicamente en forma de Estado. De esta pertenencia hispánica de Catalunya se deducen -para mí- dos consecuencias. Primera, Catalunya ha de intervenir de manera activa en la configuración de la estructura del Estado. Segunda, Catalunya ha de estar presente en los centros de poder del Estado, participar en su gestión y asumir sus responsabilidades. España no es para Catalunya una realidad ajena, sino el entorno inmediato en el que se desenvuelve su acción y a través del que se proyecta institucionalmente a Europa y al mundo.

CELEBRÉ POR ello, en su día, la implantación del Estado autonómico, al que percibí como el embrión de una futura estructura federal asimétrica. Es más, pensé -y sostengo- que las autonomías han sido el cauce jurídico a través del cual se ha materializado la redención de las provincias ansiada por Ortega. En esta línea, es también lógico que, 25 años después de su instauración, haya defendido una revisión constitucional-estatutaria del sistema autonómico, que corrija sus disfunciones -financiación injusta y erosión de competencias que impide llevar a término políticas completas sobre ámbitos unitarios- y potencie sus virtualidades -reforma del Senado-. Así las cosas, dediqué parte de agosto al estudio del Estatut, con una expectativa inicial que pronto se trocó en asombro. Fruto de este esfuerzo es un trabajo -cerrado el 3 de septiembre- que algunos amigos conocen.

Expreso en él desconcierto, consternación y desaliento, también manifiestos en los artículos que publiqué por aquellos días. Pensé, en fin, que el Estatut no se aprobaría. La intervención del señor Rodríguez Zapatero cambió el escenario. Tras la aprobación del Estatut, me refugié en la legitimidad de su gestación y en la esperanza de su corrección en el Congreso. Pero me he engañado a mí mismo. No debo seguir así y, como no tengo ni espacio ni ánimo para resumir mis ideas, me limito a copiar tres párrafos de mi estudio: Uno: "Sentí la necesidad de redactar este informe cuando, tras leer la propuesta de reforma, llegué a la conclusión de que había sido elaborada con la misma mentalidad con la que se facilita la información meteorológica en TV-3: de espaldas a España, sobre un mapa en el que sólo aparecen destacados los Países Catalanes. No es de extrañar, por tanto, que el señor Carod-Rovira haya alardeado de que el 90% del Estatut responde a los postulados de Esquerra Republicana de Catalunya". Dos: "Llevo 30 años interpretando papeles. Me he acostumbrado a captar la idea que inspira, por ejemplo, un testamento o unos capítulos.

Pues bien, afirmo que la propuesta de Estatut está redactada sin ninguna voluntad regeneradora de España ni modernizadora de su Estado, y con la sola voluntad de articular un sistema catalán todo lo independiente que la realidad permite, sin plantear frontalmente la demanda de independencia formal". Tres: "Un Estado es un sistema jurídico, es decir, un plan vinculante de convivencia en la justicia articulado sobre la única referencia ética -no metafísica- de validez universal: que los intereses generales han de prevalecer sobre los particulares. El Estatut coloca los intereses particulares de Catalunya por encima de los intereses generales de España. Luego, la propuesta de Estatut implica la quiebra del Estado español".

MI CRÍTICA al Estatut no se basa, por tanto, en la inconstitucionalidad de este o de aquel precepto, sino en el espíritu que lo informa. Éste supone un triunfo del ideario nacionalista. Respeto esta opción, legítimamente amparada por el 90% de los diputados del Parlament, pero no la comparto. Por consiguiente, ésta ya no es mi guerra. Más de uno me considerará, por ello, enemigo de Catalunya: no me tengo por tal, pero nada puedo hacer. Sólo me resta añadir que, como resulta obvio, entendí mal la propuesta política efectuada en su día por el presidente de la Generalitat señor Maragall, bajo la rúbrica "España plural". Deposité en él mi confianza por error. La culpa sólo a mí es imputable.

Països poligàmics

2005-10-27T14:37:00.000+02:00

La Cadena SER dice que la fundación que preside Aznar advierte de que en el estatuto catalán se abre la puerta a la poligamia.

Un estudio publicado por la FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside José María Aznar, asegura que el proyecto del Estatuto catalán invade 32 competencias estatales, abre la puerta "a la poligamia" y legaliza el aborto.

En la FAES el texto incriminador al que aluden dice lo siguiente:

La regulación no sólo del matrimonio sino “de otras formas de convivencia” (Art. 40. 7 EC) constituye la puerta legal para la futura ampliación del matrimonio a uniones poligámicas como las que autoriza la religión islámica.

Y comprueba uno luego el artículo 40.7 del proyecto de Estatuto:

Art 40.7. Los poderes públicos de Cataluña deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular dichas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos.
Pues es verdad. Mira tú.
De HispaLibertas

ERC edita postales

2005-10-25T23:50:00.000+02:00

ERC ha editado 100.000 postales en las que aparece destacada la promesa efectuada por Zapatero de aceptar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña. Fue pronunciada el 13 de noviembre del 2003, en plena campaña electoral.

Las postales están impresas a todo color y en ellas figura sobre fondo rojo una imagen de Zapatero acompañada de una única frase:

"Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya. José Luis Rodríguez Zapatero. Barcelona, 13 de noviembre del 2003".

En el reverso figura el destinatario de la misma: "Sr. José Luis Rodríguez Zapatero. Complejo de La Moncloa. 28071 Madrid" y el espacio correspondiente para poner un sello.

Esta es la postal:

Uno de los juristas del PSOE pudo incurrir en incompatibilidad

2005-10-25T22:51:00.000+02:00

El Consejo General del Poder Judicial abrirá una información previa para aclarar si Alejandro Sáiz Arnaiz, profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial de Barcelona y Letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incurrido en incompatibilidad por haber elaborado, junto a otros tres expertos, el dictamen del PSOE sobre el proyecto de nuevo Estatuto catalán.

Si se confirmase una incompatibilidad de este tipo la sanción sería una multa económica, al tratarse de una falta grave de acuerdo a la Ley del Poder Judicial.

Alejandro Saiz Arnaiz es Letrado del Consejo General del Poder Judicial y está sujeto a las mismas incompatibilidades que los jueces y magistrados.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en el punto 7 de su artículo 389 que el cargo es incompatible:
"Con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no remunerado."
Pese a que la infracción contemplada no pasa de una multa y que el informe de los cuatro juristas es una mera asesoría sin carácter vinculante, la irregularidad se centra en que el Grupo Socialista se negó a que el proyecto de Estatuto pasara el análisis de altas Instituciones del Estado como el CGPJ y, sin embargo, se lo remiten a un miembro de éste.

Si se confirmase una incompatibilidad de este tipo la sanción sería una multa económica, al tratarse de una falta grave de acuerdo a la Ley del Poder Judicial.

LD

Similitudes entre el Estatuto y el Plan Ibarretxe

2005-10-25T19:58:00.000+02:00

Eduardo Zaplana ha presentado un documento elaborado por el Partido Popular en el que denuncian la "incoherencia manifiesta" en la que está incurriendo el PSOE en lo relativo al Estatuto catalán, un texto "igual de inconstitucional" que el Plan Ibarretxe, que el PSOE votó negativamente.

1. Definen a España como Estado plurinacional (Cambian la definición de España. Desde la parte no se puede definir al todo).

2. Definen a sus comunidades Autónomas como nación.

3. La única legitimidad que reconocen es la del pueblo vasco o la del pueblo catalán.

4. Uno habla de "determinar libremente su futuro" y el otro de "derecho a decidir su propio futuro" amparándose en el "derecho de autodeterminación".

5. Rompen la Caja Única de la Seguridad Social.

6. Regulan su relación con España de tú a tú a través de una Comisión Bilateral.

7. Ambos textos suponen de facto la ruptura de la unidad de mercado consagrada en la Constitución.

8. Asumen unilateralmente todas las competencias no transferidas o exclusivas del Estado.

9. Eliminan el papel del Gobierno Central como regulador del marco legal básico.

10. Reforman el Tribunal Constitucional.

11. Reforman el Poder Judicial y ponen en riesgo la igualdad ante la ley.

12. Reforman la Ley Electoral para establecer su circunscripción electoral para las elecciones europeas.

13. La regulación financiera es la misma: el cupo.

14. Se arrogan competencias en la política exterior.

15. La reserva de derechos históricos de la Disposición adicional es casi idéntica.

16. Los dos convierten a dichas comunidades autónomas en una suerte de Estados libres asociados a España. En el Plan Ibarretxe se dice explícitamente y en el Estatuto catalán implícitamente.

17. En ambos casos, aunque de modos diferentes, las Comunidades autónomas asumen competencias con relación al Ministerio fiscal que no están previstas ni son compatibles con la Constitución.

18. Se arrogan la competencia de convocar consultas populares.

19. Asumen unilateralmente las competencias en materia de inmigración.

20. Sólo reconocen los símbolos autonómicos, que en el Estatuto Catalán son “símbolos nacionales”.

21. El Estatuto catalán va más allá en el uso de las lenguas, al obligar al conocimiento del catalán y negar la posibilidad de que se pueda alegar desconocimiento de dicha lengua en relación a los actos jurídicos.

22. Extienden las competencias del Ararteko y del Sindic de Greuges a ámbitos competenciales propios del Defensor del Pueblo.

23. Blindan otras posibles reformas de sus Estatutos, sobre todo rebajando el papel que correspondería a las Cortes Generales.

24. Se incrementan las competencias del tribunal de cuentas autonómico, invadiendo el ámbito competencia del Tribunal de Cuentas Nacional.

25. Niegan el principio de supletoriedad del Derecho estatal.

¿Si es anti-constitucional por qué se ha aprobado en Cataluña?

2005-10-24T23:51:00.000+02:00

La Ejecutiva del PSOE, ha concluido que la propuesta de Estatuto catalán requiere la modificación de aspectos inconstitucionales o que no responden al interés general, que serán enmendados por este partido.

El informe jurídico de 10 páginas solicitado por el PSOE a sus 4 expertos: Conclusiones generales del dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña.

Extracto del documento muy revelador:

Con carácter previo al estudio de los aspectos sobre los que se nos ha pedido dictamen procede señalar que la cuestión sobre la compatibilidad con el artículo 2 de la Constitución del término “nación” referido a Cataluña (art. 1.1 de la Propuesta de reforma) tiene una dimensión teorética, que está condicionada de manera decisiva por el debate político, ideológico y cultural. Por ello, los autores de este dictamen han optado por no analizar la cuestión, en este momento, circunscribiendo su análisis a una perspectiva estrictamente jurídico-constitucional.

Vamos apañados si empezamos así.

teorético, ca.

(Del lat. tardío theoretĭcus, y este del gr. θεωρητικός, perceptible, especulativo, teórico).
1. adj. teórico.
2. adj. Fil. Que se dirige al conocimiento, no a la acción ni a la práctica.

El documento, de 10 folios, se resume en nueve puntos, en los que los socialistas centrarán sus enmiendas al texto en el Congreso:
- Derechos históricos.
- Régimen lingüístico.
- Derechos, deberes y principios rectores.
- Sistema institucional y fuentes de Derecho.
- Poder Judicial.
- Competencias.
- Unidad de mercado.
- Financiación.
- Bilateralidad.

¿Si es anti-constitucional por qué el mismo partido que lo dice, lo ha aprobado en Cataluña?

La Reforma del Estatuto de Cataluña

2005-10-23T00:22:00.000+02:00

por Carlos Solchaga en Cinco Días
21/10/2005

Junto a la cuestión fundamental de la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña hay, según el autor, aspiraciones de autogobierno que no son menores. En su opinión, si éstas se aprueban como figuran en el texto actual, podrían ser fatales para el correcto funcionamiento de un Estado descentralizado como España y para la marcha de su economía.

La comprensible fijación del debate sobre el nuevo Estatuto catalán que ha entrado en las Cortes Españolas en los temas estrictamente constitucionales me suscita la preocupación de que se vayan a considerar en su discusión como cuestiones menores otros aspectos del Estatuto que, si se aprueban como figuran en el texto, podrían ser fatales para el correcto funcionamiento de un Estado descentralizado como España y para la marcha adecuada de su economía.

Por supuesto, el tema de la constitucionalidad del Estatuto es crucial. Pero lo es por las implicaciones políticas que representa la voluntad, si es que existe, de romper el pacto constituyente de 1978 para aumentar el autogobierno de Cataluña haciendo caso omiso de las consecuencias de tal acción sobre la convivencia de todos los españoles. Dicho de otro modo, si se aprueba una reforma del Estatuto ésta será acorde con la Constitución. Lo será cuando salga del Parlamento o lo será cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencia en el caso de recurso a la ley orgánica que apruebe el Parlamento. Esto será así porque no puede ser de otro modo.

La Constitución sólo se puede cambiar mediante los procedimientos previstos en la propia Constitución, y los textos estatutarios, leyes orgánicas derivadas de la propia Constitución, no están entre ellos. Ahora bien, las consecuencias políticas no serían las mismas si se acuerda la eliminación de los aspectos inconstitucionales durante la discusión parlamentaria que si, por evitar la ruptura entre las fuerzas proponentes del Estatuto, por falta de sensibilidad ante la opinión mayoritaria de la ciudadanía o por cualquier otro motivo se mantienen muchos de ellos en el texto aprobado por las Cortes y deben ser corregidos más tarde por el Tribunal Constitucional. En relación con esta cuestión es evidente que la situación es asimétrica cuando consideramos las posiciones de Gobierno y oposición. El Partido Popular, en uno de sus peores momentos en Cataluña, puede sacrificar sus proyectos políticos allí aludiendo a la defensa de la Constitución. Pero esto no tiene que pasar por el proceso de depurar el texto en el proceso parlamentario. Seguramente es mejor para ellos denunciar la inconstitucionalidad a lo largo de todo el proceso y recurrir la ley que se apruebe. El Partido Socialista, con responsabilidades de gobierno en Cataluña y en España, tiene que atenerse al proceso parlamentario y elegir de manera indubitable si está por la Constitución, aun a riesgo de pérdidas de alianzas, o prefiere engañarse aceptando un texto que se acabe probando que no es constitucional y con un nivel elevado de rechazo potencial entre sus propios votantes.

Yo estoy convencido de que el PSOE estará a la altura de este desafío histórico y que, llegadas las circunstancias, sabrá reconocer dónde está su primera lealtad, que no es en otro lugar que en la Constitución. Pero junto a esta cuestión fundamental están las aspiraciones de autogobierno contenidas en el Estatuto que no merecen menos atención por los peligros que pueden representar. Después de todo no es pequeña la ambición de un texto que propone la modificación de siete leyes orgánicas -del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Fiscal, del régimen electoral, de la organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, de la regulación de las distintas modalidades del referéndum, de las fuerzas y cuerpos de seguridad-, que deroga de hecho otra, la de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) en su aplicación a las finanzas catalanas, y modifica otras leyes de carácter general que regulan organismos regulatorios y jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, el Consejo de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, el Consejo de Radio y Televisión, el Consejo Económico y Social y la Agencia de Protección de Datos tan sólo para tener derecho a nombrar representantes de la Generalidad en los mismos.

Estas modificaciones en leyes que componen precisamente la estructura institucional del poder en España propuestas tan sólo desde la perspectiva bilateral de Cataluña deberían evitarse por razones obvias. Aunque la aprobación del Estatuto no obligue necesariamente a llevarlas a cabo (al menos, no todas ellas) la persistencia de sus aspiraciones en el texto estatutario que se aprobara conviviendo con las leyes correspondientes sin modificar sería una fuente permanente de reivindicaciones y problemas que tendrían la apariencia de la legitimidad que presta una ley orgánica, aunque contenga extralimitaciones.

Tampoco es menos ambicioso el texto aprobado por el Parlamento catalán a la hora de exigir la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución para delegar competencias que son exclusivas del Estado en la Generalidad. A la delegación de hecho de la representación total del Estado en Cataluña en la Generalidad implícita en los dos primeros títulos de la ley, en temas más prosaicos se añaden las competencias sobre puertos y aeropuertos de interés general, telecomunicaciones y gestión del dominio público radioeléctrico, estancia y residencia de extranjeros, régimen sancionador de extranjería, selección de trabajadores extranjeros para la inmigración, ejecución de la legislación estatal de tráfico y seguridad vial, títulos académicos y profesionales y demarcaciones territoriales de órganos jurisdiccionales en Cataluña y su planta judicial. Todo lo cual debe considerarse de manera cuidadosa con el fin de asegurar la eficiencia del modelo resultante y la coordinación necesaria cuando fuera menester, rechazando aquello que resulte inconveniente para los intereses generales. En estos puntos, como en las pretensiones de la Generalidad de participación en la política exterior de España y los deseos de alumbrar una, muy circunscrita a algunos temas, pero, sin duda, política exterior propia, además de las consideraciones legales deben ser tenidas en cuenta las implicaciones para el funcionamiento de todas estas áreas de la extensión de los derechos reconocidos a Cataluña al resto de las comunidades autónomas. Esto se aplica de manera muy particular a la financiación de Cataluña prevista en el propio proyecto de Estatuto que, se quiera llamar o no cupo, no es viable y a la que el principio anticonstitucional de bilateralidad no podría proteger de la extensión al conjunto del sistema de financiación de comunidades autónomas si fuera aprobada como figura actualmente. Eso al margen de las imposibles concesiones normativas, la transferencia de competencias recaudatorias y la ruptura de la Agencia Tributaria también contempladas y que no son aceptables desde el punto de vista del buen funcionamiento del sistema tributario.

Cuando las Cortes hayan resuelto todas estas cuestiones, esperemos que con buen tino y dentro del marco constitucional vigente, todavía tendrán que evitar los riesgos de ruptura del ordenamiento y la supervisión de mercados y actividades que acechan detrás del artículo 120 (cajas de ahorros), el artículo 125 (corporaciones de Derecho público y profesionales), el 126 (ordenación de banca, crédito, seguros y mutualidades no ligadas a la Seguridad Social), el 145 (mercados de valores y centros de contratación en Cataluña), el 154 (sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña) y el artículo 157 (que reconoce la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de publicidad). Asimismo tendrán que considerar la conveniencia de los aspectos intervencionistas que asoman en los artículos 121 (comercio), 127 (cultura), 133 (energía) y 159 (industria) por citar sólo los más evidentes.

Finalmente y sin ánimo de ser exhaustivos, los padres de la Patria harían bien en calibrar adecuadamente los peligros para la unidad de mercado y la posible discriminación que pueden representar los artículos 50 (etiquetado en catalán), el 131 (modelo educativo), el 140 (competencias en redes viarias) y el 169 (competencias en materia de transporte), para no hablar del peligro que puede suponer para preservar la unidad de caja del sistema de la Seguridad Social la pretensión de la Generalidad de compartir estas competencias contenidas en el artículo 165.

El trabajo por delante es tan extenso que uno comprende, sin necesidad de entrar en las dificultades jurídico/constitucionales de la redacción del Título I que hace muy difícil una propuesta de enmienda distinta a la de un texto alternativo completo, que algunos tengan la tentación de abandonar la tarea y rechazar el intento de mejora y perfeccionamiento del texto. Pero eso sería un enorme error tan sólo comparable al que han cometido quienes permitieron con su apoyo que un texto de la naturaleza del comentado saliera en los términos que ahora conocemos del Parlamento catalán.

Zapatero convoca en secreto en La Moncloa a Carod, Puigcercós, Rubalcaba y Montilla

2005-10-22T18:48:00.000+02:00

ERC ya ha sacado conclusiones de la reunión en Moncloa, inicialmente secreta. El primero en hablar fue Carod. Este viernes dijo que Zapatero "se acuerda de su compromiso con todo tipo de detalles" de aceptar el Estatuto que salga de Cataluña.

Este sábado, el número dos de los independentistas ha explicado que el presidente se mostró favorable al contenido actual del Estatuto. Ahora Puigcercós quiere que Zapatero lo diga públicamente.

"Si el señor Zapatero está de acuerdo con el Estatuto como nos dijo ayer, pues que salga y lo diga. Que lo explique y le diga a los ciudadanos del resto del estado español que Cataluña tiene derecho a un Estatuto y que no se puede ir contra Cataluña y crear esa dinámica bestial que está creando el PP porque no es bueno, no es democrático y no va a favor del dialogo entre pueblos. Esperamos que el día dos (fecha en la que se debate el Estatuto en el Congreso) genere un punto de inflexión"

Se cree que se ha acordado con Carod que Maragall "pague los platos rotos".

El triple desafío del Estatuto

2005-10-20T12:52:00.000+02:00

por Ignacio Cosidó

El proyecto de Estatuto aprobado en el Parlamento catalán supone un desafío a los tres principios fundamentales que orientan el sistema político que alumbró nuestra transición democrática: la unidad de España, la libertad y la igualdad. La coalición de la izquierda y el nacionalismo catalán, que simboliza ERC, y engloba al PSC y CiU, ha alumbrado un Estatuto que enlaza los principales errores históricos del socialismo con las peores manifestaciones del nacionalismo excluyente. Todos ellos espoleados por un presidente del Gobierno español que ha encontrado en esa mezcla explosiva el único modo de alcanzar y mantener el Gobierno y que carece de ningún otro principio que no sea la mera permanencia en el poder.

El Estatuto es una clara amenaza a la unidad de España porque ya en su preámbulo define a Cataluña como "nación", en contra de lo establecido por nuestra Constitución, que no reconoce otra nación que no sea la española. Con esta premisa como guía, el Estatuto establece un sistema de relación entre Cataluña y España basado en la igualdad entre las partes, las cuáles cooperaran en diferentes ámbitos sobre una base de bilateralidad.

Se establece además una plena soberanía financiera, un poder judicial independiente, una acción diplomática propia y se blindan competencias para evitar toda interferencia del Estado en las competencias de la Generalitat.

En definitiva, pasamos de un Estado de las Autonomías a un Estado Confederal, que en palabras de Esquerra Republicana de Catalunya, y en la mente de muchos nacionalistas, no es más que la antesala de la plena independencia a la que aspiran.

El Estatuto es una amenaza a la libertad porque sus 218 artículos rezuman un rancio afán intervencionista en lo económico y controlador en lo social. El texto sacraliza así un sistema político en el que los derechos individuales se sacrifican a favor de la construcción nacional, en el que el poder político mantiene sometida al conjunto de la sociedad civil y en el que la libertad económica queda condicionada a favor de una fracasada política social. Es triste observar cómo buena parte de las clases liberales catalanas se pliegan por un ciego patriotismo trasnochado a los deseos de una elite política que sólo busca su propio interés. Los enemigos de España son hoy en Cataluña los mismos que amenazan la libertad, porque lo que buscan ambos es eliminar cualquier límite al ejercicio absoluto de su poder, justificados por una causa nacional falsa, artificial y estéril.

El Estatuto aprobado es, en tercer lugar, un claro atentado contra la igualdad de los españoles y contra el más elemental principio de solidaridad. Una buena parte del discurso nacionalista se sustenta en la negativa a compartir parte de su riqueza con las regiones menos prósperas de España. El nacionalismo excluyente azuza así el egoísmo de los ciudadanos como elemento primario de su pretendida nación. Con su nuevo Estatuto, los catalanes darán aquello que quieran a quienes quieran y del modo que quieran, pero se niegan a pertenecer a un sistema que obliga a los más ricos a ayudar al desarrollo de los más pobres. Es este egoísmo el que tanto solivianta a esa parte del socialismo español que sigue creyendo en España aunque sólo sea por su propio interés. Gente que defiende que quebrar este principio de solidaridad es traicionar la propia esencia de su ideología.

¿Triunfará finalmente este triple desafío a la Unidad, a la Libertad y a la Igualdad? Es obvio que aquellos que creemos en España como proyecto de futuro y que defendemos la libertad como principio esencial de toda nuestra concepción política haremos cuanto esté en nuestras manos para parar esta agresión a nuestras creencias más fundamentales. El problema es que no será fácil hacerlo si quién debería ejercer el liderazgo en el Gobierno ya anunció su rendición de antemano ante este y otros desafíos no menores, como el del terrorismo de ETA.

Muchos socialistas se encuentran hoy ante un dilema difícil. Deben optar entre mantener su fidelidad a principios en los que creen la mayoría de los españoles y de sus votantes, como la unidad de la nación y la vigencia de la igualdad y la solidaridad entre todos, o mantener la alocada huida hacia adelante a la que les arrastra un líder que no tiene más objetivo que mantenerse en el poder a cualquier precio. El futuro de España y de nuestra libertad depende hoy en buena medida de lo que ellos decidan.

Enfrentamiento entre Bono, Ibarra y Maragall en la embajada de Portugal

2005-10-18T11:09:00.000+02:00

El Ministro de Defensa y el presidente extremeño se enfrascaron con Maragall y con la defensa de Pujol en un tenso enfrentamiento por la denominación de Cataluña como nación.

Una cena ofrecida por el presidente Sampaio en la embajada de Portugal reunió como comensales a José Bono, Rodríguez Ibarra y Pasqual Maragall. En ausencia de Zapatero, el ministro de Defensa y el presidente extremeño se enfrascaron con Maragall en un enfrentamiento "agrio y tenso" por la denominación de Cataluña como nación. Pujol salió en defensa del presidente de la Generalidad. El Rey, presente en la discusión, se habría inclinado con sutileza por las tesis de Bono e Ibarra, aunque apuntando que todo es negociable. El hecho ha sido filtrado al diario El Mundo.

LD

Quando troppa autonomia spacca le nazioni

2005-10-15T00:49:00.000+02:00

El pasado viernes 30 de septiembre el Parlamento regional de Cataluña aprobó, con la única oposición del Partido Popular, un proyecto de nuevo Estatuto de autonomía. En él se define a Cataluña como una nación, distinta de la española. Se diseña una especie de relación confederal entre Cataluña y el resto de España. Prácticamente se vacían las competencias de la Administración del Estado en la región. También se define un modelo de financiación según el cual el gobierno regional recaudaría la totalidad de los impuestos, así como un sistema judicial independiente.

Para alguien que no esté informado en detalle de la vida política española, semejante golpe a la misma base de la Constitución española –es decir, la soberanía– sólo podría explicarse por una intensa y reiterada demanda de los ciudadanos de Cataluña. No parece que tal demanda haya existido. Cada vez que han sido consultados, los ciudadanos catalanes han manifestado un notorio desinterés por la reforma del Estatuto, y han soportado una enorme presión del gobierno regional y de los partidos que lo sustentan. Más bien parece que las decisiones se han tomado de espaldas a los ciudadanos, sin mandato ni consentimiento.

Un observador italiano podría creer que la demanda independentista proviene de algún tipo de avance electoral de los partidos nacionalistas catalanes. Sin embargo, ésta es una impresión engañosa. La proporción entre partidos de implantación nacional y partidos locales en Cataluña no ha cambiado sustancialmente en los últimos diez años. Y en el Congreso de los Diputados del Parlamento español la suma de los dos grandes partidos (PSOE y PP) es la mayor desde las primeras elecciones democráticas de 1977. ¿Qué ha cambiado entonces para que se cuestione de manera tan brutal tanto la realidad nacional española como el propio Estado? Sólo ha cambiado una cosa: la actitud de la izquierda.

Es evidente que la izquierda europea lleva años en búsqueda de referentes ideológicos tras el fracaso tanto del socialismo real como de las líneas básicas de la socialdemocracia. Perdidas las bases que han guiado sus políticas durante un siglo, distintos partidos en distintos países han seguido líneas diferentes. En algunos países han sido partidos socialistas quienes han capitaneado reformas drásticas del estado del bienestar, precisamente para salvarlo y hacerlo viable. Algunos partidos socialdemócratas han sido los campeones del atlantismo. En otros casos, partidos de izquierda han impulsado reformas educativas basadas en el mérito y esfuerzo individual tras las fracasadas experiencias de los sistemas igualitaristas.

Lamentablemente en mi país la izquierda ha seguido otros derroteros. Tras su llegada al gobierno el pasado año se marcaron una línea en primer lugar destructiva. Fue el caso de la paralización de la reforma de la educación, de la anulación de un plan vital para España como era el Plan Hidrológico Nacional o de la retirada de las tropas de Irak. La siguiente fase fue más allá. Consistió en poner sobre la mesa proyectos divisivos. Se trataba de dibujar una franja lo más gruesa posible que separara lo supuestamente progresista de lo supuestamente anticuado. Daba igual que una mayoría social no compartiera esos proyectos divisivos. El objetivo era dejar fuera del sistema a todos aquellos que no compartieran las alteraciones introducidas por el Gobierno. Así se explican los ataques gratuitos e innecesarios a la Iglesia católica. Así se explican leyes como la que incluye en el concepto de matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, incluida la posibilidad de adopción. Así, en parte también, puede explicarse la propuesta presentada por el Gobierno en el Parlamento, que suponía una oferta de negociación a los terroristas de ETA.

Pero lo que sin duda debe de resultar más incomprensible para un observador no familiarizado con la vida política española es que el gobierno de una de las naciones más antiguas de Europa promueva su autodisolución.

Cuando el actual Presidente del Gobierno de España era líder de la oposición, afirmó en un mitin electoral, que apoyaría cualquier proyecto de nuevo estatuto de autonomía que aprobara el Parlamento de Cataluña. Si los nacionalistas presentes en el Parlamento regional necesitaban algún estímulo para enviar a Madrid un estatuto de reivindicaciones máximas, lo encontraron aquella noche.

De esta manera, el texto que ya ha entrado en el Congreso de los Diputados supone una derogación de facto de la Constitución. No sólo porque altera de modo sustancial el nivel de competencias del propio Estado y la relación de éste con las instituciones regionales, sino sobre todo porque suprime el mismo sujeto constituyente, titular de la soberanía, la nación española formada por todos los ciudadanos y que es, por definición, indivisible. La idea de una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley sencillamente desaparece.

Una reforma constitucional es algo que afecta a todos los ciudadanos del país. Todos los españoles deberían tener derecho a opinar y votar sobre un nuevo régimen que quiere implantarse. Pero la coalición de la izquierda y los nacionalistas no quieren permitirlo. En lugar de llevar a la Cámara un proyecto de reforma constitucional, que requiere una mayoría parlamentaria muy amplia y un referéndum nacional, han presentado un proyecto de reforma de un Estatuto regional, que puede ser aprobado por una mayoría parlamentaria ordinaria y en el que sólo los ciudadanos catalanes son consultados. Es un fraude muy grave, que elimina el derecho de todos los españoles a opinar sobre su futuro común.

El Gobierno podría impugnar ya el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña y suspender su tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. No hemos recibido hasta ahora la menor señal de que vaya a hacerlo. Igualmente, la mesa del Congreso de los Diputados podría devolverlo a Barcelona por no ajustarse su contenido a lo que debe ser un proyecto de estatuto y pedir a la Cámara regional que lo tramite como proyecto de reforma constitucional. El partido socialista ya ha anunciado que desea su trámite en el Congreso para eliminar los rasgos anticonstitucionales. Esa es una táctica engañosa. El problema no es que en el texto haya algunos rasgos inconstitucionales. El problema es que la anticonstitucionalidad viene de raíz e impregna la totalidad de su articulado.

En 1977, con las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura franquista, y en 1978, con la aprobación de la primera Constitución española fruto del más amplio consenso de las fuerzas políticas, los españoles decidimos avanzar hacia la libertad, la prosperidad y el progreso. Aquel proceso histórico pudo tener sus fallos, pero nacía de la firme y clara voluntad de aprender de nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores. La izquierda de aquel momento, y también el nacionalismo catalán, se implicaron, de manera correcta, en la transición democrática.

Siempre he creído en las posibilidades de España para ser uno de los mejores países del mundo. Siempre he creído que bastaba con trabajar duro y permanecer unidos en lo esencial, en la estabilidad institucional y democrática. Hoy, con la más honda preocupación, sólo puedo esperar que la voz de la mayoría obligue al Gobierno a retirar un proyecto que significa la división irreversible de España.

Cuando demasiada autonomía rompe las naciones.
Sábado, 15 de Octubre de 2005

Artículo de José María Aznar publicado en Il Messaggero

Uno que vota y por fin opina

2005-10-14T15:00:00.000+02:00

Joaquín Leguina (diputado del PSOE) se explayó en su crítica al Estatuto en declaraciones a Telemadrid. Esta vez, los ataques se dirigen directamente a Zapatero, pues el diputado socialista dice que le preocupa incluiso la actitud del presidente. A Leguina le parece que hubiera sido mejor pactar con el PP y ha expresado sus dudas sobre la confianza de Ibarra y Bono en las modificaciones que planea Zapatero.

En relación a las reformas que se planean sobre el texto, Leguina resaltó que las ocho fórmulas de las que habla Zapatero son sólo para "la palabra nación" porque para el resto se necesitarán "bastantes más".

Para Leguina hubiera sido "mucho mejor procurar pactar con el Partido Popular". Dijo no saber si ha habido o no esfuerzos, pero señaló que "las pruebas no son buenas". Asimismo, apostó por cambiar el actual sistema electoral, que definió como un "desastre" porque cuando PP o PSOE no sacan mayoría absoluta, quedan "en manos de los nacionalistas", lo que cree es "un disparate".

Preguntado sobre cuál de sus dos títulos, 'La fiesta de los locos' o 'Tu nombre envenena mis sueños', elegiría para definir el 'Estatut', Leguina contestó: "Más lo primero que lo segundo. No estoy en edad de que me envenene mis sueños ningún acto político".

LD

¿Campaña contra el Estatuto?

2005-10-13T23:05:00.000+02:00

[...] puedo leer duras críticas al nuevo Estatut formuladas por personalidades públicas de muy diverso signo, condición, ideología, procedencia geográfica y especialidad profesional. En concreto, en ese día aparecían las opiniones negativas acerca del texto estatutario, expresadas por Jaime Caruana, gobernador del Banco de España; José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras; Cándido Méndez, secretario general de UGT, y Maria Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Se trata, como puede verse, de un plantel cualificado y suficientemente variado. Además, ninguno de ellos se pronunciaba sobre si Catalunya era o no era una nación. Sus opiniones - algunas de ellas formuladas por escrito y, por tanto, presumiblemente meditadas- trataban sobre materias relativas a los cargos que ocupan: unidad de mercado, financiación, política económica, seguridad social, legislación laboral y gobierno de los jueces. Sus declaraciones, por tanto, no se hacían desde la España eterna, tan invocada estos días por los nacionalistas catalanes, esta España que, según ellos, ni comprende ni comprenderá nunca a Catalunya. No. Eran opiniones sobre materias que, por su especialidad, conocen bien estas destacadas personalidades, sin carga metafísica alguna de por medio.

Pues bien, ¿están todos ellos coordinados con el objetivo de lanzar una campaña de desprestigio del nuevo Estatut y, de paso, contra Catalunya?, ¿están coordinados también algunos ministros del Gobierno Zapatero con Mariano Rajoy y la cúpula del PP? Por último, y definitivo, ¿se han coordinado Juan Luis Cebrián y Pedro J. Ramírez, ambos críticos con el proyecto? Por favor, dejémonos de supuestas campañas. No sigamos cultivando en Catalunya esta eterna manía persecutoria. Dejemos de fabricar falsos mitos anticatalanes: no son únicamente la Cope y Federico Jiménez Losantos quienes discrepan del Estatut, sino otra mucha gente, muy diversa y distante, con razón o no, tanto de Catalunya como de fuera de Catalunya.

Por tanto, señores de la política y de los medios de información catalanes, hagan por favor un esfuerzo en aceptar ser criticados sin despreciar al crítico, sin ver en él a un instrumento de una campaña anticatalana. Incluso, haciendo un esfuerzo, podrían llegar a pensar que, a pesar de ser unos incomprendidos catalanes, quizás alguna cosa se ha hecho mal, quizás se han equivocado. Discutamos, pues, tranquila y libremente en los próximos meses sobre el nuevo Estatut sin hacer constantemente un previo juicio de intenciones acerca del que lo critica.

Artículo completo de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Las fórmulas mágicas para arreglar el embrollo.

2005-10-13T21:20:00.000+02:00

Otro dato sacado de HispaLibertas: Sapere Aude de un artículo de Miguel González en El Pais. Son hipótesis aún. Todo se basa en prueba, ensayo y error.

Como profesor de Derecho Constitucional, José Luis Rodríguez Zapatero prefiere el término "pueblo" al de "nación". Nadie duda de que Francia, Estados Unidos y Alemania son naciones y, sin embargo, en ninguna de sus constituciones se las define así. "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos", comienza la Constitución americana de 1787. "El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", dice la Constitución francesa de 1958.

La Constitución española, afirman fuentes de La Moncloa que han hecho un estudio comparado, tiene pocos parangones cuando dice fundamentarse en "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

Aunque hay discrepancias entre los expertos, las fuentes consultadas admiten que la Constitución es tan contundente en el empleo del término nación aplicado a España que resulta difícil hacerlo compatible con su aplicación a parte del territorio.

[...] No obstante, entre las fórmulas estudiadas está definir a Cataluña como "país", que es el término usado habitualmente por los catalanes para referirse a su comunidad y que, según el diccionario de la Real Academia, significa "nación", pero también "región, provincia o territorio". O denominarla "comunidad nacional", fórmula que propuso el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, con un sentido más cultural que político.

Pero la solución podría estar en la propia propuesta de reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento catalán. El texto remitido al Congreso asegura en su preámbulo que "los ciudadanos de Cataluña y sus instituciones políticas reconocen [el Valle de] Arán como una realidad nacional con entidad propia". El artículo 11 del texto recuerda que Arán cuenta con un idioma propio, el aranés u occitano, y con una "singularidad cultural, histórica y geográfica", que se compromete a proteger mediante un "régimen jurídico especial".

Sin embargo, el Estatuto no reconoce al Valle de Arán el carácter de nación, que reserva para Cataluña, ni tampoco admite que Cataluña sea una comunidad plurinacional, algo que sí predica del Estado español. Es decir, según el Estatuto, se puede ser una "realidad nacional con entidad propia", incluso con idioma, sin por ello ser una nación.

Artículo completo en El Pais

Cataluña en perspectiva

2005-10-13T00:43:00.000+02:00

por Mariano Rajoy publicado en La Vanguardia

Siempre me he sentido orgulloso de mi condición gallega. Gracias a ella he vivido mi españolidad desde una óptica privilegiada. Me refiero a la que proporciona esa periferia que hace comprensible lo que muchos defendemos: una España unida en la diversidad; una España entendida como una nación plural, hecha de vivencias colectivas diferentes pero fundidas en lazos de comunidad y cercanía más intensos que nuestras diferencias.

Catalunya ha sido siempre para mí un ejemplo. La energía creadora, el espíritu emprendedor y el anhelo europeísta de la sociedad catalana han sido un referente para muchos españoles que, como yo, hemos visto en ella un modelo en el que el dinamismo de sus estructuras y el vigoroso pragmatismo de sus ciudadanos han hecho posible una extraordinaria capacidad para anticiparse al futuro y sus problemas.

Hoy, Catalunya acumula un gran poder político en torno a la Generalitat. Sin embargo, lo que podría ser una oportunidad que contribuyera a desarrollar los activos de la sociedad catalana - y hacerla aún más pujante- se puede perder por culpa de la reforma del Estatut. Especialmente porque parece desconfiar de ellos, los minimiza y reduce a un papel secundario: el tímido reflejo de lo que han representado históricamente dentro de Catalunya.

Como señalé durante la conferencia que pronuncié en Barcelona hace unos días en la sede de La Caixa, el proyecto de Estatut remitido a las Cortes Generales diseña una sociedad que intenta maniatar a los ciudadanos catalanes dentro de los esquemas de una clase política que mayoritariamente ha demostrado no compartir del todo los valores y principios que sustentan una sociedad abierta.

Bajo la apariencia de una extensión de derechos se pretende imponer un modelo de sociedad fuertemente ideologizado. Un modelo que afecta a la esfera privada, económica y social de los ciudadanos, asfixiando la vitalidad espontánea y la creatividad que han caracterizado a la sociedad civil catalana.

Para cualquiera con mentalidad liberal esto ya sería inadmisible. Sin embargo, quienes consideramos a Catalunya parte activa dentro del proyecto nacional que encarna España, vemos además en el Estatut una grave fractura de las bases del consenso político y territorial de 1978. De hecho, la concepción que vertebra su texto diseña una relación de igual a igual entre el Gobierno de España y la Generalitat que pone en entredicho la unidad de la soberanía democrática del pueblo español.

Por otro lado, la presencia del Estado en Catalunya se ve diluida hasta su práctica desaparición, olvidando que hay asuntos que, a la vez que interesan a los catalanes, afectan también a todos los españoles. La igualdad y la solidaridad es algo que interesa a todos, en Catalunya y en el resto de España. Sin ambas no sería posible la prosperidad. De hecho, el coste de la desigualdad empobrece a todos, ya que en el seno de una sociedad avanzada el crecimiento se funda en una unidad de mercado y en mecanismos de cohesión que hacen que la riqueza circule y crezca. Generar prosperidad requiere un flujo de ida y vuelta.

Quienes vean en mi oposición al Estatut una crítica a Catalunya se equivocan. Confunden sus deseos con la realidad. Hay quien piensa que su tarea está concluida y que ahora el problema lo tienen otros. Se equivocan también. No sé qué es más irresponsable, si la actitud personalista de elevar a las Cortes un proyecto de Estatut a sabiendas de que es inconstitucional, o la actitud calculada de quienes justificarán en el recorte una frustración que retroalimentará de nuevo el discurso reivindicativo.

Sin embargo, quien ha demostrado la más grave irresponsabilidad en todo este proceso es, sin duda, el presidente del Gobierno. Apadrinó esta iniciativa a cambio de apoyos en un congreso federal. La hizo suya después en el balcón de la Generalitat. Durante el debate del plan Ibarretxe asumió que cualquier texto que viniera de Catalunya tendría su apoyo. Se reunió con Carod, Maragall y Mas a pocas horas de su aprobación, pactando el desenlace que conocemos y, quizá, los recortes de su inconstitucionalidad. Zapatero ha jugado con los sentimientos de los catalanes y ahora pretende acallar el rechazo del resto de los españoles.

La manipulación de unos y otros tendrá su coste. Estoy convencido de ello. Como líder de la oposición haré todo lo que esté en mi mano para que la convivencia política entre Catalunya y el resto de España no sufra deterioro alguno. Y lo voy a hacer en Barcelona y en Madrid, sin engaños ni ocultación, hablando con la serenidad y la moderación de quien sabe que la solución a la situación creada descansa en las convicciones y el sentido común. Voy a trabajar para que la España en la que creo siga siéndolo, una España unida, cohesionada, plural y orgullosa de su diversidad. En fin, una España dentro de la que Catalunya se sienta cómoda y segura de su identidad.

Parar la 'españofobia'

2005-10-12T10:16:00.000+02:00

Artículo de Julio Ponce en el Diario de Sevilla.

El pasado 11 de octubre, publicaban los diarios del Grupo Joly un artículo de Manuel Ruiz Romero titulado Parar la catalanofobia. Decía el autor que aquel extraño término no era nuevo y que se retornaba al mismo cada vez que surgían los recelos de unas comunidades por los presuntos avances de otras. Aquellos párrafos eran una sensata llamada a la erradicación de las reacciones anti. Contra Cataluña o contra cualquier otra comunidad. También con harta frecuencia hemos escuchado voces lanzando anatemas sobre economías subsidiadas.

El celtibérico odio del vecino es un veneno que discurre por las venas de nuestras comunidades autónomas en cuanto se otean intereses o repartos. En realidad, cuando hablamos de "comunidades" nos estamos refiriendo a los gobiernos autonómicos porque el ciudadano de a pie tiene otras preocupaciones: si vive en Gerona corre el peligro de morir ahogado en la primera riada, si vive en la bahía de Algeciras sufre paciente los vertidos de combustible y la presencia de submarinos (contra los que, ahora, ya no se protesta, ¿por qué?), si vive en cualquier parte sufre las huelgas y si le da por fijar su residencia en Madrid... que el cielo le asista. La gente común observa con elocuente reserva y admirable estoicismo el espectáculo que estamos padeciendo.

Si aceptamos el concepto de catalanofobia, parece justo bautizar como españofobia un conjunto de prácticas muy correctas en determinados cenáculos progres. Observar con desdén o criticar el despliegue de la bandera en un lugar público, charlar mientras suena el himno nacional, despreciar a nuestras FF AA bajo la sublimación de un supuesto pacifismo, o la obsesión por utilizar extensiones tipo punto com, punto net o punto edu con tal de no escribir punto es son algunas muestras de esta patología. Otro síntoma –en este caso contradictorio– consiste en el repetido uso de la expresión "Estado español" por aquellos mismos que no cesan de aullar contra la supuesta amenaza del "nacionalismo español".

Las posturas anti (antiespañola, antivasca o anti-lo-que-sea) hunden sus raíces en el mantillo de la ignorancia, son regadas por el agua de crispación y la alientan las brisas de un errático aislamiento del mundo exterior. En ningún país de los considerados civilizados sería posible que una institución subnacional aprobase una propuesta unilateral que violase el espíritu de convivencia y la letra de la ley suprema del Estado-nación al que pertenece. Y cualquiera le recuerda al lehendakari o al president que ellos son también Estado. Mientras tanto, los ciudadanos asisten atónitos a un sainete más bien grotesco donde se permite a cargos electos –que cobran sus sueldos de los contribuyentes– bordear la Constitución hasta extremos de franca violación.

Da la sensación de que la jungla de leyes y normas de nuestro sistema jurídico se aplica sólo al que las cumple. Al contrario que ocurre en las democracias consolidadas respetuosas con su Estado de derecho, donde se respira un clima de libertad en el que predomina el principio de "todo está permitido excepto lo que está prohibido", aquí no está claro lo que está prohibido o permitido a la hora de la verdad. Todo depende de quién cometa el crimen o el delito, qué apoyos tenga y en qué contexto nos encontremos. Sorprendentes ejemplos no faltan. Cabe aprobar el carné de conducir tras haber atropellado mortalmente a una persona e intentar luego encubrir el homicidio. Organizar una conspiración es relativamente fácil, muy rentable y apenas recibe castigo (recordemos el 23-F y otras conjuras no necesariamente fabricadas por militares). No es de extrañar que se permita la españofobia y su institucionalización hasta formar parte de nuestro paisaje cotidiano. Así lo permiten los gritos de los menos y el silencio prudente de los más. Eso sí: que la ciudadanía no se olvide de pagar sus impuestos, trabajar fuera de horario, soportar los atascos y carecer de servicios públicos de calidad.

Cabe preguntarse si el proceso de negociación sobre el Estatut no es más que un nuevo baile de máscaras para asustar al rebaño de la opinión. Si es así, estamos ante una nueva serie de globos sonda para distraer al público mientras no se adopta ninguna medida para la mejora real de la mayoría. Así llevamos más de año y medio: tirando de aquí y de allá, pero sin nada concreto. Abstenerse de tomar decisiones y permitir riesgos innecesarios para la unidad del país no es sensato. Por cierto: ¿dónde está la política social prometida para compensar el denostado aznarato?

Aquí, por lo visto, sólo puede uno sentirse vasco, catalán, aranés, astur o vecino de la República independiente de Triana (ya casi cantonalizada por las obras del Metro). Mientras, Europa se siente lejos (por superior), se rechaza lo español (por inferior) y corremos a encerrarnos en nuestras respectivas aldeas identitarias. Ojalá termine pronto este patético aquelarre.

Julio Ponce Alberca es profesor titular de historia contemporánea de la Universidad de Sevilla .

Aquí da lo mismo Juana que su hermana

2005-10-12T00:34:00.000+02:00

Uno de los puntos más calientes (aparte de otros muchos) en el actual debate sobre la reforma del Estatuto de Cataluña es cómo encaja el Artículo 1.1 que dice «Cataluña es una nación» con el Artículo 2 de la Constitución Española que dice:

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»

En lo que refiere a la Constitución se ve claramente que se diferencia el concepto de nación y nacionalidad y para quién se reserva cada concepto. Y es imcompatible con el artículo del Estatuto. Esto puede parecer confuso pero queda claro si consultamos el Diccionario de la Real Academia:

nación. (Del lat. natĭo, -ōnis).
1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.
2. f. Territorio de ese país.
3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.
4. f. coloq. p. us. nacimiento (acción y efecto de nacer). Ciego de nación.
5. m. Arg. p. us. Hombre natural de una nación, contrapuesto al natural de otra.

nacionalidad.
1. f. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación.
2. f. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.
3. f. Esp. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural.
4. f. Esp. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas españolas.

La acepción de nación evidentemente si se es lo suficientemente malvado, se puede aplicar a cualquier grupo humano desde la comunidad de vecinos, hasta la ONU. Pero el concepto de toda la vida vemos que se aplica a cada ente independiente y soberana. Esto es, a España... y Francia, Portugal, Estados Unidos (por cierto, unión de Estados para formar UNA Nación, la estadounidense), etc... Llamarse nación es el paso previo a la independencia porque implica soberanía (derechos y deberes propios) y país. Y además según la definición 5, si Cataluña es nación, o Cataluña no es España, o España no existe.

La acepción de nacionalidad es menos amplía que la de nación pero al que se le puede dar un uso más "ambiguo" y diverso. Dentro de una nación puede haber y se permite la existencia de varias nacionalidades. Sólo fijándonos en la primera definición. En la tercera queda claro que tiene que ver y se refiere al "ente" llamado Comunidad Autónoma.

Un 77 por ciento de los españoles cree que Cataluña es una región como otra cualquiera de España. Únicamente, un 13 por ciento cree que esta comunidad autónoma merece un tratamiento especial por su carácter diferenciado. Finalmente, sólo un 9 por ciento percibe a Cataluña como una nación. Y la imagen que los catalanes tienen de su propia comunidad está notablemente alejada de la nación que desde algunos partidos nacionalistas o independentistas quieren representar. Así, un 46 por ciento considera que Cataluña es una región de España como otra cualquiera, mientras que un 53 por ciento cree que se trata de una comunidad diferenciada. Y el dato más importante: Sólo un 28 por ciento considera que es una nación. Según una encuesta de La Vanguardia en Febrero de 2005.

Tal y como está redactado el Estatuto que quieren aprobar, ese artículo en concreto es inconstitucional y anticonstitucional porque no sólo no se ajusta a la Constitución sino porque la liquida.

¿Cómo propone Zapatero arreglar el desaguisado? Dice que tiene "fórmulas". La "fórmula modificada" que anunció Zapatero para que Cataluña sea nación sin que así figure en el Estatuto parece tener hasta ocho posibilidades. Pero parece que sólo una tiene probabilidades de éxito. Según Zapatero, la clave es combinar que "una mayoría de catalanes sienten Cataluña como nación" y una mayoría de españoles "siente que la única nación es España".

Si esta es la solución, vamos apañados. Menuda normativa. ¿Cómo una cosa puede ser sin que se mencione? Es imposible. En todo caso, eso ya está pasando ahora con las hordas nacionalistas sin necesidad de regular nada nuevo. Lo primero que se me ocurre es que Cataluña no formaría parte de España. Quiere con esa combinación que existan diferentes derechos y deberes según la condición social o política de cada persona porque el artículo 139 de la Constitución señala que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado» y lo que se propone es establecer diferencias entre las personas según dónde vivan o hayan nacido dentro de España.

¿Y si eres catalán y español? ¿Qué pasa, de cintura para arriba español y de cintura para abajo catalán? ¿y qué pasa con las minorías? ¿Bajo qué jurisdicción quedan esas personas? vamos, no me lo explico. No hay apaño posible.

Por su parte, Maragall dice estar tranquilo porque a Zapatero “no le molesta el término nación”. Claro, con el coeficiente intelectual de nuestro Presidente de Gobierno. Debe estar a la altura de la gallina Caponata.

Sobre el tema de nación todavía se puede argumentar mucho más, sobre todo si se empieza a desbaratar las mentiras históricas que fundamentan para ello. Al tiempo.

El alcalde de Oviedo denuncia el "cinismo" de las mociones del PSOE contra el Estatuto

2005-10-11T23:17:00.000+02:00

En un artículo publicado por La Nueva España, el alcalde de Oviedo, Gabino Lorenzo, ha denunciado el acto de "cinismo grave" por "su ambición de mantenerse en el poder a cualquier precio" por parte del Partido Socialista al presentar mociones en contra del Estatuto catalán, "cuando han sido los socialistas, comenzando por Zapatero y siguiendo por Maragall, sin dejar a un lado a Montilla, ministro de Industria en el Gobierno presidido por Zapatero y, al tiempo, máximo responsable del PSC, quienes han creado este problema".

"[...]son los auténticos impulsores de esta situación de grave crisis política en la que han metido a España" y culpó directamente al presidente del Gobierno de haber impulsado "la elaboración de un Estatuto para Cataluña insolidario e inconstitucional".

"[...] los socialistas pretenden jugar con varias barajas a la vez: una en Barcelona, aprobando el nuevo Estatuto; otra en Madrid, rechazando no se sabe qué parte del mismo; y otra en España, haciendo 'aspavientos' para dar la impresión de que defienden un modelo solidario para España que desde el Gobierno catalán y desde el Gobierno de España se están 'cargando'".

Alertas sobre el Estatuto de Cataluña

2005-10-11T23:11:00.000+02:00

El gobernador del Banco de España dijo el lunes que el Estatuto catalán puede "debilitar la eficiencia y capacidad" de crecimiento de la economía y "afectar al bienestar del conjunto de los españoles". Los sindicalistas José Fidalgo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT) advirtieron de que con la unidad de caja de la Seguridad Social "no se juega". El vicepresidente Solbes, ha dicho que tendrá en cuenta los análisis técnicos de Caruana, pero subrayó que "las decisiones políticas corresponden siempre al Parlamento".

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha advertido, en una comunicación a los presidentes del Congreso y del Senado, los representantes de los grupos parlamentarios y a la vicepresidenta primera del Gobierno, entre otras autoridades, que el Proyecto de reforma del Estatuto Catalán "conculca abiertamente" el artículo 54 de la Constitución al definir las competencias del Sindic de Greuges. Además de señalar su legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Defensor acompaña a todos los destinatarios una nota sobre los contenidos que afectan a la Institución en la reforma que se pretende.

En ella, pone de manifiesto muy especialmente que el texto del proyecto "recorta claramente la efectividad de los derechos de los ciudadanos, catalanes o no, al impedir que prosperen las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo de España, si tales quejas afectan a la Administración de la Generalitat catalana que habría de ser supervisada, en exclusiva, por el Sindic de Greuges".

En este sentido, recuerda que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo un poder de supervisión que se refiere a todas las Administraciones Públicas (la General del Estado, la Autonómica y la Local), razón por la cual ninguna Ley Orgánica puede ignorar tal mandato, así como que "corresponde al Defensor arbitrar el mecanismo de coordinación que asegure la unidad y coherencia de la acción supervisora con los Comisionados autonómicos, entre los que se encuentra el Sindic de Greuges".

Desde el País Vasco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, manifestó que la Constitución contempla "la unidad de la nación española con absoluta claridad", aunque reconoció que se puede reformar este artículo mediante la voluntad popular. En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ruiz Piñeiro se mostró convencido de que la posible creación de Consejos autonómicos del Poder Judicial "no aportará ninguna ventaja" al actual modelo, sino que, en su opinión, contribuirán a fomentar "la imagen de politización". El máximo representante del alto Tribunal vasco reiteró que "el Poder Judicial es el poder público más descentralizado que existe hoy día en España".

"No es sólo el poder estatal más descentralizado, sino que es el más descentralizado comparativamente respecto del Poder ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel estatal como autonómico", añadió. En este sentido, manifestó que desconoce "qué mayor nivel de descentralización se puede producir", salvo que se pretendiera crear un juzgado en cada comunidad de vecinos.

Libertad Digital

Análisis del Estatuto en El Mundo (VIII)

2005-10-11T13:21:00.000+02:00

Se excede al regular derechos fundamentales y suscita agravios con quienes no son catalanes.

El Estatuto se refiere en su Título I a «derechos, deberes y principios rectores». El artículo 15.1 con el que comienza afirma que «los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes reconocidos por las normas a que se refiere el artículo 4.1». Esas normas son el Estatuto, la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos y otros tratados internacionales suscritos por el Estado español.

En primer lugar, el artículo 139 de la Constitución señala que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Por tanto, el Estatuto vulnera la Carta Magna al definir unos derechos diferentes para los catalanes. En segundo lugar, los tratados internacionales los firman los Estados y, por ello, la Generalidad no tiene potestad sobre su vigencia.

La redacción que se ajusta a la Constitución es la del artículo 8 del actual Estatuto, que dice lo siguiente: «los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución». De igual forma, el artículo 15.2 afirma que «todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad», lo cual está recogido casi con la misma literalidad en el artículo 10 de la Constitución. El artículo 15.2 hace también referencia a «los malos tratos», lo cual también es innecesario, ya que se trata de un delito tipificado en el Código Penal y, por tanto, perseguible.

El artículo 16 hace referencia a «los derechos en el ámbito de las familias», el artículo 17 a los «derechos de los menores», el artículo 18 a «los derechos de las personas mayores» y el artículo 19 a «los derechos de las mujeres», entre los que figuran, la dignidad, la seguridad y la autonomía. La Constitución elude estas tipificaciones, ya que habla genéricamente de personas sin distinguir entre edades ni sexo.

Los derechos de estos colectivos están garantizados por las leyes en vigor. Por ello, estos artículos son perfectamente redundantes con la Constitución y el ordenamiento jurídico. En cambio, el artículo 20 habla del «derecho a morir con dignidad», lo que, en primer lugar, abre la puerta a la regulación de la eutanasia y, en segundo término, es una opción que hoy no posee el resto de los españoles y, por tanto, resulta discriminatorio.

Igualmente sucede cuando el artículo 20.2 establece que «todas las personas tienen derecho a expresar su voluntad para dejar constancia de las intervenciones y tratamientos médicos que pueden recibir» en caso de enfermedad terminal. Algunas comunidades -entre ellas, Cataluña- han regulado el llamado testamento vital, pero ello es una potestad legislativa y no un derecho de rango constitucional.

www.elmundo.es

Paco Vázquez dice que el preámbulo del Estatuto "da urticaria"

2005-10-10T19:44:00.000+02:00

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de La Coruña, el socialista Francisco Vázquez, ha dicho que "sólo el preámbulo" del proyecto del nuevo Estatuto de Cataluña ya "produce urticaria" porque "supone un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de España".

En declaraciones a los medios tras firmar un protocolo con el ministro de Defensa, José Bono, Vázquez reconoció que "lo único" que había leído hasta ahora del texto es el propio preámbulo. "Me ha impactado de tal manera que he parado" de leer, afirmó.

Además, aseguró que no quería participar en "este gran barullo" y abogó por "desdramatizar el debate" territorial, ya que el Estatuto es "uno más" de las 17 regiones que hay en España.

El Mundo

Análisis del Estatuto en El Mundo (VII)

2005-10-10T18:31:00.000+02:00

Buen trabajo está haciendo este periódico. Me va ahorrar mucho tiempo puesto que en lo fundamental estoy de acuerdo con lo que escriben. Me he permitido insertar algunos artículos no muy extensos y en el resto ahí queda la referencia para quien quiera comprobaciones.

Un Título 1º integramente inconstitucional que rompe el principio de igualdad ante la Ley

Los artículos 12, 13 y 14 del Estatuto aprobado por el Parlament versan en torno a la expansión de la catalanidad, tanto en el extranjero (léase la pequeña comunidad catalanoparlante de Alghero, en Cerdeña) como en aquellos territorios de España con vínculos históricos, culturales o lingüísticos con Cataluña, como pueden ser Aragón, Baleares o Valencia.

Artículo 12. Los territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña

La Generalidad debe promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y los territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña. A tales efectos, la Generalidad y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración en todos los ámbitos, que pueden incluir la creación de organismos comunes.

Artículo 13. Las comunidades catalanas en el exterior
La Generalidad, en los términos establecidos por la ley, debe fomentar los vínculos sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y debe prestarles la asistencia necesaria. A tal fin, la Generalidad, según proceda, puede formalizar acuerdos de cooperación con las instituciones públicas y privadas de los territorios y los países donde se encuentran las comunidades catalanas en el exterior y puede solicitar al Estado la suscripción de tratados internacionales sobre esta materia.

Artículo 14. Eficacia territorial de las normas.
Las normas y disposiciones de la Generalidad y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad.2. Los extranjeros que adquieren la nacionalidad española quedan sometidos al derecho civil catalán mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifiesten su voluntad en contra.

Su redacción se acomoda mejor dentro de la legalidad vigente que la mayoría de los artículos comentados hasta ahora (ver www.elmundo.es). La duda más seria se centra en la afirmación del artículo 12 de que «la Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración en todos los ámbitos» con comunidades o territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tengan lazos con Cataluña.

La Constitución, en su artículo 145.2, establece claramente, sin embargo, que para dichos acuerdos de cooperación se «necesitará la autorización de las Cortes Generales».

Art 145.2 Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

El desafío a la Carta Magna, sin embargo, es mucho más evidente y grave en el caso del Título 1º del Estatuto, que abarca desde el artículo 15 hasta el 53, y cuyo encabezamiento es «De derechos, deberes y principios rectores». Independientemente de lo que diga cada uno de sus 38 artículos, el Título 1º es íntegramente inconstitucional; un ataque frontal al principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro actual marco de convivencia.

El artículo 147 de la Constitución, que regula los Estatutos de Autonomía, en ningún caso incluye entre sus funciones determinar cuáles son los derechos, deberes o libertades de los ciudadanos de las distintas comunidades.

Art 147.1 Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

Art 147.2 Los Estatutos de autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

Art 147.3 La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Esta importantísima tarea (según establece claramente el artículo 81 del texto constitucional) pertenece a las Cortes Generales, y se ejerce mediante leyes orgánicas que se aprueban por mayoría absoluta y afectan a la totalidad del territorio español.

Art 81.1 Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

Art 81.2 La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

La Constitución incide en este punto clave en su artículo 149.1, donde señala que «el Estado tiene competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales». Y también en el artículo 139.1, que afirma que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

Si el Estatuto catalán se aprobara con su actual redacción, los ciudadanos de Cataluña tendrían diferentes derechos y obligaciones que el resto de los españoles. Es decir, habría dos categorías distintas de españoles, lo cual sería desde todo punto de vista inaceptable.

www.elmundo.es

Leyes vulneradas en la redacción del Estatut

2005-10-09T15:18:00.000+02:00

By HispaLibertas: Sapere Aude

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, ha abogado por encargar a académicos catalanes y españoles, especialistas en Derecho constitucional y administrativo, informes jurídicos para certificar la constitucionalidad del nuevo Estatut.

En declaraciones a EFE, Ridao ha recomendado no conformarse sólo con los informes que el gobierno de la Generalitat pueda encargar a prestigiosos bufetes de abogados como los de Miquel Roca, Antonio Garrigues Walker o el ex ministro de Justicia Tomás de la Quadra Salcedo, con los que el tripartito ya ha contactado con el fin de que ofrezcan cobertura jurídica a los representantes catalanes que negocien el Estatut en Madrid.

'Comprendo el interés del gobierno de la Generalitat en buscar nombres de relieve en el mundo de la abogacía, pero esto habrá que complementarlo inevitablemente con la intervención de académicos catalanes y españoles de prestigio', ha dicho Ridao.

El portavoz de ERC en el Parlament ha recordado que catedráticos como Fernando Pérez Royo, Javier Pérez Royo, Pablo Pérez Tremps o Francisco Balaguer ya intervinieron en la fase de redacción del Estatut con la elaboración de informes técnicos sobre distintas partes del texto para verificar su adecuación a la Constitución. El Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), organismo dependiente de la Generalitat, se apoyó en éstos y otros informes del ámbito universitario para asesorar a los grupos parlamentarios catalanes en las discusiones sobre el nuevo Estatut.

Ahora bien, ¿por qué he puesto en negrita el nombre de Pablo Pérez Tremps? Porque Pérez Tremps es magistrado del Tribunal Constitucional, nombrado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en junio de 2004. ¿Y qué leemos en el art. 19 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional?:

Uno. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

Dos. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como Magistrado del Tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez días siguientesa la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida.

Se alude ahí a la Ley orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 117.1 es rotundo:

Art.117. 1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la meraadministración del patrimonio personal o familiar. Les serán de aplicación, además, las incompatibilidades específicas de los Jueces y Magistrados enunciadas expresamente en elartículo 389, apartado 2º, de la presente Ley Orgánica.
2. La situación administrativa para los que sean funcionarios públicos, tanto judiciales como no judiciales, será la deservicios especiales.

Y el artículo 389.7 conviene específicamente al caso:

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible: ... 7º. Con todo tipo de aesoramiento jurídico, sea o no retribuido.

De modo que Pérez Tremps, si es cierta la declaración del portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha infringido la ley de incompatibilidades y la ley del poder judicial. Qué de cosas se les ocurren a algunos mendrugos.

Inmenso rechazo de la reforma del Estatuto de Cataluña

2005-10-09T15:15:00.000+02:00

El Estatuto de Cataluña no está pasando desapercibido para los ciudadanos. Según una encuesta publicada por el diario El Mundo este domingo el 68 por ciento de los españoles se oponen al término nación para Cataluña y más del 66 por ciento opina que el sistema de financiación es insolidario.

Quizás por ello más de la mitad de los encuestados apoyan un cambio en la ley electoral. Por su parte, el diario La Razón publica otro sondeo que muestra que la mayoría de las autonomías gobernadas por los socialistas se oponen al Estatuto catalán. El sondeo de El País recoge que el 78,8 por ciento de los españoles pide que el Estatuto se ajuste a la Constitución.

Más del 65 por ciento de los españoles se expresa en contra de que en Cataluña se defina como nación en el texto de reforma de su Estatuto. Así lo desvelan los resultados de los sondeos que publican hoy las diarios El Mundo, El País y La Razón, cuyas encuestas coinciden en que más del 53% de los entrevistados opina que el nuevo Estatuto catalán 'sí' puede repercutir en la unidad de España.

La aprobación del Estatuto catalán está siendo seguido de cerca por todos los españoles. La encuesta publicada por el diario El Mundo muestra que una inmensa mayoría rechaza el texto tal y como ha sido aprobado por el Parlamento de Cataluña, en concreto, el 57 por ciento. El sondeo explica que el 68 por ciento de los españoles se opone a que Cataluña adopte el término nación y que el 66,5 por ciento piensa que el sistema de financiación, base fundamental del texto, es insolidario.

Además, la encuesta refleja que un 55 por ciento piensa que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se ha equivocado al impulsar el Estatuto y el 53 por ciento rechaza que la Generalidad asuma competencias exclusivas del Estado. Quizás por todo ello a la pregunta de si apoyan un cambio en la Ley electoral para aminorar el poder nacionalista un 51 por ciento dice que sí. Según el estudio hecho por Sigma Dos y realizado sobre una muestra de mil entrevistados en todo el territorio nacional entre los días 4 y 6 de octubre, el 67,8% de los consultados está en contra de que Cataluña se denomine como nación, frente a un 23,4% que está a favor.

Añade el mismo sondeo que el 57,8% de los entrevistados cree que el nuevo Estatuto catalán "pone en riesgo la unidad de España", ante un 28,7% que opina que no; el 66,5% opina además que el texto es insolidario con el resto de España, el 16,9% que es solidario y un 16,6% no sabe o no contesta.

El País, en una encuesta del Instituto Opina hecha entre el 4 al 6 de octubre a 1.300 entrevistados -300 de ellos catalanes y el resto de otras comunidades autónomas-, da a conocer que el 69,4% de los consultados es contrario a que "Cataluña se defina como estado dentro de España", mientras que el 23,3% se muestra a favor. El 53,2% de los encuestados cree que el nuevo Estatuto "pone en peligro la unidad de España", frente a un 34,4 que opina que 'no'; y un 52,7% lo ve insolidario con el resto de España, mientras que el 26,2% opina lo contrario y un 21,0% no sabe o no contesta.

La Razón publica un estudio de Iberconsulta, sobre una muestra de 800 entrevistas hechas entre el 5 y 7 de octubre en todo el ámbito nacional, según el cual, el 69,1% de los consultados no está de acuerdo en reconocer a Cataluña como nación, el 14,6 % dice que sí y un 15,2 no sabe o no opina. El 58,6% de los preguntados para el sondeo de La Razón cree que el Estatuto sí "puede tener repercusiones en la estructura del Estado" y el 33,7% opina que 'no', y a la pregunta de si se cree que rompería los criterios de solidaridad entre "las diferentes autonomías", el 61,7 dice que sí y el 31,4 que no.

Las entrevistas coinciden en resultados sobre la constitucionalidad del Estatuto; mas del 54% cree que es necesario que se ciña a la Constitución y entre el 50,4% y el 52,7% se muestran a favor de que se negocie con todas fuerzas políticas parlamentarias.

De Libertad Digital.

El Estatuto catalán artículo por artículo (II)

2005-10-05T19:10:00.000+02:00

Una definición de Cataluña contradictoria, inconstitucional y conflictiva

Así como el preámbulo del nuevo Estatuto catalán, cuyas falacias y pretensiones rupturistas denunciábamos ayer, no tiene fuerza jurídica, la mera aplicación del título preliminar sí pondría gravemente en peligro el modelo de convivencia consensuado por todos los españoles hace 25 años.

El título preliminar aborda todo lo relacionado con la definición de Cataluña, sus instituciones, lengua y símbolos. El artículo 1º incluye dos puntos. El primero establece lisa y llanamente que «Cataluña es una nación» y el segundo, en cambio, dice que «Cataluña ejerce su autogobierno mediante institucionespropias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto». Lo primero que salta a la vista, por tanto, es la flagrante contradicción entre los dos puntos. O bien Cataluña es una «nación» o bien es una comunidad autonóma de acuerdo con la Constitución. Pero las dos cosas a la vez es sencillamente imposible. Todo sugiere que los redactores del Estatuto han querido maquillar con la alusión constitucional el gravísimo desafío a la legalidad vigente que supone la nueva definición de Cataluña.

Aunque Zapatero y algunos socialistas se empeñen en restar trascendencia al término «nación» -el presidente lo calificó como «discutido y discutible» en el propio Parlamento-, lo cierto es que una nación es un sujeto de soberanía. De ahí que los padres de la Constitución del 78 emplearan el término «nacionalidades y regiones» para definir a las comunidades autónomas, reservando el concepto de «nación» sólo para España. Esta prevención no es exclusiva de la Constitución del 78. La Nación española como hecho histórico y sujeto político data de la Constitución de Cádiz. Y tanto el proyecto de Constitución de la Primera República de 1873, que contemplaba un modelo federal similar al de EEUU, como la Constitución de la Segunda República emplean siempre el término «nación» para referirse al conjunto de España y jamás para aludir a una de sus partes. Así la primera dice: «Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón...».

Y el artículo 67 de la segunda, que «el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación». Por tanto, además de contradictorio, el 1º del Estatuto inventa una nueva realidad política y jurídica, que se aparta de la tradición constitucional española y crea unilateralmente una «nación de naciones», que no puede más que desembocar en un conflicto de legitimidades, en un peligroso choque de soberanías.

El Mundo.

Zapatero entra en la Historia

2005-10-05T07:29:00.000+02:00

Editorial de Pedro J Ramírez del 2 de Octubre de 2005 publicado en El Mundo.

No tiene desperdicio.

[...] José Luis Rodríguez Zapatero ha conquistado anteayer el dudoso honor de ser recordado como el primer presidente de un Gobierno constitucional que promueve y logra sacar adelante un texto legal -el Estatuto de Cataluña- destinado a dinamitar los fundamentos mismos de su poder político. Un poder político que recibió en depósito de los ciudadanos y cuya integridad juró solemnemente defender.
[...] el victimismo catalán estará servido durante varias generaciones.

El Estatuto catalán artículo por artículo (I)

2005-10-04T19:05:00.000+02:00

Un preámbulo que pretende eclipsar la Constitución española.

Ante la magnitud del desafío que supone el Estatuto catalán, este periódico (El Mundo) considera imprescindible que los ciudadanos conozcan todos sus artículos, que iremos comentando, uno a uno, a partir de hoy.

El preámbulo es a la Constitución española lo que la luna fue ayer durante unos instantes al sol: un filtro impenetrable, un pretendido sustituto. Combina la falsificación de la Historia, la ofensa para los demás españoles y el ridículo. Sus dos primeras palabras son todo un desafío: «La nación catalana...».

El término nación para referirse a una comunidad no tiene cabida en la Constitución y contradice la idea de España como «una patria común e indivisible», a la que ayer apeló el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Según el preámbulo, el Estatuto «sigue la tradición de las constituciones» catalanas -como si tales instituciones hubieran existido alguna vez- y es el «depositario de la memoria (...) de todos los que han luchado y fueron exiliados o incluso murieron por el reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña».

Esta idea de una Cataluña monolítica, históricamente empeñada en separarse de España, es un mito: todos los llamados hitos de la construcción nacional catalana han sido de una u otra manera la expresión de tensiones entre los propios catalanes. Desde el Corpus de Sang de 1640 hasta el franquismo, pasando por la Guerra de Sucesión y la Segunda República. A esta flagrante falsificación del pasado se une una clara intención de reescribir el presente con frases que oscilan entre una retórica de la descolonización impropia y trasnochada -el derecho de los catalanes a «determinar libremente su futuro como pueblo»- y una ambigüedad calculada.

Por ejemplo, menciona la necesidad que como nación tiene Cataluña a una «plena interdependencia», sin concretar si eso significa la independencia de España, a la que se permite la licencia de determinar como un «Estado plurinacional».Eso sí, la única nación de ese Estado es Cataluña, que condescendientemente acepta relacionarse en un «marco de libre solidaridad» con las demás con rango inferior de «nacionalidades y regiones». A esto se añade la pretensión de avanzar hacia una «democracia de más calidad» que la española, estableciendo, entre otras cosas, el «deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar».

Es decir que si se aprueba el Estatuto, los ciudadanos de Cataluña tendrán la obligación de comulgar a pies juntillas con el proyecto nacionalista de su clase política. El preámbulo, pues, no sólo pretende eclipsar la Constitución del 78, sino también las libertades de los propios catalanes.

Fuerte división interna en el PSOE por culpa del nuevo Estatuto catalán

2005-10-04T11:12:00.000+02:00

La aprobación el pasado viernes en el Parlamento catalán de una reforma estatutaria abiertamente contraria a la Constitución ha provocado una fuerte reacción en cadena dentro del propio PSOE, cuya federación catalana -el PSC- ha encabezado una propuesta que rompe el modelo de convivencia que los españoles votaron mayoritariamente en 1978.

Mientras algunas fuentes hablan de la posibilidad de una escisión interna, otros medios ponen al descubierto el gran descontento que existe dentro del partido ante la pasividad de Zapatero hacia los serios problemas que afectan a la cohesión territorial de España.

Duras críticas de Ibarra a la deriva radical de Zapatero y del PSC

El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha declarado este lunes 3 de octubre que "ni el presidente del Gobierno, ni el secretario general del partido, ni la dirección federal a la que pertenezco se pueden saltar las resoluciones congresuales de mi partido, que dicen que España está formada por nacionalidades y regiones".

En una rueda de prensa, Rodríguez Ibarra anunció una proposición no de ley que el Grupo Socialista ha presentado en el Parlamento autonómico de Extremadura en la que se insta al Gobierno de la nación y a las Cortes Generales a que "se atengan a las condiciones que posibilitaron y permitieron que Extremadura se constituyera en Comunidad Autónoma", y que "nadie puede cambiar unilateralmente".

Según Rodríguez Ibarra, lo que pretende el PSOE extremeño es "defender que la solidaridad interterritorial no se ejerce de región a región, sino en virtud de lo que el Estado considere necesario hacer, a través de su mecanismo presupuestario, para que el mandato constitucional pueda ser cumplido".

Felipe González, a la cabeza de la rebelión interna

Según confirma el semanario Alba, en las filas socialistas el revuelo interno gira estos días en torno a la figura histórica por excelencia dentro del partido: el ex-Presidente del Gobierno Felipe González. Alba señala que el ex-Presidente, junto con Alfonso Guerra, José Bono -actual Ministro de Defensa-, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente andaluz Manuel Chaves y el hoy comisario europeo Joaquín Almunia han puesto el grito en el cielo por la permisividad de Zapatero en estos últimos tiempos.

Según Alba, esta semana dará a conocer un artículo en el que descubre cómo Felipe González se ha puesto a la cabeza de un grupo opositor a Zapatero que actúa "en la sombra" dentro de las propias filas del PSOE.

La revista de Alfonso Guerra se pronuncia con firmeza contra el Estatuto

Por otra parte, la revista "Temas", vinculada al PSOE y cuyo Consejo de Redacción está presidido por Alfonso Guerra, ha llamado en su último número a solucionar el "lío" del Estatuto catalán, calificando la propuesta inicial de la reforma estatutaria como "incomible". "¡A ver quién arregla ahora este lío!", afirrma esta publicación en su último número.

En referencia al proceso de elaboración de esta reforma estatutaria, "Temas" señala que "cuando desde fuera de Cataluña alguien ha dado su opinión sobre el borrador se ha exigido silencio. Yo me lo guiso y yo me lo como". Y concluye: "lo malo es que está mal guisado y el resultado por ahora es incomible".

Críticas al Estatuto en Andalucía y Aragón

Además de Extremadura, dos de las regiones gobernadas por el PSOE que se han pronunciado de forma crítica con esta reforma estatutaria han sido Andalucía y Aragón.

Marcelino Iglesias, presidente aragonés, ha recordado a sus compañeros catalanes que en lo relativo al Estatuto es el Congreso de los Diputados el que tiene "la última palabra". "Todo el mundo tendrá que respetar lo que diga el Parlamento nacional", ha declarado Iglesias en alusión a posibles modificaciones del texto catalán.

Por otro lado, el presidente andaluz, Manuel Chaves, ha afirmado que no va a discutir "por qué los catalanes tienen el sentimiento de que su territorio puede ser una nación", pero añadió que tiene que ser un sentimiento que "encaje" con el artículo 2 de la Constitución, porque actualmente "no encaja". Chaves ha señalado que en la Constitución "no está recogido que España sea plurinacional y sí plural y diversa, en donde se recogen hechos diferenciales dentro de la unidad de España".

La división interna en el PSOE, con números y nombres
Según ha apuntado Diario Crítico, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso está compuesto por 164 diputados, de los que 67 (el 40,100 %) pertenecen a las circunscripciones cuyas federaciones socialistas ya se han rebelado contra el Estatuto de Maragall: 15 de Madrid (incluyendo a Rodríguez Zapatero, pero también a los ‘críticos' José Acosta y Joaquín Leguina), 38 de Andalucía (la más numerosa, por donde es diputado Alfonso Guerra, el más combativo contra la reforma), 9 de Castilla-La Mancha (con José Bono y Barreda al frente) y 5 de Extremadura (entre los que se incluyen Francisco Fernández Marugán y Victorino Mayoral).

La misma fuente apunta que otros socialistas abiertamente disconformes con el Estatuto son los 'históricos' Txiqui Benegas, diputado por Vizcaya, junto a su compañera por la misma circunscripción, Arantxa Mendizábal; Ramón Jáuregui, diputado por Álava; Cipriá Ciscar, diputado por Valencia; Javier Barrero, diputado por Huelva y miembro de la Mesa del Congreso; Carmele Hermosín, diputada por Sevilla y esposa de Luis Yañez, actualmente eurodiputado; Diego López Garrido, secretario general del Grupo parlamentario; las veteranas Delia Blanco y Dolores García Hierro, o 'fichajes' de Zapatero de la ultima ‘hornada', como Mercedes Cabrera, que estuvo a punto de ocupar la cartera de
Educación, y Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO.

Hasta Rubalcaba entre los descontentos

Diario Crítico apunta también otros nombres de dirigentes socialistas discrepantes,
entre los que cabe citar a José Andrés Torres Mora, diputado por Málaga y ex jefe de gabinete de Zapatero; el palentino Julio Villarrubia; Javier Torres Vela, diputado por Granada y ex presidente del Parlamento andaluz; el cordobés Juan Luis Rascón, comisionado del 11-M; la sevillana Isabel Pozuelo; Alfonso Perales, otro veterano dirigente andaluz y responsable de política autonómica y municipal de la Ejecutiva del PSOE ;Gerardo Torres, diputado por Teruel, alineado con las tesis de Marcelino Iglesias, o el valenciano Ricard Torres tampoco consideran apropiado el texto del Estatuto catalán.

El propio Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado de velar por la disciplina interna en el partido, estaría entre los descontentos con la nueva reforma estatutaria catalana.

El PSOE pierde ventaja de cara a un posible adelanto electoral

Mientras todo esto ocurre, la deriva radical que ha tomado la cúpula del PSOE empieza a pasar factura al partido. Según el diario madrileño Abc, si se celebraran hoy mismo unas elecciones generales, el PSOE obtendría el 41,6% de los votos frente al 38,2% del PP. La diferencia es dos puntos inferior a la obtenida pro Zapatero tres días después de los atentados del 11-M, contando con una participación similar. En caso de que la participación bajara, lo que sería muy previsible, el PP seguiría recortando distancias.

El "pulsómetro" de la propia Cadena SER, afín a los socialistas, rebaja esa ventaja del PSOE a tan sólo dos puntos, según dio a conocer este lunes la emisora de Polanco.

Bono, uno de los discrepantes, supera ya a Zapatero en las encuestas

Como dato significativo, la encuesta de Abc ofrece una mejor valoración de los ciudadanos para José Bono, Ministro de Defensa, que para el propio Zapatero. Significativamente, Bono es uno de los dirigentes socialistas más críticos con la línea actual y algunos medios le señalan como posible líder de una hipotética rebelión interna. Hay que recordar que Bono, representante de una línea más moderada que la de la actual cúpula socialista, fue en su día quien le disputó a Zapatero la secretaría general del PSOE.

HazteOir

El precedente de 1932

2005-10-03T01:54:00.000+02:00

Artículo de Cayetana Álvarez de Toledo publicado en El Mundo. 2/10/2005

Aunque por fortuna la Historia no tiene forma de noria ni de tirabuzón, hay momentos en que el pasado y el presente se solapan y confunden.En que las semejanzas entre dos circunstancias históricas son tan evidentes que al observador le invade una sensación, primero, de déjà vu y, luego, de frustración ante la repetición de los mismos errores.

En la febril primavera del 32, llegaba a Madrid un Estatuto catalán que rompía de forma unilateral el modelo constitucional recientemente acordado. El texto, impulsado por la Esquerra de Maçià y Companys, definía a Cataluña como un Estado dentro de una República federal, establecía una extensa nómina de competencias exclusivas para la Generalitat, incluidas el orden público, la enseñanza y la Justicia, y decretaba como único idioma oficial el catalán. Si bien una abrumadora mayoría de los catalanes lo había respaldado en el plebiscito del 2 de agosto del 31, para el Gobierno de la República era absolutamente inasumible, y en el resto de España se desató una encendida polémica política, mediática y social.

El debate en las Cortes Generales comenzó el 6 de mayo del 32 en un clima de gran expectación, y dio lugar a dos discursos vibrantes, densos y de hondo calado político: los del entonces presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña, y el filósofo José Ortega y Gasset, entonces diputado por León. Ambos textos, recientemente editados por Galaxia Gutemberg bajo el título Dos Visiones de España, son un inquietante anticipo, un ineludible precedente, del debate que se avecina en las Cortes españolas. Azaña y Ortega coincidían en lo esencial: Cataluña debía tener un nuevo Estatuto de autonomía acorde con la Constitución republicana recientemente aprobada y, de hecho, una versión descafeinada del texto obtuvo la luz verde de las Cortes en septiembre. Sin embargo, Azaña y Ortega tenían dos formas muy diferentes de entender el nacionalismo en general y la cuestión catalana en particular.Tan distintas como lo pueden ser hoy las de Zapatero y Rajoy. Salvando las evidentes distancias, la visión de Azaña, que es la de un optimista antropológico, es muy similar a la del presidente del Gobierno. Azaña concebía la cuestión catalana como un «problema político» que se podía resolvermediante lo que en su extenso discurso ante la Cortes llamó la «extirpación del descontento».De tal forma que ese descontento «cuando subsista, que alguno subsistirá, no tenga razón de protesta apreciable que hacer valer en la vidapública española».

Según el entonces presidente, bastaba con otorgar a los catalanes la oportunidad de «vivir de otra manera dentro del Estado español» para dejar zanjada la cuestión. Tal vez no para siempre -«¡quién sabe!», respondió a los diputados más escépticos, pues la palabra siempre «no tiene valor en política»-, pero, al menos, en un periodo de tiempo razonable.Azaña, como Zapatero siete décadas después, se puso al frente de la manifestación estatuaria catalana. Insistió en que el texto fuera debatido en las Cortes y rechazó como «fantasmas abracadabrantes» que «no tienen razón alguna de existir» las advertencias de que la reforma abría la puerta al conflicto o incluso a la disgregación de España. «Mientras nos mantengamos dentro de los límites de la Constitución, hablar de la dispersión española por la votación de los estatutos es una insensatez». Ortega, en cambio, era más pesimista o, si se quiere, realista. En su opinión, la cuestión catalana, como todo problema político derivado del nacionalismo, no tenía solución: «El problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar». Buscar una salida política definitiva a la cuestión catalana era, para Ortega, equivalente a intentar «cuadrar un círculo», un imposible, una «invitación al suicidio».

Los hechos, lamentablemente, le han ido dando la razón. Cualquier diputado del PP, y muchos del PSOE, podría coger el discurso sobre el Estatuto catalán que Ortegapronunció ante las Cortes el 13 de mayo del 32 y leerlo en el Congreso y nadie se percataría del plagio. El de Ortega es un discurso doctrinal, que trata a fondo y de frente la cuestión de las aspiraciones de Cataluña y su encaje en España, y que desde su primera advertencia es aplicable a la situación actual: «Ahí tenemos ahora España toda, tensa y fija su atención en nosotros. No nos hagamos ilusiones: fija su atención, no su entusiasmo».

Como en el 32, estamos ante un debate que preocupa a algunos, pero no apasiona a nadie. Ni siquiera a su presunta beneficiaria, una sociedad catalana que ha seguido las negociaciones y los cambalaches de su clase dirigente desde la barrera de la indiferencia.No hubo clamor social previo a la aprobación del nuevo Estatuto ni euforia popular posteior. Ha sido un debate de los poderes fácticos para los poderes fácticos y de espaldas a la calle. Este defecto de origen queda reflejado en el propio texto estatutario, que es profundamente intervencionista, plantea una ruptura de las reglas del juego consensuadas en la Transición y provoca un conflicto innecesario con España. El nuevo Estatuto no refleja el sentir mayoritario de la población, como tampoco lo hacía su precedente del 32. Así lo denunció Ortega en términos quese ajustan como un guante a la realidad catalana 70 años después.

En Cataluña, explicó, existe un «nacionalismo articularista», que empuja a una parte de la población a querer separarse del resto, a quedar fuera, señeros, intactos de toda fusión. Pero ese «apartismo» o «señerismo» es minoritario. La mayoría de los catalanes son moderados y aspiran a una autonomía razonable. Llegado este punto de su discurso, Ortega hace un diagnóstico de la sociedad catalana que estremece por su vigencia: «Muchos catalanistas no quieren vivir aparte de España, es decir, que, aun sintiéndose muy catalanes, no aceptan la política nacionalista, ni siquiera el Estatuto, que acaso han votado. Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en oncretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores.

Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está, a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de antiatalanes. Es el eterno y conocido mecanismo en el que con increíble ingenuidad han caído los que aceptaron que fuese presentado este Estatuto.

¿Qué van a hacer los que discrepan? Son arrollados, pero saben perfectamente de muchos, muchos catalanes catalanistas, que en su intimidad hoy no quieren esa política concreta que les ha sido impuesta por una minoría». Han cambiado algunos nombres y todos los rostros, pero esa minoría exaltada sigue arrastrando a una mayoría silenciosa a posiciones radicales. Nadie pregunta si los catalanes, además de un nivel amplio de autogobierno, aspiración perfectamente legítima, de verdad quieren un Estatuto dirigista y profundamente insolidario con el resto de los españoles. Y siguen siendo pocos, poquísimos, los que en Cataluña se atreven a denunciar en público lo que critican en privado.

Las consecuencias de emprender una aventura como la que proponía entonces Companys y ahora el tripartito no se pueden infravalorar.Porque el problema no se resuelve otorgando a la minoría radical lo que reclama. Al contrario. Como advirtió Ortega, el problema resurge con el doble de fuerza.

El resto de los españoles, que no están dispuestos a aceptar que una comunidad reciba un trato privilegiado o coma más y mejor que las demás, se indignan y reaccionan, mientras que el nacionalismo, envalentonado por su éxito, cobra potencia para su próximo asalto. Porque, en definitiva, el nacionalismo es un movimiento que, como el misántropo de Molière, clama al cielo «¡quiero que me distingan!». No busca tanto competencias o mejor financiación, como el reconocimiento de la diferencia.El federalismo que reclamaba Company y ahoraMaragall nunca bastará mientras sea simétrico. La categoría de nación tampoco si la tienen otros territorios.

El problema del nacionalismo catalán no se puede resolver. Hay que conllevarlo. Eso significa «no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles», como señalaba Ortega. Hay que hallar un equilibrio sensato; no equivocarse en las estrategias; noconfundir términos; no alimentar el problema; y sobre todo evitar todo aquello que «suponga una amenaza o intención de amenaza para disociar, por la raíz, la convivencia entre Cataluña y el resto de España». Esa raíz es la unidad de soberanía, sin la cual iríamos «derechos y rápidos a una catástrofe».

Azaña habría suscrito estas últimas palabras de Ortega. Por eso se afanó en recortar el Estatuto catalán hasta adecuarlo a la Constitución. Del texto final desapareció la alusión a la soberanía catalana; Cataluña pasó de «Estado» a«región autónoma»; se estableció la cooficialidad del castellano y el catalán; y se eliminaron las competencias exclusivas de la Generalitat en Orden Público, Justicia y Educación. Zapatero también ha anunciado que se retocará el nuevo Estatuto.Pero aunque lo haga, aunque elimine los elementos inconstitucionales, ya ha cometido dos errores de consecuencias incalculables.

Ha abierto la puerta al término nación, lo que convierte a Cataluña en un Estado en potencia. Y ha aceptado, incluso promovido activamente, que saliera de Cataluña y llegara a las Cortes un Estatuto contrario a la Constitución y alinterés general. Tal vez Zapatero crea en la buena voluntad de los independentistas catalanes. Quizá piense que han presentado un nuevo Estatuto no para crear conflictos «sino para colaborar con el Gobierno de toda España en el mantenimiento del orden social y en el progreso del país», como ingenuamente creyó Azaña.

Pero el resultado, en todo caso, es que la cuestión catalana seguirá ahí, planteada ahora como un peligroso conflicto de legitimidades entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes. Y el victimismo, que alimenta la llama nacionalista, ha adquirido poderosos argumentos.Porque los nacionalistas siempre podrán decir que un presidente del Gobierno se comprometió a aprobar el texto que se consensuara en Cataluña, pero luego, en el momento de la verdad, rompió su palabra. Como Azaña, Zapatero ha querido zanjar de una vez por todas la cuestión catalana; como Azaña, tiene un problema aún más difícil de conllevar.

Inauguración de este Blog

2005-10-02T01:00:00.000+02:00

Hace pocos días ha llegado al Congreso el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Por qué ha levantado tanta polémica? Sencillamente porque ni es reforma ni es Estatuto. Simplemente es un intento de reformar la Constitución Española de 1978 saltándose todos los pasos establecidos legalmente.

La redacción del Estatuto parece y quiere ser una Constitución Catalana intervencionista más o menos encubierta. Más bien descaradamente. El proyecto presentado es más exteno que la Constitución Española y que otras muchas constituciones en el mundo que se caracterizan por determinar y dirigir las costumbres y libertades individuales y de grupo como por ejemplo la de Corea del Norte.

En este blog que acabo de abrir, iré desgranando el contenido del proyecto presentado y las consecuencias y lo que significa realmente. Unas veces escribiré yo mismo. Pero en vista de que proliferarán artículos al respecto en muchos sitios, tambien los publicaré, reseñaré y comentaré.

No hace falta pensar mucho para ver la cagada que ha parido la clase polítca y dirigente catalana. Eso de cobrar pero pagar cuando se quiere y levantar fronteras es de muy mal encaje con la solidaridad e igualdad que algunos proclaman.