miércoles, mayo 03, 2006

El Senado aprueba el Estatuto y ERC que pedirá el "no" en el referéndum

La votación del Estatuto no ha deparado sorpresas. Los cuatro senadores de Esquerra Republicana se han abstenido y han facilitado la aprobación del texto por un resultado de 128 votos a favor, 125 en contra ­–de los senadores del PP– y 6 abstenciones.
El 49% de los votos.

sábado, abril 08, 2006

Guerra considera "infumable" el Estatuto catalán

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso cree que el Estatuto catalán y el Plan Ibarretxe son "infumables".

En las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre, en Barakaldo, el dirigente socialista Alfonso Guerra participó en el Congreso Extraordinario organizado con motivo del centenario de las Juventudes Socialistas de España y se refirió a la actual situación política, en la que enmarcó la existencia de un "problema territorial".

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados calificó de "infumables" el Estatut catalán y el Plan Ibarretxe, y explicó cómo "se cepillaron" ambos textos, "uno antes de entrar en la Comisión y el otro, durante la Comisión". Además, manifestó que las cuestiones territoriales son uno de los grandes problemas y destacó que "hay socialistas que, a veces, hablan como nacionalistas".

También animó a "combatir" las reapariciones de nacionalismos porque "es uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo", y defendió una sociedad "en la que todos sean iguales y que nadie tenga tanto que como para que pueda poner de rodillas a nadie, y nadie tenga tan poco como para estar arrodillado".

PD.- Mucho hablar pero como diputado que es, ha votado a favor del texto. Obras son amores y no las buenas razones.

LD

viernes, abril 07, 2006

Cataluña y los catalanes

Se supone que el estatuto de una comunidad autónoma recoge el espíritu y la letra que informa al conjunto de esa sociedad.El presente Estatuto catalán posee un vicio originario que, a la larga, deberá ser corregido: no asume ni acepta uno de los primeros rasgos que cualquier forastero, o historiador, advierte en Cataluña: se trata de una sociedad que es -y ha sido siempre- de natural bilingüe, en la que no hay problema alguno en relación a la lengua que se habla, y en la que es continuo y constante el trasvase entre las dos lenguas principales, el español y el catalán.

Por eso era magnífica la intervención que proponía el colectivo Cataluña en positivo, un grupo lúcido en su disidencia, crítico con la actual orientación del Partido Socialista catalán por derroteros cada vez más nacionalistas: la sustitución del solemne pronunciamiento estatutario de que «Cataluña posee como lengua propia el catalán» por un párrafo bien distinto: «Los catalanes tienen como lengua propia el catalán y el castellano».

Ese colectivo se limitaba a esta única, pero decisiva, corrección.No quiere decir esto que fuese ese pasaje estatutario el único con el que dicho colectivo mostraba su disconformidad. Pero con un criterio estratégico, táctico y político de gran alcance, y de verdadera solvencia e inteligencia, sólo pretendían que se corrigiese ese párrafo. [...] BA

Por Eugenio Trías, filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

jueves, abril 06, 2006

Deprisa, deprisa

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 06/04/06):

El proceso de elaboración del nuevo Estatut de Catalunya se ha distinguido por estas tres características: tacticismo, escasa transparencia y prisas en el tramo final. [...]

Como puede comprobarse, en todo este proceso los protagonistas decisivos siempre han considerado el nuevo Estatut como un instrumento para conseguir finalidades de naturaleza partidista y electoral, muy distintas del proyecto en sí mismo. En efecto, el nuevo Estatut ha servido, primero, para que Maragall llegue a ser presidente de la Generalitat; después, para que Zapatero pueda asegurar una futura alianza con CiU que le permita seguir gobernando durante las próximas legislaturas; y, tercero, para que Artur Mas pueda recuperar para su partido la presidencia de la Generalitat. [...]

Curioso proyecto: se sostiene que es bueno para Catalunya y para España, que nadie de izquierdas debe dejar de votarlo, pero todos hacen lo posible y lo imposible para quitárselo de encima cuanto antes, para que de una vez deje de hablarse de él. BA

Guerra no comparte "el carácter despectivo" con el que se trata a los que defienden la idea de nación y Estado

El dirigente socialista, Alfonso Guerra, que hace unos días comparaba la situación española con la disolución de la URSS, ha dicho, declaraciones durante el acto de presentación en Madrid de su libro "Dejando atrás los vientos", no compartir "el carácter despectivo" con el que actualmente se trata a quienes defienden la idea de nación y Estado. Las formaciones nacionalistas catalanas descalificaron las palabras de Guerra.

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso es la tercera vez que muestra su desacuerdo público con el Estatuto de Cataluña, sin embargo votó a favor del texto estatutario.

No es la primera vez que manifiesta su descontento público por la situación creada con el Estatuto de Cataluña. Esta semana, Guerra comparó la situación actual de España con el proceso de disolución de la URSS en donde "los dirigentes comunistas, viendo que aquello se disolvía, se envolvieron en las banderas nacionalistas de las repúblicas en que vivirían para seguir manteniendo el poder. Algo de eso, aunque más sutilmente, está sucediendo en España", señaló.

Alfonso Guerra ha votado a favor del Estatuto, a pesar de haber mostrado su desagrado en tres ocasiones. Una de las primeras veces en que manifestó una actitud crítica con el proceso estatutario fue en el diario El País. En una entrevista concedida al periódico de Polanco señaló su desacuerdo con el Estatuto porque "no se atiene a la Constitución". El presidente de la Comisión Constitucional afirmó, en ese momento, que si se admitiese el término nación para definir a Cataluña no sorprendería que algún partido –en referencia a ERC– dijera: "oiga, somos nación, queremos Estado".

LD.

Un 41,4% de los catalanes ni siquiera sabe que habrá un referéndum

Un sondeo elaborado por el Centro de Estudios de Opinión, dependiente del Gobierno catalán, revela que sólo un 50,2% de los catalanes votaría a favor del nuevo Estatuto en el referéndum. Un 41,5% de los encuestados no sabe que se va a celebrar un referéndum y el 15% no tiene suficiente información. Como siempre, hay trampa: al preguntar por los problemas de Cataluña se ofrece como una de las respuestas esta: "Necesitamos un nuevo Estatuto y falta dinero para Cataluña". Según el mismo estudio, CiU aventaja en cuatro puntos al PSC en intención de voto autonómico.

El 42,5% de catalanes se siente tan catalán como español, mientras que un 14,2% se siente sólo catalán y un 6,6 % sólo español. Un 5,2 por ciento se siente más español que catalán. Por contra, más catalán que español se siente un 27,7 por ciento. En conclusión, la mayoría de los catalanes, un 54,3 por ciento se sienten españoles, frente a un 41,9 que se sienten preferentemente o sólo catalanes.

Así se desprende del barómetro de opinión pública correspondiente a primavera, elaborado a partir de 2.100 encuestas telefónicas hechas entre el 6 y el 20 de marzo, antes de la aprobación del nuevo Estatuto por parte del Congreso. El director del Centro de Estudios de Opinión, Gabriel Colomé, ha dicho que, además del 50,2% de votos favorables en el referéndum, un 14,1% de los encuestados dice que votaría en contra, un 2,2% en blanco, un 15,1% que no tiene suficiente información, un 4,5% que no irá a votar y un 13,9% no sabe o no contesta.Colomé ha pedido analizar los resultados "con cautela", puesto que "mucha gente no sabe qué hará o no tiene información suficiente" para determinar aún su posición. Asimismo, la encuesta revela que un 41,5% de los catalanes encuestados no sabe que se va a celebrar un referéndum sobre el nuevo Estatuto. LD

jueves, marzo 30, 2006

Aprobado el Estatuto de Cataluña con el 54% de los votos

No hace falta insistir en las consecuencias que va a tener a medio plazo la definición de Cataluña como nación, la hegemonía del catalán como lengua, el blindaje de las competencias o la bilateralidad con el Estado. Pero sí en su carácter anacrónico, intervencionista, insolidario, sectario y contrario al interés general.

Por si ello fuera poco, este proyecto ha roto en el ámbito político el consenso entre los dos gran partidos que había inspirado desde la Transición la redacción de los Estatutos y de las leyes que afectaban al modelo del Estado. Este desastre podría quedar atenuado si el nuevo Estatuto hubiera servido para acallar para siempre las reivindicaciones del nacionalismo catalán, pero va a suceder justamente lo contrario: es el punto de partida de una nueva escalada de exigencias. Así lo han anunciado ERC, CiU e incluso un sector del PSC con Maragall a la cabeza.

El Estatuto ha tenido una utilidad para el Gobierno tripartito: ha desviado la atención sobre la corrupción de la clase dirigente catalana y sobre el hundimiento de El Carmelo, saldado sin ningún tipo de responsabilidades políticas. Pocas veces en la historia de nuestra democracia se ha presentado un motivo tan justificado para presentar una moción de censura como este engedro, que pasará a la posteridad como el Estatuto de Zapatero. A él debe su nombre el proyecto que va a aprobar hoy el Congreso puesto que el presidente ha tenido un extraordinario protagonismo en su gestación y en la superación de todas las dificultades y reticencias. Suya es, pues, la grave responsabilidad.

sábado, marzo 11, 2006

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CATALANES

Las modificaciones introducidas este viernes en la redacción del artículo relativo a una muerte digna completan los cambios hechos por el Congreso sobre el texto original del Parlamento de Cataluña en el Título I, que se refieren a otras cuestiones como derechos lingüísticos, familia, aborto o memoria histórica.

Los cambios afectan a diez de los 39 artículos del Título I, relativo a los "Derechos, deberes y principios rectores". En su mayor parte las modificaciones se introdujeron en fase de ponencia, y en varias de las materias (derecho a morir con dignidad, familia y otros), a instancias de Unió Democrática de Catalunya, preocupada por la posibilidad de que algunos artículos abrieran puertas a la eutanasia o el aborto libre.

Además de los cambios de fondo hay, como en todo el resto del texto, muchos otros de redacción o de tipo meramente técnico, la sustitución sistemática del término "sostenibilidad" por el de "desarrollo sostenible". Los cambios más importantes introducidos por la ponencia y la Comisión en el Título I son los siguientes:

DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD
El título original del artículo 20 ("Derecho a morir con dignidad") ha cambiado tras un acuerdo de última hora entre socialistas, Ciu e ICV por el de "Derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte". El punto primero de ese artículo ya había sido modificado en la fase de ponencia para recoger el derecho a "recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales".

FAMILIA
Al mencionar la protección de las "distintas modalidades de familia" se añade "previstas en las leyes". Al referirse, en el artículo 40.7, a la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros, se ha añadido "teniendo en cuenta las características" de esas parejas.

ABORTO
El artículo 41.5 del original establece que "los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y su salud reproductiva y sexual". En la ponencia se añadió a ese artículo un inciso que delimita esa actuación de los poderes públicos al "ámbito de sus competencias y en los supuestos previstos en la ley".

DERECHOS LINGüíSTICOS
El original señalaba que los funcionarios de Justicia deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales conforme a lo que establecieran el propio Estatuto y las leyes. La versión definitiva remite este asunto exclusivamente a las leyes. Al garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en catalán con los órganos jurisdiccionales y constitucionales de ámbito estatal, el original (artículo 33.5) establecía que éstos "no pueden exigir a la persona interesada la traducción al castellano.

Esa referencia se ha suprimido para especificar sólo que los escritos presentados en catalán "tendrán plena eficacia jurídica". En el artículo 37 se añade un inciso por el que los derechos lingüísticos anteriores vinculan también a la Administración General del Estado en Cataluña.

ETIQUETADO
El texto original indicaba que los poderes públicos deben promover que el etiquetado de los productos distribuidos en Cataluña sea "al menos en catalán", mientras que lo aprobado hoy dice que debe ser "también en catalán".

GARANTIAS
Se introduce una salvedad en el sentido de que los derechos que reconoce el Estatuto "no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias".

MEMORIA HISTORICA
El artículo 54.1 del texto del Parlamento de Cataluña abogaba por el reconocimiento de "la resistencia y la lucha por las libertades democráticas y los derechos nacionales y sociales". Tras las modificaciones se hace referencia a la "resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas".

LD

sábado, enero 28, 2006

El Gobierno filtra a El País el texto del Estatuto pactado por Zapatero y Mas

Ha tenido que pasar una semana desde que Zapatero y Mas cerraran de madrugada y en secreto el "acuerdo global" sobre el Estatuto para conocer íntegramente el texto pactado. No lo ha dado a conocer el Gobierno, que ya dejó para el líder de CiU las primeras explicaciones. El documento se ha conocido a través de una nueva filtración. Según la noticia de El País, "incluye muchas enmiendas socialistas", confirma el "deber" de saber catalán y fija que la Generalidad "será la Administración ordinaria del Estado tras los traspasos".

Los partidos catalanes que aprobaron el nuevo Estatuto catalán en el Parlamento autonómico han recibido ya el texto que cerraron el pasado domingo de madrugada Zapatero y Artur Mas. Lo cuenta este sábado El País, que además, publica íntegramente un documento que ni conocían los presidentes autonómicos ni tampoco las federaciones socialistas. Este viernes, la de Madrid, solicitó a Rubalcaba los detalles hasta ahora secretos.

La noticia del diario de Prisa revela que en esa "propuesta de texto definitivo" el PSOE "ha logrado la inclusión de numerosas enmiendas, que a juicio de los negociadores catalanes no desvirtúan la propuesta de reforma, en particular en uno de los aspectos que les movieron a emprenderla: la protección y ampliación de las competencias de la Generalitat".

El País enumera algunos de los "principales puntos acordados hasta ahora". El primero que destaca es "Cataluña como nación". Como ya se había adelantado, esta definición figura en el preámbulo pero no en el articulado. El artículo primero del texto aprobado en el parlamento catalán, que recogía el término nación, queda como fue redactado en el Estatuto del 79. El siguiente punto es el referido a los "derechos históricos". Aparecen en el título preliminar, artículo 5, y sostiene que el "autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán".

En cuanto a la lengua, el texto pactado especifica que "todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas".

La Generalidad, además, tendrá la "competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña". También le corresponderá "la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña".

La organización territorial de Cataluña cambia en el nuevo Estatuto, que instaura la denominada "veguería". La define como "el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local y que tiene personalidad jurídica propia".

Libertad Digital

domingo, enero 22, 2006

Constitución vs Estatuto

Constitución Española (1978).

PREÁMBULO. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...
ARTÍCULO 2
. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Propuesta consensuada para el Estatuto de autonomía de Cataluña entre CiU y PSOE (enero de 2005).

PREÁMBULO. El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación.
No hay que ser muy listo, ni tener muchas carreras, para comprobar, tras leer ambos textos, que la palabra Nación sobra en alguna de las dos definiciones.

La fórmula que se ha elegido al final para resolver el gravísimo problema de las “alidades”, lo que va de la nación que quería Cataluña a las nacionalidades de las que habla la Constitución, es de chiste.
“El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación”.
Es decir, que la mayoría de los catalanes sienten Cataluña como una nación. También la mayoría de los hombres del planeta se sienten inteligentes y buenos amantes y eso no significa que sea cierto.

lunes, enero 16, 2006

Leguina y Benegas critican a la dirección del PSOE por su deriva nacionalista

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el diputado socialista, José María Benegas, han criticado en sendos artículos de la revista El Siglo a la dirección del PSOE por sus tendencias nacionalistas. El primero dice que la dirección actual es muy distinta y "no mejor" y cree que el "entramado humano" del partido tiene "una supervivencia dudosa". El segundo ha criticado el "tratamiento desigual" al valenciano y al castellano en el Estatuto Valenciano y que haya sido aprobado con los votos del PSOE.

El ex presidente de la CAM y diputado socialista, Joaquín Leguina, critica los métodos de "renovación generacional" de la era Zapatero y asegura que producen "decepción" los "supervivientes" de generaciones pasadas del PSOE que "para ponerse al día, se han subido, alegremente, al carro de la reivindicación territorial", informa Europa Press. En un artículo de la revista El Siglo, Leguina opina que el desgaste de esas generaciones "no se deriva de un empacho de poder" sino de un "mal uso del poder por parte de unos pocos (la corrupción) y por una división interna (renovadores versus guerristas) que encerraba concepciones distintas no tanto respecto a las políticas a realizar como acerca del funcionamiento interno del partido".

"Pintan más bien poco"
Recuerda que tras la derrota electoral de 2000, esa generación se vio apartada no sólo del poder, también de cualquier centro donde se toman decisiones. "Dejando aparte las excepciones de rigor, lo cierto es que en esta hora, lo que se dice pintar, pintan (pintamos) más bien poco".

El diputado socialista afirma que "los de la generación de Zapatero" han tenido como primer y único objetivo el "control interno del PSOE, que presentaron como relevo generacional, consistente en arrojar a las tinieblas exteriores a todo perro quisque que hubiera nacido antes de 1950". En su opinión, la operación-relámpago que llevaron a cabo requirió muchas horas de laboratorio y ensayo. "Mientras pasaban la mano por el lomo a los sucesivos líderes, me malicio que estos mozos estaban afilando las facas con una perseverancia digna de Napoleón... o de Cesar Borgia". Leguina afirma que la "operación estratégica, el relevo generacional" ya ha tenido "notables efectos perversos y los tendrá más en el futuro".

El PSOE es distinto, "desde luego, no mejor"
Pone de relieve la facilidad con la que los "expulsados" han acogido la "jubilación anticipada" y afirma que ver ahora a estos, entre los que se incluye, "instalados en un clamoroso silencio de los corderos, ha de producir decepción". Sin embargo, apunta que "más decepción producen aquellos supervivientes de las citadas generaciones que, para ponerse al día, se han subido, alegremente, al carro de la reivindicación territorial".

El diputado socialista critica que su partido se haya olvidado de la "democracia participativa" que exige el artículo 6 de la Constitución y que la acción política de los afiliados haya quedado reducida a la categoría de "claque o de atrezzo" en los actos públicos "siempre pensados para, por, sobre, tras... la televisión". En su opinión, el PSOE de hoy es algo muy distinto y "desde luego, no mejor". "Un entramado humano que, como tal, tiene, con estos métodos, una supervivencia dudosa".

Benegas más
El diputado socialista José María Benegas considera que la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, en trámite en el Congreso, contiene aspectos "preocupantes" en materia lingüística, porque recoge planteamientos nacionalistas al otorga un "tratamiento desigual" al valenciano y al castellano. Así, avisa de que con su actual redacción no se podrá "impedir que en el futuro se avance hacia un sistema de enseñanza monolingüe" y critica que el proyecto haya sido aprobado con los votos del PSOE.

También en la revista El Siglo, bajo el título "Las lenguas y los Estatutos", Benegas compara los artículos relativos a la lengua del Estatuto valenciano vigente y de la propuesta de reforma. En el primero, el valenciano y el castellano tienen la categoría de "idiomas oficiales", se señala que "todos tienen derecho a conocerlos y usarlos" y se establece que la Generalitat "garantizará el uso normal y oficial" de ambos y "las medidas necesarias para asegurar su conocimiento".

Sin embargo, en la nueva redacción aprobada por las Cortes Valencianas, el valenciano se define como "lengua propia" de la comunidad. "El idioma valenciano es el oficial de la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos y a recibir enseñanza de, y en el, el idioma valenciano", reza el proyecto de reforma.

jueves, diciembre 08, 2005

Reformas sin rumbo

Artículo de Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, publicado en La Vanguardia.

UNA CONSTITUCIÓN es, antes que nada, un marco de convivencia para el presente y un marco de confianza en el futuro.

Hasta su vigésimo quinto aniversario, hace ahora dos años, el día de la Constitución tenía un carácter ritual, sin apenas interés informativo ni atisbo de polémica: se evocaba el amplio consenso que suscitó su aprobación, se recordaban sus principios fundamentales y se solía hacer en general una valoración positiva de su desarrollo.

La conmemoración era siempre una pausa en el fragor de la batalla política, un momento de encuentro en el que los partidos suspendían sus naturales trifulcas cotidianas para reafirmar, año tras año, su coincidencia en la solidezde las grandes reglas de nuestra convivencia democrática. Hoy ya no es así. En el vigésimo séptimo aniversario que esta semana hemos celebrado, la Constitución se ha convertido en una cuestión disputada y nuestro porvenir constitucional en algo incierto. Quizás había una larvada desconfianza ciudadana en nuestro sistema constitucional que, por las razones que fueran, no afloraba a la superficie y ahora, de golpe, ha irrumpido en la escena. Quizás. Pero yo más bien me inclino a pensar que la razón por la cual la Constitución es puesta en cuestión se halla en la forma imprudente de situarla en el centro de la confrontación partidista. Una constitución, se ha repetido mil veces, es un marco, una cancha de juego, que debe permitir a todos los ciudadanos y a todas las fuerzas políticas expresar sus preferencias y poder llevarlas a la práctica. Asimismo, de acuerdo con el principio democrático según el cual la soberanía reside en el pueblo, la Constitución misma puede ser reformada, incluso en su totalidad.

Ahora bien, las constituciones son unas normas supremas que se caracterizan por su estabilidad y los cambios deben hacerse sólo si son imprescindibles. Por tanto, el razonamiento según el cual los cambios sociales deben traducirse inmediatamente en cambios constitucionales no me parece acertado. En efecto, los cambios constitucionales sólo deben efectuarse si el texto de la Constitución impide que los cambios sociales puedan regularse mediante leyes u otras normas de menor rango. La legislación ordinaria es el campo natural para adaptar las nuevas realidades sociales al derecho.

La función principal de una constitución es dar unidad y estabilidad al sistema jurídico, no incluir en su propio texto la regulación de los cambios sociales. Lo normal, en consecuencia, debe ser que las disputas políticas se den en el campo de la legislación ordinaria, no en el campo de la constitucionalidad Sin embargo, en estos momentos, la confrontación principal entre los partidos no tiene lugar entre los lícitos objetivos que se pueden alcanzar dentro del marcoconstitucional, sino que se ha convertido en materia de confrontación el marco constitucional mismo. Es decir, utilizando un símil deportivo, lo que está en el primer plano de la disputa no es la manera de meter más goles en un partido, sino las reglas mediante las cuales estos goles pueden ser considerados como válidos.

No estamos, pues, en una fase de normalidad política, sino en una fase de replanteamiento de las reglas del juego. No cabe duda de que todo ello es jurídica y constitucionalmente legítimo, pues la razón democrática, como antes hemos afirmado, no puede impedir los cambios de dichas reglas.

Ahora bien, caben dudas sobre si dichos cambios, tal como se están desarrollando, son políticamente convenientes. Muchas dudas, demasiadas dudas, caben. Por el contrario, hay muchas razones para pensar que toda esta disputa es innecesaria, superflua y arriesgada desde el punto de vista de los intereses generales. Y según el resultado al que se llegue, sus impulsores corren el riesgo de ser tachados de irresponsables e, incluso, de frívolos. Porque, ciertamente, el resultado final puede ser pírrico. Las reformas en marcha son de dos tipos: las estatutarias y las propiamente constitucionales. Dejando de lado los referendos de ratificación, las mayorías parlamentarias que deben aprobarlas son distintas en uncaso y en otro: en las estatutarias basta la mayoría absoluta del Congreso (la mitad más uno de los diputados), y en lasconstitucionales se requiere una mayoría cualificada de dos tercios, tanto en el Congreso como en el Senado, además de unprocedimiento complejo que implica la disolución de ambas cámaras, nuevas elecciones y una nueva votación por idénticas mayorías.

Trasladado a la coyuntura política actual, todo ello supone que para aprobar las reformas estatutarias matemáticamente no hace falta el acuerdo del PP y para aprobar las reformas constitucionales su voto favorable es imprescindible. Teniendo en cuenta la coyuntura política actual, ¿cabe pensar que ambos tipos de reformas pueden llevarse a cabo a la vez? Zapatero incluyó en su programa de Gobierno las reformas constitucionales, pero, sin rechazarlas, no se comprometió de manera clara con las estatutarias. Si ambas son, en la práctica, por razón de las mayorías necesarias, incompatibles, ¿por cuáles reformas se inclinará el presidente del Gobierno? Hay inquietud en la sociedad española. Una constitución es, antes que nada, un marco de convivencia para el presente y un marco de confianza en el futuro.

La incertidumbre ante estos cambios justifican plenamente la inquietud. Felipe González ha dicho esta semana que quizás el error del Gobierno ha consistido en emprender un programa de reformas sin tener fijado un rumbo preciso. Quizás ha dado en el clavo: los viejos rockeros, en ocasiones, dan unos recitales memorables.

miércoles, diciembre 07, 2005

Rubalcaba frenó un artículo de Felipe González contra el Estatuto

Últimamente se suceden las cenas en las que participa el ex presidente Felipe González en las que éste analiza sin corsés lo que pasa en el mundo y con unas cuantas cortapisas lo que sucede en España, especialmente en torno al proyecto de Estatuto de Cataluña.

Fue, según distintas versiones, en uno de esos recientes contextos distendidos en los que el ex líder del PSOE hizo comentarios sobre la forma como se está pilotando el proceso. González ha venido echando en falta en el hoy jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, un liderazgo claro, un objetivo de dónde se quiere llegar y cómo hacerlo. El ex presidente ha comentado la necesidad de tener objetivos políticos claros, rumbos fijados por los que debe transcurrir la acción de un Gobierno.

Precisamente, fuentes cercanas a González cuentan a Elsemanaldigital.com que esa ausencia de pilotaje por parte de Zapatero fue plasmada por quien fuera inquilino de La Moncloa durante catorce años en "un durísimo artículo contra el Estatuto catalán".

Sin embargo, siempre según los consultados, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, logró frenarlo y, de momento, la "mercancía" permanece guardada en un cajón.

Nadie como Pérez Rubalcaba para achicar cualquier vía de agua que pudiese provocar la pluma de Felipe González. Es un jugador completo, todoterreno, y, quizá por ello, resultó ser una pieza importante tanto en los gobiernos de González como en la travesía de Joaquín Almunia en la oposición, en la candidatura de José Bono a la Secretaria General del partido y, ahora, también en el equipo de Zapatero, en el que puede erigirse como una de las pocas herencias aceptadas por el actual presidente de su antaño idolatrado Felipe.

A Alfredo Pérez Rubalcaba le han bastado dos años de legislatura y que los problemas le empiecen a crecer al Gobierno para convertirse en el hombre imprescindible. Prueba de ello ha sido su capacidad para mantener silente a Felipe González. Y es que como reconocen en la vieja guardia del PSOE: "Un artículo de Felipe en estos momentos sería un auténtico bombazo".

martes, diciembre 06, 2005

Maragall insiste: «Somos una nación»

Las convicciones del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, no se han movido ni un ápice, a pesar de las encendidas reacciones surgidas al hilo del Estatut. En el discurso institucional del año pasado, el presidente abogó por la reforma constitucional, al entender que los cambios son necesarios para afrontar las nuevas realidades. Una reivindicación, siempre polémica, que el mandatario catalán reeditó ayer en su mensaje institucional emitido por televisión a las 21:00 horas con motivo del día de la Constitución.

Maragall arrancó su mensaje evocando los objetivos y las esperanzas que se depositaron en la Carta Magna en el año 1978. «Tenían nombres y apellidos: eran la libertad, la democracia, la autonomía y el avance social», afirmó. Una serie de objetivos, junto al Estado de las Autonomías, que, a su juicio, se han cumplido con creces. «Pero las realidades de hoy eran difícilmente imaginables hace 27 años», aseguró. Sin ir más lejos, Cataluña ha propuesto un nuevo Estatut. Un Estatut («a ver si nos entendemos», aseguró sumergido en su labor de pedagogía política) que «sirve para financiar los servicios y para lograr una mayor calidad de vida. De no ser así, no valdría la pena». El presidente sostuvo, no obstante, que la propuesta catalana se ha elaborado con sentido de Estado y desde la Constitución.

En sus palabras, el mandatario catalán también recordó la polémica sobre la definición de Cataluña como nación, que «Cataluña lo ha dicho de forma clara: nosotros somos una nación». Un concepto, dijo, que significa que Cataluña tiene identidad nacional, que tiene personalidad propia: con cultura, lengua y derecho civil propio. Y añadió que la propuesta deja muy claro que Cataluña quiere compartir su futuro con todos los pueblos de España. «Nuestro espíritu es fraternal y respetuoso. Por ello pedimos respeto a nuestra forma de interpretar la Constitución, siempre respetando la jurisprudencia del Constitucional», dijo en su mensaje.

Con todo, el mandatario catalán subrayó que «la Constitución es sensible a los cambios que reclama la sociedad, puesto que no puede ser un objeto de culto que petrifique un momento histórico». Además, el president consideró que «el espíritu de la transición y de los padres de la Carta Magna era el del progreso, el cambio y la mejora política».

Así pues, Maragall abogó por los cambios constitucionales que, a su entender, son «totalmente compatibles con el reconocimiento del valor de la Carta Magna como piedra angular de la democracia, el Estatut y el autogobierno». La Constitución es, según el presidente, la base y el cimiento que debe erigirse para edificar las realidades de hoy, y sobre este fundamento, actualizado, hay que edificar la Cataluña del futuro. En este sentido, Maragall aseguró que se empleará a fondo, convencido de que se trata del deseo mayoritario de los catalanes.

La Razón

PD.- Dicho esto, es evidente que las referencias a la Constitución en la redacción del Estatuto es de una Constitución que no existe.

lunes, diciembre 05, 2005

El riesgo

Víctor Pérez-Díaz es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Un riesgo es la proximidad de un daño, o, en otras palabras, el resultado de multiplicar el coste de un acontecimiento posible por la probabilidad de que suceda. Por eso se dice, con verdad, que el riesgo es alto si el daño potencial esmuy grande, y la probabilidad de que ocurra, considerable. El daño potencial de aceptar, rechazar o hacer un apaño con la propuesta del Estatuto de Cataluña es obvio. Es el de un aumento sustancial de las tensiones territoriales, que pueden ira más, en un país que tiene un Estado de las Autonomías en equilibrio precario desde que fue diseñado borrosamente por su Constitución, y que, en 30 años de Gobiernos de todo signo, no ha sabido desarrollar una cultura potente de un patriotismo constitucional español. Con estos cimientos institucionales y culturales, no muy sólidos, la probabilidad de que el daño potencial se materialice es considerable porque o bien se aprueba lo sustancial de la propuesta del Estatuto (con las cláusulas sobre la nación catalana, el blindaje de competencias, la financiación y la bilateralidad incluidas), y en este caso el Estado español quedaría reducido a una sombra y la frustración de muchos españoles sería grande; o bien se rechaza en lo sustancial, y en este caso la clase política catalana, dadas sus expectativas, sufriría una decepción profunda; o bien se aprueba jugando con la ambigüedad y queriendo contentar a todos, y en este caso lo normal es que no satisfaga a nadie y los problemas queden pendientes pero con la gente más desconfiada que antes.

Bastantes ciudadanos perciben este riesgo, y, según encuestas recientes, el 46% de los españoles, y el 31% de los votantes socialistas, creen que el proyecto de Estatuto representa "una amenaza para la unidad de España", y el 47% de los españoles, y el 58% de los votantes socialistas, creen que "se deben hacer cambios importantes en él para que sea aceptable". Al mismo tiempo, el nivel de confianza en el líder socialista que podría propiciar esos cambios ha caído 28puntos en los últimos 18 meses (de 66% a 38%). Es decir, bastantes españoles parecen estar preocupados por el problema y perdiendo confianza en la capacidad del liderazgo actual para resolverlo.
En su abrumadora mayoría, el público, atento y preocupado, se siente español, y le importan los símbolos, los nombres y el principio de la soberanía una, indivisible e irrenunciable de la nación española. Estará atento a sus interesescuando se trate de discutir la financiación del sistema, dado que se ha acostumbrado a la idea de que todos somos iguales, lo que implica que todas las comunidades autónomas lo son; querrá servicios públicos homogéneos y, puestos a analizar las balanzas entre las regiones, puede mirar no sólo la fiscal de unos pocos años, sino también la comercial, la de flujos financieros y la de recursos humanos remontándose muchos años atrás. Además, muchos piensan que a España le hace falta un Estado operativo y sospechan que esta propuesta de Estatuto nos deja uno demasiado débil para los tiempos que corren.

Hay situaciones de terror y de guerra que no se resuelven con palabras. La inmigración plantea problemas inquietantes. La marcha de la globalización tiene a muchos en vilo. A España le hace falta un Estado protagonista en Europa, y la voz de ese Estado, o su ausencia, se nota cuando sus ciudadanos (y sus empresas) tienen que ir por el mundo y defender sus intereses.

Con estos sentimientos e ideas en la cabeza, los españoles pueden extraviarse a veces en el fárrago de las 111 páginas de la propuesta del Estatuto, con su preámbulo difuso, sus 227 minuciosos artículos y sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, pero comprenden el fondo del asunto, y se inquietan ante unos líderes socialistas cuya capacidad les comienza a resultar problemática y de cuya lucidez empiezan a dudar. Estos líderes parecen firmes en las formas, peroson ambiguos en el contenido. A estas alturas no se sabe si van a respetar lo esencial de la propuesta catalana o a cambiarla sustancialmente. Quizá apuestan por la volatilidad de la opinión, mientras reclaman la fe de los creyentes yfustigan a sus adversarios, y confían en un barullo final, la escenificación de un compromiso de doble fondo, una recuperación milagrosa in extremis, un suspiro de alivio y un voto agradecido. Pero con esto, olvidan el reguero de desconfianza que están dejando en el camino.

Por ahora, las gentes ven una conducta ambigua que se explica porque o bien los socialistas no saben lo que quieren, y eso cuestiona su competencia; o lo saben pero no lo quieren decir, y eso cuestiona su veracidad; o quieren dos cosas contradictorias a la vez, y eso cuestiona su coherencia. Dicen querer el Estatuto venido de Cataluña ("Pasqual, te lo prometo, apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña", Zapatero dixit), pero lo quieren tanto que lo quieren cambiar. Dicen que no quieren cambiarlo sustancialmente pero sí hacerlo compatible con la Constitución, lo que supone su cambio sustancial. Y cuando dicen que lo quieren cambiar a fondo (y dejarlo "limpio como una patena"), no tienen los votos para ello y atacan al único partido en el que podrían apoyarse para realizar un cambio semejante, lo que sugiere que, en el fondo, no quieren hacerlo. Quosque tandem Catilina? ¿Hastacuándo Catilina nos contarás dos cosas contrarias al mismo tiempo? ¿Hasta que se te agote la voz o hasta que se nos agote la paciencia?
Los socialistas no se han dado cuenta todavía de que el caudal de confianza del público, incluso de su público, es limitado. Y lo que es peor. No se dan cuenta de que no sólo agotan la confianza del país en ellos, sino que están en riesgo de perder su propia confianza en sí mismos. Su identidad está ligada a las ideas fundamentales de crear solidaridad y hacer España, y si pierden su vinculación con estas dos ideas se pierden a sí mismos. No fomentan la solidaridad unos gobernantes que ensanchan cada vez más el foso que les separa del centro derecha de este país, al que dibujan en el imaginario colectivo como una derecha extrema; ni pueden justificar este exceso retórico con los ataques del adversario, porque ellos son los gobernantes de todos los españoles incluidos los muchos millones de votantes de su rival, y el oficio de gobernantes les obliga, a ellos más que a nadie, a una especial contención en las palabras y en los gestos.

No pueden pretender construir una comunidad política sobre enconados sentimientos apenas disimulados por blandas palabras; como no pueden establecer un clima de concordia con evocaciones a la Guerra Civil, con la contaminación reiterada de los adversarios como vinculados al régimen franquista y con el despliegue, a veces, de actitudes de reto y animosidad hacia los sentimientos religiosos de una parte de la sociedad. A la erosión de la solidaridad de España por su división en bloques ideológicos se añade la fragmentación territorial con el impulso de los conflictos distributivos entre comunidades y de las veleidades centrífugas de unas u otras, con el agravante de que los socialistas se han definido siempre como garantes de una solidaridad fundada en un Estado fuerte, y ahora están ellos mismos debilitando este fundamento. Al final de este proceso, puede quedar muy poco de la identidad y la tradición del socialismo español. La España de la transición fue posible por la contribución de los socialistas españoles, en un papel de protagonistas compartido con otros. Sólo así quedó atrás la España de charanga y pandereta, la España de los odios cainitas. Sólo así España se rehizo.

Sería penoso que los constituyentes socialistas y los gobernantes socialistas de aquellos años se resignaran a pasar a la historia como los hacedores de la España de ayer, y los testigos del deshacerse de la España de hoy.

© El País

sábado, diciembre 03, 2005

Sobre el boicot a los productos catalanes

Artículo de Tomás de Domingo Pérez publicado en Las Provincias.

En Alemania, allá por los años cincuenta, Erich Lüth publicó en un periódico una carta abierta en la que instaba a los dueños de salas de cine a no incluir en su programación una película del director Veit Harlam, debido a la colaboración de este con el nazismo. Asimismo, recomendaba a los espectadores que se abstuvieran de ir a ver la película. Esta incitación al boicot hizo que Harlam demandara a Lüth porque consideraba que voluntariamente le había causado un daño. El caso fue que el asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional Federal alemán y dio lugar a una sentencia clave en la historia del neoconstitucionalismo europeo. El Tribunal amparó a Lüth por considerar que la incitación al boicot constituía un ejercicio lícito del derecho a la libre expresión, señalando que así debían haberlo tenido en cuenta los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

En efecto, el derecho a la libre expresión no sólo ampara la manifestación de ideas u opiniones, sino que permite persuadir, ejercer una influencia intelectual sobre otras personas. Lo que no protege, así lo confirma también nuestro Tribunal Constitucional, es el ejercicio de la coacción o la difamación. La incitación al boicot es lícita si no priva de libertad a los destinatarios del mensaje para que sigan o no la consigna, y si no se apoya en falsedades. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha llegado a afirmar en la sentencia Blinkfüer que la llamada al boicot es lícita incluso si proviene de un competidor en el ámbito profesional o económico con gran poder. Fíjense en esta afirmación del Tribunal: “Si quien incita al boicot posee poder económico, su influencia puede ser relevante, pero este hecho por sí mismo no convierte la incitación al boicot en algo inadmisible. La Constitución no prohíbe que quien ostenta un mayor poder económico tome partido en un debate intelectual de opinión”.

La incitación al boicot es una conducta perfectamente lícita, aunque sin duda puede apoyarse en argumentos débiles, insostenibles o incoherentes y, por consiguiente, criticables. Por otra parte, si el boicot que se pretende consiste en no comprar determinados productos, en realidad la medida no podría ser calificada de injusta, pues quien vende sólo tiene derecho a poner en el mercado sus productos y a que no se viertan falsedades sobre ellos o sobre la empresa que los produce. Por tanto, si el consumidor no los elige no vulnera derecho alguno y no comete una injusticia. Eso no significa, sin embargo, que el boicot esté justificado. Para llegar a esa conclusión habría que debatir sobre las razones que se esgrimen para promoverlo. Así, por ejemplo, me parece razonable no comprar productos que se fabrican con métodos altamente contaminantes, o abstenerse de adquirir prendas elaboradas en fábricas en las que trabajan niños explotados.

Pero estos días no se habla de estos casos, sino del boicot a los productos catalanes. Se ha encendido la luz de alarma y han aparecido voces que amenazan con acciones legales frente a quienes insten al boicot. Pinchan en hueso, pues, como acabo de mostrar, se está ante un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión. Pero esas amenazas desvían la atención de lo verdaderamente importante. ¿Qué sucede en España para que muchos ciudadanos por su propia voluntad hayan decidido no comprar productos catalanes? El boicot es ante todo una medida de presión que pretende llamar la atención y conseguir algo. Es una forma de expresarse. Pues bien, ¿qué está pasando en España para que muchos ciudadanos recurran al boicot como forma de expresión? Esto es lo que hay que analizar. La respuesta es clara: muchos ciudadanos no encuentran otro modo de exteriorizar su rechazo a lo que se está promoviendo desde Cataluña.

Como señalaba hace pocas semanas en otro artículo, el proyecto de Estatut pretende que Cataluña decida hasta dónde alcanza su solidaridad con el resto de España. Los españoles saben que sus representantes van a discutir sobre un proyecto de Estatut que puede afectar a la estructura del Estado y sólo les cabe confiar en que lo que de ahí salga no resulte inconstitucional. Parece lógico que el ciudadano quiera hacer oír su voz de la manera más efectiva posible y, por eso, recurren al boicot, para mostrar que el bienestar de una parte de España no se puede lograr al margen del resto. Algunos pensarán que es una idea absolutamente equivocada.

Lo cierto es que el éxito del boicot a los productos catalanes es un síntoma del estado de la sociedad española. Parece mentira que se haya llegado a una situación en la que los consumidores distingan a la hora de comprar entre productos de diferentes comunidades. Es lamentable que esto suceda, pero en cualquier caso yo quiero subrayar y defender la libertad del ciudadano para decidir si emprende o no un boicot, así como la de todo aquel que quiera aportar razones para promoverlo o criticarlo.

Las provincias

viernes, diciembre 02, 2005

Bargalló y la historia del boicot

Por Luis Ignacio Parada (ABC)

El capitán Charles Cunningham Boycott manejaba con mano de hierro las fincas del terrateniente absentista Lord Earne. La Irish Land League, que trataba de reformar el sistema de tenencia de la tierra, le pidió en 1880 una reducción en el precio de los arrendamientos. El capitán se negó. Para obligarle a ceder, la Liga decidió suspender todo tipo de tratos con él: los jornaleros se negaron a trabajar, los comercios a venderle comida, el correo dejó de enviar sus cartas; hasta tuvo que reclutar trabajadores de Irlanda del Norte para recoger la cosecha. El «Times» encontró un nombre para esa nueva forma de presión: había nacido la palabra boicot. Y ha hecho historia.

En 1915, Gandhi llamó en la India a boicotear los productos ingleses. Fue la primera de las acciones que permitieron al país recuperar su independencia en 1947. Hace 50 años, una costurera negra de Alabama llamada Rose Parks se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús. Los líderes de los derechos civiles organizaron un boicot a la compañía al frente del cual pusieron al pastor negro Martin Luther King. Un año después, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. La abolición del «apartheid» en Suráfrica comenzó con un boicot contra Shell, Kellogg´s y Coca Cola. La suspensión de las pruebas nucleares francesas en la Polinesia tuvo su origen en un boicot a la industria vitícola francesa. Las empresas estadounidenses dejaron de financiar la discriminación contra los católicos en Irlanda del Norte tras un boicot de 12 años contra Ford Motors, que terminó en 1998. Scott Paper abandonó sus planes de establecer una plantación de eucaliptos y una fábrica de papel en Indonesia cinco días después de que Survival International amenazara con un boicot a sus productos en el Reino Unido porque sus planes amenazaban la supervivencia de los pueblos indígenas. A lo mejor por eso el «conseller primer» de la Generalitat empieza a estar tan nervioso.